A pesar de los esfuerzos por ocultarlo, el “dios mercado” que el neoliberalismo adora no ha financiado el desarrollo de las vacunas. Los pueblos, a través de los Estados, han sido los principales protagonistas de financiar su producción.
Entre estos, el Estado estadounidense no ha sido la excepción. La Casa Blanca ha participado de manera protagónica en el financiamiento de la vacuna contra la Covid-19, otorgando subsidios directos a las principales farmacéuticas para la investigación y desarrollo de las vacunas y garantizando la producción.
Hace más de ocho años el gobierno estadounidense pagó a Emergent BioSolutions, una empresa de biotecnología de Maryland conocida por producir vacunas contra el ántrax, para tener una fábrica en Baltimore siempre lista para producir vacunas (o sea, en capacidad ociosa). Cuando llegó la pandemia, la fábrica se convirtió en la principal ubicación de EUA para fabricar vacunas Covid-19 desarrolladas por Johnson & Johnson y AstraZeneca, produciendo alrededor de 150 millones de dosis.
Por su parte, la vacuna Sputnik V es financiada por el Fondo de la Riqueza Soberana de Rusia (RDIF) y desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya, ambos de origen estatal, y el Ministerio de Salud de la Federación de Rusia. Mientras que Sinopharm, pertenece al Grupo Farmacéutico Nacional Chino, una empresa estatal china.
Así, nos encontramos ante un escenario donde la mayor parte del financiamiento para investigación, desarrollo y producción de las principales vacunas contra la Covid-19 tiene origen en fondos públicos, aunque no en todos los casos las apropiaciones de esos beneficios volvieron a sus orígenes.
Más allá de las pujas entre las potencias mundiales y los laboratorios por la propiedad y uso de las vacunas, en nuestra región comienzan a aparecer desarrollos propios para dar respuesta a la escasez de este bien tan preciado.
En este sentido, Cuba se encuentra desarrollando las únicas candidatas en fase 3 de América Latina, las vacunas Soberana 02 y la Abdala. Gracias a esto, la isla podría ser el primer país del mundo con capacidad para cubrir todas sus necesidades con vacunas de producción propia, incluso con las restricciones económicas de un bloqueo que no se ha levantado ni siquiera en pandemia.
Por medio de un convenio, Argentina busca acceder también a esta vacuna, donde podría colaborar para escalar su producción y avanzar en su aprobación. La asesora presidencial, Cecilia Nicolini, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, estuvieron en la isla a fines de mayo.
Argentina también está desarrollando sus propios candidatos vacunales. La principal propuesta es dirigida por investigadores de universidades nacionales y organismos públicos de ciencia encabezados por el el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicet).
Sin dudas la capacidad instalada del sistema científico argentino, las políticas públicas que promueve este sector, los recursos humanos y técnicos formados con experiencia en biotecnología y producción de vacunas son claves para dar respuesta a las necesidades de innovación y producción del momento, pese a los ahogos presupuestarios heredados de la administración neoloiberal del macrismo.
La discusión de la propiedad intelectual
La propiedad intelectual (PI) se refiere a una serie de marcos regulatorios impulsados desde 1967 por el Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), que ubican los bienes culturales o económicos en el dominio privado. Este acuerdo plantea que tales bienes surgen del intelecto humano, individual o grupal, y que estas creaciones deben “protegerse” para explotación exclusiva de su creador. Quitando definiciones técnicas, la PI es un mecanismo fundamental de la mercantilización del conocimiento.
En la actual fase del capitalismo, el conocimiento es un recurso fundamental para la producción de cualquier mercancía y apropiación de riqueza. Además, es el “recurso limitante” de los sectores económicos estratégicos. Así, las fracciones más avanzadas del capitalismo son las que contienen un mayor conocimiento, como la biotecnología, la nanotecnología, la industria del software, la robótica, la industria farmacéutica, las energías renovables, etc.
El conocimiento tiene dos particularidades. Por un lado, es un bien que no se agota, es decir, que tiene un crecimiento infinito. Por el otro, es un bien intangible que, a diferencia de otros recursos como la tierra, dos personas (o dos empresas) pueden tener o compartir un conocimiento en simultáneo.
Acá es donde la cuestión de la PI, o sea, la apropiación privada del conocimiento, juega un rol fundamental. Es imperativo resaltar la falsedad de la afirmación de que la producción del conocimiento es un proceso individual, ya que es un proceso social. El privatizarlo tiene que ver con la privatización de la riqueza.
El salto tecnológico de los últimos años no posee una valoración negativa por sí mismo, debido a que el conocimiento que permite acortar los tiempos de producción puede ser la solución a las necesidades de las grandes mayorías. Podríamos disponer de más y mejores bienes en menor tiempo y esfuerzo. Sin embargo, la madre de las batallas o la cuestión fundamental es quién se apropia de ese conocimiento, para qué lo utiliza y en función de qué intereses.
Este es un debate que la pandemia de la Covid-19 y el “bien más preciado”, la mercancía vacuna, trajo aparejada. En medio de una distribución desigual y la acuciante necesidad de una producción de vacunas mucho mayor, entra en la agenda internacional la discusión de que las compañías farmacéuticas renuncien temporalmente a los derechos de propiedad intelectual.
El reclamo comenzó en octubre de 2020 cuando India y Sudáfrica, junto con otros 57 países presentaron su pedido ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). De hecho, es la puja por la propiedad privada del conocimiento lo que dio origen a la OMC en el año 1995.
A pesar de los esfuerzos nacionales y globales que apalancaron el desarrollo tecnológico en tiempo récord, la distribución desigual de la vacuna a nivel mundial resulta evidente. Como advierte Diego Tipping, presidente de la Cruz Roja Argentina, “las dos terceras partes de las vacunas han sido asignadas a los 50 países más poderosos y el 0,1% a los 50 países más pobres”.
Al momento se han administrado más de 2.150 millones de dosis de vacunas en todo el mundo, lo que equivale, en promedio, a 28 dosis por cada 100 personas. En Argentina el promedio está por encima de la media global siendo de 31 dosis cada 100. Las tasas de vacunación por continente son las siguientes: 63% América del Norte, 51% Europa, 31% Sudamérica, 26% Asia, 14% Oceanía y 2.6% África.
La enfermedad como un negocio: ganancias y más ganancias
En los últimos ocho años el sector farmacéutico fue uno de los de mayor crecimiento, 183% a nivel mundial. La empresa farmacéutica estadounidense Pfizer que desarrolló una de las vacunas contra la Covid-19 junto con su socio alemán BioNtech, percibieron una ganancia de 3.500 millones de dólars en ventas durante los tres primeros meses de 2021, cuando se puso en marcha la campaña de vacunación en Estados Unidos.
Esto provocó un aumento de las acciones de Pfizer de casi un 50% desde marzo de 2020, elevando el valor de mercado de la empresa a 222.000 millones de dólares.
En el mismo sentido, el fabricante de otra vacuna contra la Covid-19 estadounidense, Moderna, cotiza 11 veces más que el año pasado. Esta empresa declaró que los ingresos totales aumentaron a 1.900 millones de dólares en el primer trimestre (frente a las pérdidas de 124 millones en el mismo periodo del año anterior), al vender 102 millones de dosis de su vacuna de dos dosis.
Por su parte, AstraZeneca que lleva dos años consecutivos de crecimiento de dos dígitos en los ingresos, encabezó la producción de 350 millones de dosis de una vacuna contra el Covid-19. La empresa cifra la rentabilidad total para el accionista en un 300% en los últimos ocho años, frente al el 44% del FTSE-100. El FTSE-100 es el índice bursátil de referencia de la Bolsa de Valores de Londres. Está compuesto por las 100 compañías de mayor capitalización bursátil del Reino Unido.
El laboratorio norteamericano Johnson & Johnson informó ventas de la vacuna por una suma de 100 millones de dólares en EEUU, que nutren los 22.000 millones de ingresos del primer trimestre.
Hacia la soberanía tecnológica
Frente a los ingresos multimillonarios por la comercialización de vacunas y la desigual distribución mundial de las mismas, se pone en relieve dos grandes cuestiones: los intereses en pugna por la liberación de la propiedad intelectual y la importancia de tener soberanía sobre el conocimiento científico-tecnológico.
El desarrollo tecnológico soberano e inclusivo es fundamental para lograr la independencia económica, generando puestos de trabajo con personal altamente calificado, que aproveche sus recursos naturales de manera respetuosa con la comunidad y el ambiente. Por ello una pieza fundamental del desarrollo humano y social, es el acceso a la salud, a la educación y a la cultura.
El fracaso del neoliberalismo, con sus mecanismos, empresas, organismos y leyes internacionales que privatizan y mercantilizan el conocimiento social y hasta públicamente producidos, ahogando en la pobreza a las grandes mayorías, ha llegado a un punto de inflexión en esta pandemia.
Así lo muestran las luchas populares en todo el mundo y en nuestra región, lo que debe alertarnos de la urgencia de un nuevo modelo de producción orientado a conectar ciencia, tecnología, cultura, ambiente y comunidad con justicia social.
[*] Merino es licenciada en Biotecnología y Biología Molecular (UNLP) y Doctora en Ciencias Biológicas (UNLP). Finola es licenciado y profesor en Geografía (UNRC). Ambos investigadores del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología (www.oecyt.com.ar) asociado a la plataforma Pueblo y Ciencia y al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la).
https://estrategia.la/2021/06/11/vacunas-fondos-publicos-beneficios-privados/