El 11 de julio (11-J) del 2021
iniciaron en Cuba protestas sociales. Se desplegaron de forma encadenada
desde San Antonio de los Baños (provincia de Artemisa) y Palma Soriano
(provincia de Santiago de Cuba) hacia otros lugares del país. Trazas
digitales muestran que las redes sociales tuvieron un papel principal
aunque no exclusivo en ese proceso; ejercieron una suerte de efecto de
contagio de un territorio a otro o fueron directamente vía de
convocatoria. Por lo mismo, lo sucedido se conoció rápidamente fuera de
Cuba a través de “directas” en redes y la viralización de contenidos en
perfiles personales y de medios de prensa extranjeros no oficiales.
En las redes circuló y circula una
inmanejable cantidad de información que rápidamente se volvió una madeja
difícil de procesar. Empezaron también a producirse fakenews con trozos de verdades y mentiras. La lógica espectacular y enfrentamiento a las fakenews
fue el precio a pagar por acceder a la información vía el periodismo
ciudadano. Mientras, los medios oficiales reportaban en exclusiva la
línea de discurso gubernamental.
A la fecha, el gobierno habla de
“disturbios” mientras que otros de “estallido social”, en la horma de
los levantamientos populares en América Latina durante 2019, 2020,
2021. Llámesele o no un estallido, lo sucedido en Cuba se desparrama
sobre la región. Nadie ha quedado en silencio. Y es que la política del
país sigue siendo un parteaguas en las imaginaciones, pulsiones,
programas y argumentos políticos en Cuba, América Latina y el mundo.
Incontables artistas, influencers, intelectuales y políticos de distinto signo se han pronunciado. Desde el neoconservador Agustín Laje
—quien ha hecho una diatriba sobre lo que llama “el mito del bloqueo”
de Estados Unidos a Cuba y ha dicho que en Cuba “ha despertado una
patriada” contra el “zurdaje”—, hasta Residente (Calle 13), Noam Chomsky, Alexandria Ocasio-Cortez, Frei Betto, Ignacio Ramonet, Claudia Corol, Gerardo Pissarello, Gayatri Chakravorty Spivak y una larguísima lista.
En la arena internacional Cuba despierta pasiones polares
que son, hay que decirlo, caricaturas. Unos afirman de tajo que las
protestas sociales de los días pasados son en exclusiva un complot
estadounidense amplificado por la espectacularización de los medios, y
que lo único cierto de estas jornadas es que hay un ataque contra la
Revolución Cubana. Otros celebran el “fin de la dictadura” y/o ven
cumplirse, vía quienes se manifestaron, sus profecías de “fin del
régimen”. Hay también, es justo reconocerlo, intentos de
problematización y acompañamiento crítico.
Desde Cuba —la que está dentro y la
que está fuera de la Isla— la trama es más intensa y compleja. Y es que
nos va la vida material, espiritual, política y moral en ello. Para el
gobierno, las protestas fueron un instrumento de desestabilización de
contrarrevolucionarios, orientados desde Estados Unidos, que se
aprovecharon y manipularon el descontento de personas con necesidades
insatisfechas o de grupos confundidos. Para una parte del pueblo,
esas jornadas fueron un despropósito porque agudizan la crisis que vive
el país. Otras voces, diversas a su interior, defienden la urgencia de
una —improbable— intervención humanitaria y/o militar que resuelva la
crisis de escasez de medicamentos y alimentos y auparon las
manifestaciones, muchas veces desde fuera de Cuba, como realización de
sus propias aspiraciones. No quieren diálogo con el gobierno y, en sus
extremos cada vez más audibles, advierten que lo que toca es “plomo
contra los comunistas”; hacen listas de “oficialistas”, “comunistas
asquerosas” o de toda persona que no cumpla con sus estándares
políticos.
Para otras personas, actores, grupos,
ningún tipo de intervención es admisible y su sola enunciación es
condenable. La línea anti-intervención logra niveles importantes de
consenso pero tiene diferencias a su interior. Una parte de ella
rechaza las protestas, por considerarlas un riesgo que podría conducir a
la restauración capitalista en el país. Otra, exige escuchar al pueblo
en las calles y abrir un proceso de diálogo cívico porque no cree que
quienes se manifestaron sean ventrílocuos
de la política de Estados Unidos. Por el contrario, entienden las
protestas como una expresión de hartazgo de al menos una parte de la
sociedad cubana con: la imposibilidad de sostener materialmente su vida;
el estrechamiento acelerado de las “zonas de igualdad” (específicamente
la de los servicios e insumos relacionados con la salud pública) que
antes amortiguaban las crisis sucesivas que vive Cuba desde los 90; la
ausencia de garantías, o garantías insuficientes, para derechos civiles y
políticos de asociación, participación, expresión; la ausencia o
inefectividad de respuestas institucionales de cara a su creciente
precarización; la convicción de que esa situación insostenible, se
sostendrá.
Ese mapa de posturas no es uno fijo
ni cerrado. Hay más. Y los sectores mencionados a veces fluyen y se
imbrican y cambian rápidamente. Da, sin embargo, alguna idea del
panorama.
Agendas, actores, violencias
El 11-J, poco después de iniciadas
las protestas en San Antonio de los Baños, el Presidente de la
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó a ese territorio. Así dio
continuidad al repertorio que había personificado Fidel Castro en 1994,
cuando el “maleconazo”: una protesta popular en La Habana que
reaccionaba a la crisis de aquel entonces.
Poco después, Díaz-Canel habló
en televisión nacional. Explicó las protestas (en ese momento aún no
expandidas en tantos territorios) como parte de un intento de “golpe
blando” o “guerra no convencional” organizada desde Estados Unidos,
aunque expresó que también se manifestaban “revolucionarios confundidos”
y “personas con necesidades insatisfechas” que habían sido manipulados
por los “contrarrevolucionarios”.
En la misma alocución dijo: “las
calles son de los revolucionarios”, “la orden de combate está dada” y
“estamos dispuestos a todo”. Por ello recibió fuertes críticas. La
intervención fue leída como un autorizo a la violencia entre civiles.
Violencia que de hecho ocurrió y hubo de todo: civiles que salieron por
cuenta propia a enfrentar las manifestaciones porque vieron en ellas
peligro para sus ideas políticas o la soberanía de Cuba; civiles que
fueron llevados y convocados (por instituciones laborales y políticas) a
hacerlo; fuerzas del orden vestidas de civiles que actuaron
parapolicialmente. Hubo violencia y la pregunta sobre esa violencia
importa; su magnitud, sus actores, sus vías, sus escenarios.
Las protestas habían comenzado de
forma pacífica y existen registros de que así transcurrieron en muchos
territorios. Hubo también daños a la propiedad, especialmente a
patrullas policiales y comercios estatales, mayoritariamente a los que
funcionan en Moneda Libremente Convertible. Hubo violencia entre
civiles, y entre manifestantes y fuerzas policiales uniformadas. Todo
eso pasó. Pero la narración oficial ha hecho zoom
sobre la violencia de manifestantes contra civiles defensores del
gobierno, la policía y la propiedad estatal. Así ha ignorado las
manifestaciones pacíficas y la violencia ejercida contra quienes se
manifestaron, de la cual hay numerosos registros. De eso se ha hablado
mucho en los últimos días. Se ha intentado menos conectar las violencias
de esas jornadas con las otras que existían antes y que existen
después.
Geopolíticamente, es parte de estas
protestas la violencia que se ejerce contra Cuba (la sociedad y el
Estado) por parte de los gobiernos de Estados Unidos vía el bloqueo
(económico, comercial y financiero) y las políticas de
desestabilización (fondos federales para “cambio de régimen”). Hay en
esa política, más recia en los últimos tiempos, un uso sistemático y
unidireccional de la fuerza que expropia al sujeto colectivo Cuba, de su
soberanía. Esa violencia cuenta no solo por la asfixia que implica sino
por la forma en que se encadena con otras.
Visto desde dentro, desde abajo y
mirando a los ojos de quienes se manifestaron, la violencia en las
jornadas de protestas no puede entenderse separada de aquella que les
despoja, cada día, de sus condiciones materiales de la existencia. Poco
importa que, como dijo el Presidente, los cortes de electricidad, la
falta de medicamentos y alimentos no sean una estrategia alevosa del
gobierno cubano contra el pueblo. Las personas pueden comprender las
razones de la crisis y el papel del bloqueo en ello. Pero lo que
importa, en la escala de la vida, es que esas vidas no se pueden
sostener.
Importa también, que está comprobada
una sistemática ineficiencia del gobierno cubano en el diseño e
implementación de las políticas económicas. Importa el ralentizamiento
inaudito de la reforma en el agro, mientras se destinan millonarios
recursos a ampliar sin sentido económico la infraestructura hotelera.
Importa la ruta zigzagueante e incomprensible de medidas que afectan a
las personas para vivir su aquí y ahora y que aumenta dramáticamente la
incertidumbre. Importa la reducción comprobada de la asistencia social
en la última década. Importa el declive por treinta años del valor del
salario real y que está siendo más agudo después del inicio de la Tarea Ordenamiento.
Importa la ausencia de derechos laborales en el sector privado porque
no hay regulación para ello, y la reticencia absurda al funcionamiento y
reconocimiento de las pequeñas y medianas empresas con regulación
estatal eficiente. Importa también el inaudito freno a la expansión de
cooperativas no agropecuarias que realmente funcionen como cooperativas y
que encarnen formas productivas democráticas. Importa el desinterés por
la democracia obrera y el sentido de los sindicatos. Importa la
imposibilidad de crear asociaciones con reconocimiento legal y la
lentitud en aprobar una nueva ley de asociaciones que permita la
formalización de la trama densa que la sociedad civil cubana realmente
tiene. Importa que los documentos rectores más importantes de la reforma
económica y social y los congresos partidistas no tengan en el centro
la discusión sobre la pobreza
y la desigualdad en Cuba. Importa la opacidad sobre temas que a la
gente le preocupa y sobre los que se podrían aportar muchas soluciones.
Importa el secretismo, la falta de transparencia, la criminalización de
los activismos diversos como si fueran, sin duda y de inicio, un peligro
para las instituciones y el gobierno mismo. Al menos una buena parte de
las oraciones de este largo párrafo incompleto, podrían ser temas que
se asuman junto y a pesar del bloqueo estadounidense que, además,
seguirá ahí por tiempo indefinido y para nuestro perjuicio.
Una parte de ello, al menos, estuvo
en juego en las protestas, aunque algunos quieran instrumentalizarlo y
otros desentenderse. Se pidió “medicinas”, “comida”, “vacunas” y
“libertad”. Se dijo que “pueblo unido jamás será vencido” y “no tenemos
miedo”.
Durante las protestas se cometieron
actos tipificados como delitos, entre ellos, los saqueos y ataques
contra los comercios en MLC. Advertir que fueron esos y no otros
—negocios privados, por ejemplo— no justifica el daño público pero
permite entender parte de su gramática. En la prensa estatal se ha dicho
que se hurtaron principalmente equipos electrodomésticos de alto valor y
que eso demuestra un acto de lucro y no de necesidad. Dándolo por
cierto, ese dato desconoce cómo funciona la economía popular y las vías
por las cuales se puede obtener ingresos vendiendo luego esos equipos, o
satisfacer necesidades de consumo (para nada ajenas a las lógicas de
los mercados y capitales simbólicos cubanos) vedadas para las clases
populares. Pero, además, en los mismos videos
mostrados en la televisión nacional se observa lo contrario: personas
llevándose, además de equipos electrónicos, colchones, refresco,
jabones, papel sanitario. En uno de los videos de esos saqueos se
escuchaba: “todo eso es del pueblo”. Alentar el robo y el saqueo es un
acto criminal; robar y saquear es un delito; desconocer la violencia
económica que al menos parte del pueblo vive y que se debe a razones
externas e internas, también lo es.
Existen, como ha repetido el gobierno, “canales establecidos”
para expresar “insatisfacciones” o necesidades. Pero esos “canales
establecidos” no funcionan o ya no son legítimos y eso no tiene que ser
un problema. Las instituciones se deben a la gente, y no al revés. Si
luego de las protestas se insiste en que la única oferta para canalizar
ese hartazgo son los “canales establecidos”, en la práctica lo que eso
significa es que están clausuradas o son inaceptablemente angostas las
posibilidades de tramitar los conflictos y las necesidades. Los “canales
establecidos” no son nunca, en ninguna sociedad, la única forma de
intervenir en la vida pública. La organización de la sociedad civil
durante los tornados, los ciclones o las emergencias ha desbordado desde
hace muchos años los “canales establecidos”. Para eso y para mucho más,
las personas deben y pueden explorar vías, espacios, repertorios que
sientan que les representen y que ayuden a tematizar y politizar agendas
generales y específicas.
Esas últimas, de hecho, también
estuvieron en las protestas cubanas. Un ejemplo clarísimo es el de
mujeres trans que, en voz propia, argumentaron su presencia en las
protestas. Su agenda declarada:
escasez de comida y alimentos, acoso policial a las personas trans,
discriminación social hacia ellas, necesarias políticas laborales
específicas para la comunidad trans, inexistencia de condones para
asegurar sus derechos sexuales y reproductivos. Buscaron allí un
espacio de dignificación de su existencia y contra las violencias
generales y específicas hacia ellas. Desde distintas orillas intentarán
instrumentalizar eso, cooptándolo o despachándolo, pero “la política no cabe en la azucarera”.
Hubo y hay violencia también después. Apagón tecnológico y telefónico. Personas, sobre todo mujeres, recorriendo las estaciones policiales para tener información de sus seres queridos, interponer recursos, llevarles provisiones. El presidente reconoció
que podrían haberse detenido personas injustamente pero muchas,
inocentes, tienen causas ya en su haber. Hoy, 15 de julio cuando escribo
estas líneas, hay personas detenidas de las que se desconoce su
paradero.
Hay también violencia en las redes
sociales. Una disputa por clasificaciones y reclasificaciones
arbitrarias. Una misión expresa por aniquilar la diferencia y encuadrar
las interpretaciones. Hay saña en cada carácter, cada coma, cada captura
de pantalla para demostrar culpabilidades. Hay anuncios del día final,
de la brutalidad con la que se acabará con “los comunistas”, con quienes
quieren “dialogar con la dictadura”, de “la gusanera”, con todos, con
todas.
“La mala víctima”
Ser reconocido como víctima es, hasta
cierto punto, un privilegio. Significa que estás, se te ve, eres sujeto
de protección. Cuando se le cancela a una persona agredida a pensarse,
en primera instancia, como víctima, se le borra de la escena.
La tramitación gubernamental del
conflicto ha elegido unas víctimas y borrado otras. El Presidente y
otras voces políticas oficiales han reconocido que en las protestas se
expresaron necesidades legítimas y que habían distintos grupos (que han
clasificado y reclasificado durante estos días) en ellas. A la vez, para
construir la narrativa que todo fue violencia, los actores específicos
que se han representado se han descrito principalmente como personas que
realizaron actos “vandálicos”, como “delincuentes”, como vulgares, como
sujetos que interrumpieron la tranquilidad de las familias en un
domingo de descanso.
Las palabras tienen contexto y
referentes. Piñera en Chile y Moreno en Ecuador, y muchos otros, también
nombraron vándalos, zánganos y delincuentes a quienes se manifestaron
en sus países durante los estallidos sociales respectivos, que fueron
gestionados de forma profundamente sangrienta. El discurso que clasifica
de ese modo, en contextos como el que estamos viviendo, hace poco favor
a la gestión política de la situación y más bien muestra desinterés por
ello o se constituye directamente en una barrera. Eso reproduce también
la ficción de que los reclamos legítimos son los de los “buenos
ciudadanos”. Sugerirlo es un lugar tan común como clasista.
Si quienes se manifestaban eran
vándalos, lo es también una buena parte del pueblo empobrecido. En
algunas de las imágenes que se han transmitido en la televisión nacional
para complementar el discurso del vandalismo se ven jóvenes comunes y
corrientes, vestidos con la ropa que seguramente les envían las mismas
familias que remesan y a través de las cuales el Estado sobrevive con lo
que recauda en los comercios en MLC. Los actos delictivos deben
evitarse, juzgarse, condenarse. Y eso es algo distinto a la producción
de algún tipo de clasificación arbitraria de buenos ciudadanos vs malos
ciudadanos que redunde, además, en el borramiento de unas violencias y
la visibilización de otras. A ninguna víctima se le puede cancelar, como
pasó con Diubis Laurencio Tejeda.
Ese es el nombre de la única persona muerta en las manifestaciones que se ha comunicado oficialmente. La nota
informó que “resultó fallecido el ciudadano Diubis Laurencio Tejeda, de
36 años de edad, (…) con antecedentes por desacato, hurto y alteración
del orden, por lo cual cumplió sanción”. Los antecedentes penales de
Laurencio Tejeda son completamente irrelevantes para los hechos, como lo
son la forma en que una mujer iba vestida o si tenía o no condena
judicial al momento de un feminicidio. Comunicar de ese modo una muerte
expropia a la persona de su condición de víctima como si no mereciera
duelo. No hacía falta, no hace falta.
¿A dónde va y a dónde puede ir el 11-J?
Es posible ver un claro arco de
transformación en el discurso político institucional en los últimos
días. De la “orden de combate” del 11-J se ha transitado progresivamente
a un lenguaje de conciliación y llamado a la solidaridad, la unidad y
la paz. Eso importa.
En este momento y en lo adelante, es imprescindible la búsqueda de soluciones políticas. El día 14 de julio se anunciaron nuevas medidas
de parte del gobierno. Una de ellas libera de impuestos aduaneros y
límite de cantidad la entrada de medicamentos, alimentos y productos de
aseo por parte de personas viajeras. Eso amortiguará algunas necesidades
domésticas de quienes tengan familias o personas cercanas en el
exterior y puedan viajar a Cuba. La medida es importante no solo por su
contenido sino porque responde a un reclamo de cubanos y cubanas de
dentro y fuera de la Isla. También se anunciaron cambios de regímenes
salariales en el sector estatal y de acceso a la “libreta de
abastecimiento” (cartilla racionada de distribución de alimentos) de
quienes no residan en los territorios donde tienen registro legal.
Esas medidas deben entenderse como
parte de esta coyuntura, pero no responden a ella en sentido amplio. Es
imprescindible un programa extenso de discusión y transformación
política que permita metabolizar las protestas. Las estrategias más
necesarias en este momento son, sobre todo, las estrategias distintas; y
más aún contando con que el cambio de la política de Estados Unidos se
ralentizará ahora más. Es urgente construir una trama más incluyente,
reconocer no solo la legitimidad de las demandas sino la forma de
expresarlas, imaginar diversidad de soluciones y continuar traduciendo
el hartazgo en potencia cívica para plantear soluciones colectivas que,
por otra parte, contengan la instrumentalización de todas las partes de
lo comenzado el 11-J.
Aunque las protestas han causado
conmoción y mucha enervación y tristeza políticas, ellas no han sido la
causa. Una sociedad no se rompe con un estallido social. Es más bien al
revés. Cuando el estallido social se produce, es que la sociedad ya
estaba rota. Ya había estallado, silenciosamente. Por más que se
escenifique, no habrá vuelta a una total “normalidad”. Las protestas no
terminaron cuando las personas dejaron de estar en las calles. Distintos
sectores probaron su cuerpo en el espacio público y esa experiencia se
continuará procesando en las casas, barrios, portales, contenes, cuerpo
adentro.
Las crisis verifican quiebres, y los
quiebres, pérdidas. Pero las pérdidas pueden tener también un efecto
transformador y producir una reflexión sobre el sentido de la comunidad
política, sobre los lazos y no solo sobre la fractura, sobre la
conciencia de que mi destino no es separable del tuyo y de que Cuba es
solo hasta cierto punto mía, nuestra, porque también es de otros, de
otras. Si el poder político recupera o afirma dogmas, lo que hará es
dinamitar puentes y volver intraducible la rabia política de, al menos,
una parte del pueblo al que se debe. La pregunta sobre lo bueno y lo
justo para Cuba, es hoy más que antes una pregunta abierta. Las
respuestas son hoy, también más que nunca, incapturables en una foto
fija y en un solo timbre de voz.
Fuente: https://oncubanews.com/opinion/columnas/sin-filtro/11-j-en-cuba-sobre-lo-bueno-y-lo-justo/