Beverly Fanon-Clay
Y, simultáneamente, dejó sin el galardón al presidente estadounidenses Donald Trump, quien se creía merecedor de ese premio por su intervención en las erra de Ucrania y genocidio en gaza, los ataques asesinos a pesqueros en la zona del Caribe, y la persecución sin cuartel a los inmigrantes en su país. Su queja es valedera: si le dieron el premio a iuna insignificante Maricori Machado, ¿por qué no a él, que es su financista?
Es más, su gobierno pretende ahora habilitar almacenes industriales para encerrar hasta 80 mil personas, al tiempo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) impulsa un programa de cazarrecompensas que genera millones de dólares en ganancias a empresas privadas. Los almacenes estarían ubicados cerca de importantes centros logísticos a fin de concentrar a decenas de miles de personas en un mismo punto y acelerar su deportación.
Tan patriótico y humanitario plan lo descifró The Intercept, que dio a conocer que los contratos asociados a estos programas superan los mil millones de dólares, a entregarse de aquí a 2027. «Se trata de los más recientes ejemplos del negocio multimillonario creado o potenciado por la cruzada antimigrante del trumpismo», editorializa el diario mexicano La Jornada.
Trump ordena, pero no se ensucia las manos, Como (casi) todo en Estados Unidos, localizar, secuestrar, encarcelar y deportar de manera ilegal a personas en situación migratoria irregular –o a quienes se acusa falsamente de estarlo– se ha privatizado y puesto en manos de empresas muchas veces afines a la agenda de la Casa Blanca. Mantener a una sola persona detenida cuesta 150 dólares al día, y la tarifa puede elevarse hasta los 300 dólares si se le mantiene en “instalaciones especializadas”.
Una cuenta rápida deja en claro que el costo de encarcelar a 80 mil personas asciende a entre 12 y 24 millones de dólares diarios. A ello hay que adicionar que el traslado de los secuestrados arbitrariamente de un centro de confinamiento al otro a fin de desarraigarlos de sus comunidades y dificultarles el acceso a servicios legales supone sucesivas facturas para los contribuyentes. Cada vuelo chárter con migrantes cuesta entre 25 mil y 100 mil dólares, sin importar que a bordo viajen dos o cien personas encadenadas.
No se trata sólo de una decisión política, sino es una excelente veta comercial. En la era digital, gran parte de las tareas recaen en empresas de software como Palantir, del millonario ultraderechista Peter Thiel, quien aboga abiertamente por sustituir la democracia por un totalitarismo encabezado por los titanes tecnológicos. Su compañía integra datos de escuelas, hospitales, registros de tráfico y redes sociales para crear perfiles detallados de “objetivos”, un modelo de vigilancia distópica por el que recibe contratos de cientos de millones de dólares.
Decíamos que es una excelente veta comercial: Anduril, de Palmer Luckey, recibirá 250 millones de dólares por erigir el “muro virtual”, consistente en cientos de torres operadas por inteligencia artificial, desplegadas a lo largo de la frontera con México para detectar a cada ser humano en el área y alertar a las autoridades.
Es parte de la maquinaria de persecución aceitada con dólares que se enmarca en el presupuesto sin precedentes otorgado a ICE este año, el cual es mayor al de cualquier otra agencia policiaca estadounidense. Supera al presupuesto militar de la práctica totalidad del planeta: si el ICE fuera un ejército, sólo los de 16 países (incluido el del propio EEUU) dispondrían de más recursos. Recursos que el presidente y su cohorte niegan para financiar los seguros médicos, escuelas y la infraestructura más deteriorada entre las llamadas naciones “desarrolladas”.
Un dato más: si a ello se suma el impacto económico que deja la pérdida de habitantes y de la mejor mano de obra de que dispone el país, está claro que la política de odio es un enorme negocio para un puñado de millonarios a expensas de hacer a la superpotencia cada vez más pequeña, señala el editorial del diario mexicano La Jornada.
Tensión con la UE
Mientras, la tensión entre EEUU y la Unión Europea por el control y la regulación de las grandes plataformas tecnológicas ha alcanzado una dimensión inédita. Washington decidió vetar la entrada en territorio estadounidense a varias figuras europeas clave en el diseño y aplicación de las normas comunitarias sobre moderación de contenidos, alegando que dichas políticas suponen un ataque a la libertad de expresión de ciudadanos estadounidenses fuera de sus fronteras.
Trump sigue coaccionando a Europa en su particular guerra cultural y en defensa de sus grandes corporaciones tecnológicas. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, anunció la prohibición de entrada a su país de cinco ciudadanos europeos por “coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan”.
Entre los sancionados está el excomisario europeo de Mercado Interior Thierry Breton, que fue impulsor de regulaciones para limitar la desinformación en plataformas como X, Meta y TikTok. También fueron sancionados Clare Melford, cofundadora del Índice Global de Desinformación; el activista británico Imran Ahmed, director ejecutivo del Center for Countering Digital Hate, y Josephine Ballon y Anna-Lena von Hodenberg, responsables de la ONG alemana HateAid.
** Socióloga estadounidense, profesora universitaria, colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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