El calor reventaba los ánimos de la expedición. Y es posible que entre las frases que intercambiarían el geólogo español Manuel Alía Medina y el ingeniero de minas José de la Viña Villa —considerados los descubridores de las reservas de fosfato del Sahara Occidental— fueran estas: “Ayúdame a mirar”. Sabían que más allá de la fama y las pesetas que se embolsarían por el hallazgo, se encontraban delante de algo con aroma a sagrado. Que no era un espejismo del desierto.
Corría el año 1947 y ese lugar llamado Bou Craa, a unos 100 km al sudeste
de El Aaiún, se convertiría en una de las monedas geopolíticas que utilizaron
Marruecos y Estados Unidos en la anexión del territorio décadas más tarde
(hasta ese momento, estos dos países eran líderes mundiales en fosfatos). Pero
en plena dictadura española, “este hallazgo proporcionaría la primera fuente
potencial de ingresos por minerales para España, la potencia colonial”, según
explica Toby Shelley en su libro Endgame in the Western Sahara. Y
todos querían el pastel. O la pastelería.
Unos meses más tarde de la invasión del territorio saharaui por parte de
Marruecos en 1975, la empresa Office Chérifien des Phosphates SA (OCP), más
conocida como OCP SA, tomaría el relevo en la gestión de la mina de Bou Craa.
Se trata a día de hoy de la compañía estatal de fosfato marroquí, responsable
de una de las mayores fuentes de riqueza de Marruecos. Como ha denunciado la
ONG Western Sahara Resources Watch (WSRW) en innumerables informes, “la roca fosfórica ilegalmente
explotada es una de las mayores fuentes de ingresos del gobierno marroquí, que
detenta contraviniendo el derecho internacional. (…) La excepcional calidad del
mineral de fosfato del Sahara Occidental lo convierte en una mercancía muy
codiciada para los fabricantes de fertilizantes”.
Marruecos sigue explotando la mina de fosfato en el Sahara Occidental
ocupado, con unos ingresos voluminosos, a través de una cinta
transportadora de minerales hasta la playa considerada como la más grande del
mundo en su modalidad
El fosfato es un mineral con propiedades esenciales para la vida y la
industria de la alimentación que es uno de los motores del sistema capitalista.
Un sector que conoce muy bien este recurso porque es utilizado para producir,
entre otros derivados, los fertilizantes de los cultivos. El objeto de deseo.
De hecho, en la última investigación de WSRW, publicada en
abril, se detalla que el volumen total exportado se estima en 1,1 millones de
toneladas con un valor proyectado de unos 170,8 millones de dólares, para las
arcas de OCP SA —léase del rey de Marruecos—.
Pero si tras estas líneas hay dudas, el misterio se resuelve en corto: Sí.
Marruecos sigue explotando la mina en el Sahara Occidental ocupado, con unos
ingresos voluminosos por una mina que no es suya y a través de una cinta
transportadora de minerales hasta la playa considerada como la más grande del
mundo en su modalidad. Y todo está en orden. Siguiente pregunta. ¿Es finito
este recurso? Por supuesto. Probablemente se terminarán en treinta o
cuarenta años al ritmo actual de consumo. Es el conocido Peak
phosphorus, como explicaban en la revista Economía
Política, Pasqual Moreno y Hassan Ouabouch. Una alerta desoladora
para el pueblo saharaui.
Sudáfrica y
Panamá, ejemplos internacionales del “sí se puede”
La niebla es espesa. Inamovible. Tan pegajosa que no se percibe lo que
eufemísticamente se llama puertas giratorias; es decir, una expansión de la
corrupción política con zapatos elegantes. Legislar pensando en el minuto de
oro que vendrá tras dejar la cartera ministerial y engrosar las siempre golosas
listas de directivos y directivas de las multinacionales del IBEX 35. Si la
semana pasada salía a la palestra en esta serie de investigación la
exministra del PSOE Elena Espinosa, quien contribuyó a la exportación de navíos
militares a Rabat desde la naviera gallega Rodman, hoy el turno es para Ana
Palacio, la exministra de Asuntos Exteriores del Partido Popular durante el
período 2004-2006.
En julio de 2017, el diario monárquico ABC lanzaba la señal: “Marruecos ficha a Ana Palacio para
defender que el Sáhara es parte de Marruecos”. Pero en realidad, la noticia
descuidaba que un año antes afilaba su pluma como miembro del consejo asesor internacional de OCP. O lo
que es lo mismo: escribir para el rey Mohamed VI. Una de sus principales
misiones desde entonces ha sido la de pregonar en conferencias, encuentros
empresariales y medios de comunicación el mantra de que la solución al
conflicto saharaui pasa por “un marco autonómico mutuamente aceptable” y que
las provincias ocupadas son, en realidad, las “provincias del sur”, acorde al
reverencioso acatamiento de la versión oficial del reino alauita. ¡Qué bien
suena eso de mutuo! Pero la exministra y abogada contraviene las resoluciones del
Derecho Internacional como lo hacen las otras firmas de abogados que trabajan
para OCP: Covington & Burling, Dechert, DLA Piper, KPMG o la propia Palacio
y Asociados. Hace tiempo que maltratan la verdad dosificando arsénico en sus
informes.
En julio de 2017, el diario ABC anunciaba: “Marruecos ficha a Ana Palacio
para defender que el Sáhara es parte de Marruecos”. Pero en realidad, la
noticia descuidaba que un año antes ya era asesora internacional de la empresa
marroquí que explota el fosfato saharaui
La propia Palacio criticaba que el Frente Polisario utilizara acciones
legales para reclamar como propios la vía judicial en este artículo. “Esta táctica, nunca seguida antes, de
utilizar jurisdicciones domésticas para dañar a Marruecos, únicamente logrará
menoscabar el proceso”. Le faltó añadir: ¡Qué escándalo! Hasta aquí hemos
llegado. ¡Qué se han pensado estos saharauis con la vieja excusa de usar la
ley!
Pero la información bien utilizada, ese bien democrático básico, puede
escocer. Palacio se refería a que dos gobiernos como el de Panamá y Sudáfrica
se negaron a seguir participando en la ruta del expolio del fosfato operado por
OCP y gestionado por su director general Mostafa Terrab quien, hace unas
semanas, recibía una de las máximas condecoraciones que otorga Francia, la
de Oficial de la Legión de Honor de Francia.
Por partes. El 1 de mayo de 2017, el carguero NM Cherry Blossom fue detenido en Port Elizabeth por orden judicial, a
solicitud de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El gobierno de la
RASD alegaba que el cargamento de 55.000 toneladas fue extraído ilegalmente y
exportado desde el Sáhara Occidental con dirección a la cooperativa agrícola Banllance
Agri-Nutrients, en Nueva Zelanda. El 15 de junio, un panel de tres jueces del
Tribunal Superior de Port Elizabeth confirmó la aceptabilidad de la orden y
decidió que el caso continuaría hasta el juicio. Finalmente, en febrero de
2018, el fallo del Tribunal dictaminó que la RASD era
la propietaria de todo el cargamento de fosfato que suponía una octava parte de
las necesidades del país neozelandés.
Algo parecido ocurrió en Panamá. El 17 de mayo de 2017, un tribunal
marítimo de Panamá ordenó la detención del buque Ultra Innovation, que transportaba
55.000 toneladas del preciado mineral desde el Sáhara Occidental hasta Canadá.
30 horas más tarde, se colocó una fianza para la liberación del barco por parte
de la naviera. El 5 de junio, el tribunal marítimo de Panamá decidió, sin
organizar una audiencia formal, que el asunto no podía ser tratado por ese
tribunal. Desde entonces, ni un solo barco con carga saharaui ha pasado por el
Canal de Panamá.
Siemens: el
agitador del viento
La diplomacia marroquí comenzaba su misión en noviembre de 2015 en el marco
de la COP 21, en París. Una partida de métrica libre con la misión de
engatusar, a golpe de talonario, a las multinacionales que podrían remangarse
en el país vecino. En la ciudad de la luz anunciaban su intención de
reconversión, su meta de adaptarse a los desafíos de una “fuerte dependencia
energética (94,6%) y un consumo energético creciente (se estima un aumento del
5,4% anual para el período 2014-2023)”, según informaba el ICEX.
Un año más tarde el país africano se convertía en el adalid de la energía
renovable al ser el anfitrión de la COP 22, en Marrakech. De esta forma
Marruecos se vendía a la comunidad internacional como un actor verde
promoviendo un discurso de la esperanza renovable, aunque en realidad se
trataba de la práctica del greenwashing (lavado verde). Los
problemas ambientales dentro del país, desde la explotación de recursos hasta
la expropiación de tierras y la contaminación del agua y el aire, contradecían
completamente esta narrativa. En ese encuentro internacional en Marrakech, no
hubo una atmósfera cargada de sudor y hostilidad porque la palabra Sahara
Occidental estaba sepultada de los análisis de los principales medios. Pero,
claro la empresa OCP fue uno de los socios oficiales del evento en 2016.
Sin embargo, a nivel político y económico el cambio de rumbo se iniciaba
unos años antes, concretamente en 2009. Como explica Júlia Sierra,
investigadora del Observatorio Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo
(ODHE): “El gobierno se marcó como objetivo que el 42% de la energía
producida fuera renovable (14% hidráulica, 14% eólica y 14% solar) para el año
2020. Así fue como en noviembre de 2009 se anunció el Plan Solar
Marroquí que contaba con una inversión de 9.000 millones de dólares.
Mientras que en 2010 se firmó en Tánger el convenio marco del Programa
Integral de Energía Eólica impulsado por el principal operador del país en
materia regulador de energía, la oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable
(ONEE por sus siglas en francés) con una inversión estimada de 2.700 millones
de euros”, señala.
La multinacional Siemens Gamesa, con sede en el País Vasco, ha entregado,
instalado y puesto en marcha 22 aerogeneradores en el parque eólico de Foum el
Oued, en el Sáhara Occidental ocupado
Y aquí es donde entra la división española de la multinacional alemana
Siemens. En 2017 la fusión de Gamesa Corporación Tecnológica y Siemens Wind
Power daba como resultado la creación de la multinacional Siemens Gamesa Renewable
Energy (Siemens Gamesa) con sede en el País Vasco y con pleno derecho en el
escaparate capitalista del parqué bursátil madrileño. Hasta hace poco compartía accionariado con la otra gigante de las
renovables, Iberdrola. En el caso concreto de Marruecos, Siemens Gamesa
detenta el 84% de la cuota del mercado eólico del país, una de las
prioridades del gobierno marroquí.
Pero la operación que violaría el derecho internacional es que esta
multinacional del IBEX 35 ha entregado, instalado y puesto en marcha 22
aerogeneradores en el parque eólico de Foum el Oued, en el Sáhara Occidental
ocupado. La ecuación se despeja con el titular cacareado por la propia empresa
OCP en su informe anual en la página 7: “En 2019, el 86%
de nuestras necesidades eléctricas fueron cubiertas con energía limpia”. Es decir,
prácticamente toda la energía necesaria para la explotación y el transporte del
fosfato en el Sáhara Occidental a través de la cinta transportador es generada
por molinos de viento suministrados por Siemens. El mercado potencial de un
colonialismo, ahora de color verde, que no cesa.
La brecha y la
luz
En ocasiones, la trinchera del conflicto saharaui se presenta borrosa. Pero
hay mucha concreción y luz para un triunfal salto adelante. En octubre de 2020,
la empresa sueca de equipos de minería Epiroc anunció que ya no suministrará equipos de
perforación a la mina de fosfato de Bou Craa. El pasado enero la empresa de
fondos privados más grande de Noruega Storebrand, expulsaba a Siemens Gamesa y a la italiana Enel de su
cartera por invertir en el Sáhara Occidental. Pero además, en febrero la
alemana Continental anunciaba la finalización de sus operaciones con OCP en el
Sáhara Occidental, según informaba la Western Sahara Resources Watch.
Entre las empresas españolas que al igual que Siemens contribuyen, no solo
al expolio de los recursos, sino al mantenimiento de la ocupación, se
encuentran REPSOL y CEPSA que suministrarían el maná esencial: el petróleo. Así
lo documenta el documental OCUPACIÓN S.A. (2020), codirigido por Laura
Daudén y el que suscribe estas líneas.
*Esta serie de investigación ha sido posible gracias a la ONG MUNDUBAT y a
la financiación del Ayuntamiento de Madrid
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/sahara-occidental/romper-viento-fosfatos-eolica