Decenas de miembros de la Plataforma por el Centro de Memoria
Cárcel de Carabanchel han acudido hoy al Ministerio de Interior para
solicitar una reunión con el ministro Fernando Grande-Marlaska con
el objetivo de hablar sobre el futuro del terreno donde se levantaba
la que fue una de las principales cárceles de presos políticos en
España y reclamar la construcción de un centro de memoria histórica
en el lugar. Y, de nuevo, el silencio por respuesta.
“Llevamos más de dos años intentando hablar con el ministro
sobre el plan urbanístico y la cesión del terreno”, denuncia
Jesús Rodríguez, miembro de Salvemos Carabanchel, organización que
participa en la plataforma. Las reclamaciones desde el barrio para
que la antigua prisión se convirtiera en un centro de memoria
comenzaron en 1999, un año después de su cierre. Estas
reclamaciones no fueron escuchadas por Interior, que en 2008 ordenó
el derribo del complejo carcelario, dejando únicamente el edificio
anteriormente destinado al hospital penitenciario, reconvertido desde
2005 en Centro
de Internamiento de Extranjeros (CIE).
“Cualquier país que se respete a sí mismo, no ya a sus
víctimas sino a su propia historia, tiene primero que
conocerla, y después dignificarla, interpretarla… cualquier cosa
menos taparla”, afirma, por su parte, Luis
Suárez Carreño. Él fue una de las personas que pasaron
por esta cárcel, en su caso dos veces en los años 70 por militar en
un partido de extrema izquierda. “Como inquilino hay un factor
personal añadido, pero yo no he estado en la cárcel del Puerto de
Santa María o de Vitoria, y sé que ahí donde hubo una historia de
represión y resistencia, simbología alrededor de lo que fue la
dictadura, es un espacio que hay que cuidar”, explica.
Actualmente, según detalla Rodríguez, el solar pertenece a la
Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la
Seguridad del Estado (Siepse), participada por los ministerios de
Hacienda e Interior. “Esta sociedad es la que en su día promovió
el plan urbanístico de esta zona”, explica Rodríguez. Este plan
contempla la venta a la iniciativa privada de buena parte del terreno
para la construcción de viviendas, el mantenimiento del CIE, una
zona de oficinas donde concentrar las instalaciones administrativas
de Instituciones Penitenciarias —actualmente repartidas en la zona
noble de Madrid en espacios alquilados—, otra parte destinada al
paso de una autovía y, por último, 40.000 metros cuadrados para un
hospital.
“Te encuentras con que una institución oficial va a vender
estos terrenos en unos barrios carentes de muchas infraestructuras
sanitarias, educativas o culturales”, denuncia Rodríguez. “Aparte
de la reivindicación del centro de memoria, creemos que tiene que
haber cambios de uso de estos terrenos. No es normal que, después de
16 años, siga estando ahí el CIE, no es normal que Instituciones
Penitenciarias diga que su plan va a dar vida al barrio, cuando ya
está saturado de viviendas y lo que falta son instalaciones
culturales, educativas o sanitarias, porque, además, los 40.000
metros cuadrados destinados al hospital no son suficientes para dar
servicio a los distritos de La Latina y Carabanchel, que suman
500.000 personas”, añade.
Pero hasta ahora Interior no ha hecho caso. A la primera carta
enviada desde la plataforma, en enero de 2019, para solicitar una
reunión en la que plantear sus propuestas para el terreno, el
gabinete del ministro Grande-Marlaska respondió simplemente que “no
es posible saber cuál será su definitivo destino al encontrarse, de
momento, pendientes de diversos trámites urbanísticos con el
Ayuntamiento de Madrid”. La siguiente carta de la plataforma,
enviada en mayo de 2020, tuvo como respuesta que “actualmente se
encuentra en curso la tramitación de promoción de ejecución del
planeamiento urbanístico respecto a esos terrenos”. Y la siguiente
carta, enviada en diciembre, ni siquiera ha tenido respuesta. “Desde
2019 solo nos contestan que no pueden decirnos nada porque están
pendientes de unos trámites urbanísticos y es justo de eso de lo
que queremos hablar: ‘lo que van a hacer ustedes es una cagada’”,
denuncia Rodríguez.
La única institución que sí ha respondido a la plataforma es la
Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que ha propuesto
destinar algunas dependencias en los edificios destinados a
Instituciones Penitenciarias a memoria histórica, sin concretar nada
más.
Mientras, el proceso urbanístico en los terrenos donde se
levantaba la antigua cárcel de Carabanchel continúa con la
licitación de las excavaciones previas para comprobar si hay restos
arqueológicos en la zona. Y estas excavaciones abren una puerta a la
esperanza ya que, según explican desde la plataforma, el derrumbe de
la cárcel fue superficial y es posible que se puedan encontrar
partes de la cúpula de la prisión o recuperar los sótanos del
complejo penitenciario, lo que dejaría la puerta abierta a poder
instalar un centro de memoria parecido al que actualmente hay en
donde estuvo la antigua sede de la Gestapo en Berlín. “Lo que da
sentido a esa exposición es eso, un centro de memoria como el que
queremos debe incorporar esos restos como ejemplo de lo que fue la
cárcel de Carabanchel”, reclama Rodríguez.
En estos sótanos que podrían ser recuperables pasó el final de
su embarazo Nati Camacho García Moreno, histórica dirigente de
Comisiones Obreras. Camacho explica que primero pasó por el edificio
del hospital psiquiátrico entre enero y marzo de 1973. “Yo ya
estaba embarazada en enero, pero no dije nada a la policía para que
no se me considerara más vulnerable”, explica a El Salto. En esa
primera estancia en la cárcel de Carabanchel, la zona de mujeres
estaba instalada en un patio dentro del edificio del hospital
psiquiátrico. “Para llegar tenías que cruzar por donde estaban
todos los presos del psiquiátrico, era horroroso ver a gente tan
abandonada, un psiquiátrico sin psiquiatra ni enfermeros, se tenían
que cuidar entre ellos y estaban visiblemente medicados”, recuerda.
Salió adelante gracias al compañerismo que encontró en dos
compañeras llamadas Margarita y Julia, ambas militantes del FRAP.
Salió al cumplir los dos meses de prisión por no pagar una multa
valorada en 200.000 pesetas. “Y tuve la mala suerte de que, en
mayo, en una de las últimas reuniones de las interramas de
Comisiones Obreras, nos detuvieron a todos, y yo ya estaba de siete
meses”, explica Camacho.
Entonces su destino fueron los sótanos de la prisión, un espacio
en el que recuerda que cuando llegó contó a 30 mujeres muchas de
ellas gitanas, o enfermeras que habían practicado abortos, y más de
30 niños, muchos de los cuales habían nacido allí. “Las gitanas
y el resto de mujeres de la cárcel me dieron mucho ánimo y me dije
que, si ellas habían podido parir allí, yo también podría”.
Fue, según explica, la experiencia más dura de su vida. “Cuando
las mujeres se ponían de parto, la cárcel se cerraba y tenías que
abrir la venta para gritarle a los agentes de la Guardia Civil y que
estos llamaran a las funcionarias, que no siempre se daban mucha
prisa. Había mucha angustia, mucha ansiedad porque estabas en
riesgo. Mi paso por Carabanchel fue breve pero terrible”, concluye
Camacho.
Fuente:
https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/marlaska-que-pasa-con-la-carcel-de-carabanchel