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Los días 11 y 12 de julio del 2021 Cuba fue sacudida por un estallido social, que tuvo como respuesta un despliegue represivo de las fuerzas militares del Estado. Estos sucesos desembocaron en el uso desmedido de la violencia que trajo como consecuencia inmediata la muerte del ciudadano Diubis Laurencio, allanamientos de moradas, golpizas a manifestantes y detención de más de mil ciudadanos. A este episodio de desobediencia civil le han seguido procesos judiciales a más de quinientos ciudadanos, donde se han dictado penas ejemplarizantes que, en varios casos, superan los veinte años de cárcel.

En
Cuba el derecho a manifestación continúa, pese al anuncio de las
autoridades, pendiente de regulación. Y ante los sucesos del 11/12J el
Estado responde con una violencia política y jurídica desproporcionada y
metódica, que rebasa con mucho los episodios puntuales y espontáneos de
violencia cometidos durante el estallido por algunos ciudadanos. No son
equiparables las responsabilidades de un manifestante que daña un
objeto o bien ajeno, con las de quien agrede —siendo agente del orden o
civil— a otro ciudadano.

Por todo lo anterior, los abajo firmantes declaramos:

I-
Esos cubanos y cubanas solo han ejercido su derecho a tener derechos,
del mismo modo que cotidianamente se manifiesta la ciudadanía en nuestra
región latinoamericana y en el mundo. Y en cualquier república, cuando
se cometen excesos en las manifestaciones, los implicados —sean
ciudadanos o agentes estatales— deben ser procesados de modo
proporcional y conforme a derecho, jamás punitivamente.

II-
Las penas dictadas son escarnios públicos contra toda la sociedad
cubana —más allá de simpatías ideológicas o militancias políticas— para
impedir cualquier intento de protagonismo activo de las personas en los
destinos de su país. En su mayoría, los jóvenes procesados provienen de
barrios vulnerables, afectados por la aguda crisis económica y por la
mala gestión gubernamental. Hay desproporción de las condenas,
vulneraciones en los estándares procesales vigentes —según la
legislación cubana e internacional— y una exhibición ejemplarizante de
los procesos por la prensa estatal nacional.

III-
Es un deber intelectual general de académicos y artistas, en cualquier
época y sociedad, condenar la violencia y la arbitrariedad sin dobles
raseros; sin dispensas ideológicas o subterfugios de realpolitik.
Condenarlo, además, porque las víctimas de esta violencia casi siempre
son aquellos sujetos cuya vida, necesidades e intereses son objeto de
nuestras investigaciones y obras.

IV-
Es un deber humanista concreto acompañar a las víctimas de la violencia
de Estado si entendemos que lo sucedido entre el 11 y el 12 de julio
fue, como en toda Latinoamérica, un estallido social expresado mediante
la desobediencia civil, resultado de la mala gestión gubernamental de la
economía y de modos autoritarios de gestionar el conflicto y
participación socio-políticos en Cuba.

V-
En este momento inédito y triste de la historia cubana, llamamos a
nuestros colegas intelectuales y artistas a acompañarnos. Los presos son
—o pueden ser— nuestros familiares, vecinos, amigos. Nosotros mismos.
En esta era de conectividad digital, todos sabemos lo que está
ocurriendo. Nadie es ajeno en la actualidad a los acontecimientos, los
testimonios y los desenlaces.

Desde
cualquier ideología es posible condenar o avalar la violencia del
poder. Las posturas de disimulo, silencio o complacencia ante el
procesamiento punitivo a los manifestantes del estallido social, en
lugar de defender a la ciudadanía vulnerable y hacer rectificar a las
autoridades, solo perpetuará y ampliará los abusos y los conflictos. Y
nos convertirá a cada uno de nosotros, personas de ideas y palabras, en
cómplices, conscientes o disimulados, de la violencia y la injusticia.

Por
ello, dada la prolongación y vicio de los juicios, la connotación
punitiva de los mismos y las lecciones de procesos similares en nuestra
región, exigimos la excarcelación de nuestr@s compatriotas. Y la
delimitación ulterior, precisa, proporcional y estrictamente apegada a
Derecho, de las responsabilidades privadas y públicas ante la violencia
asociada al estallido. La forma concreta de iniciar tal proceder —por
una Amnistía o fórmula similar— puede ser objeto de debate; su sustancia
no. El Derecho no puede subordinar a la Justicia.

Adriana Ortega Normand

Alberto Abreu Arcia

Alejandro Pérez Díaz

Alex Fleites Rodríguez

Alexander Hall Lujardo

Alexei Padilla Herrera

Alfredo López de la Rocha

Alina Bárbara López Hernández.

Amaury Pacheco Del Monte

Armando Chaguaceda Noriega

Boris González Arenas

Camila Rodríguez

Carmelo Mesa-Lago

Carolina Barrero Ferrer

Dany Roque Gavilla s.j

Eloy Viera Cañive

Fernando Pérez Valdés

Gladys Marel García Pérez

Harold Cárdenas Lema

Haroldo Dilla Alfonso

Helen Ochoa Calvo

Ivette García González

Jorge Fernández Era

José Manuel González Rubines

Juan Pin Vilar

Juliette Isabel Fernández Estrada 

Julio Antonio Fernández Estrada

Leonardo Manuel Fernández Otaño

Leonardo Romero Negrín

Mario Valdés Navia

Marta María Ramírez García

Mauricio de Miranda Parrondo

Miguel Alejandro Hayes

Omar Everleny Pérez Villanueva

Pedro Manuel Monreal González

Rafael Rojas Gutiérrez

Raudiel Peña Barrios

Raúl Prado Rodríguez

Rolando Díaz

Sandra Ceballos

Tania Bruguera

Teresa Díaz Canals

Uva de Aragón y Hernández-Catá

También firman y respaldan está exigencia cívica:

Abdiel González Maimó

Adriana Fonte Preciado

Aíxa Negrín Ortueta

Alberto Hernández Osorio

Alejandra Pino Díaz

Alfredo Castellanos Collazo

Álvaro Tejeda Sardiña

Aminta D” Cárdenas

Ariel Hidalgo

Arnaldo Simon Casanova

Aydana Hernández Febles

Camila Ramírez Lobón

Carlos Antonio Amador Rodríguez

Carlos Ricardo Molina Rodríguez

Carmen Corella

Carolina Sansón Aguiar

Claudio Gaitan Garmendia

Daína Chaviano

Daniel Triana Rubio

Danilo Pompa

Danny Echerri Garcés

Elaine Acosta González

Flavio Garciandía de Oraá

Gerardo Mosquera

Giselle González García

Hamed Oriol Toledo Torres

Iván de la Nuez

Jorge Dalton

Jorge Ferdecaz

Jorge Gómez de Mello

José Alejandro Estévez

José Leandro Garbey Castillo

Juan Carlos Sáenz de Calahorra

Juan Manuel Tabío

Julio Llopiz Casal

Laideliz Herrera

Luis Cino Álvarez 

Magdiel Jorge Castro

Marcela García Olivera 

María Antonia Borroto Trujillo

Marta Castillo

Massiel Carrasquero Ramos

Miguel Augusto Gómez Fernández

Miguel Coyula

Pedro Pablo Bacallao

Rachel Alfonso

Remy Ramses Hernández Lois

Ricardo Figueredo Oliva

Rodolfo Gómez Schlittler

Rosario María Cruz Matos

Royma Cañas

Serguei Martínez Castillo

Víctor Manuel Viera Potestad

Yanet Rodríguez

Yelanys Hernández Fusté

Yosniel García

* La redacción de La Joven Cuba ha recibido este manifiesto que ponemos a disposición de los lectores. Varios de los miembros del equipo decidieron acompañarlo con su firma

Fuente: https://jovencuba.com/manifiesto-silencio-justicia/