Colombia ha sido
testigo de una serie de protestas masivas
que se han prolongado durante todo abril, luego de la convocatoria a paro
nacional. Las protestas
responden a múltiples disparadores: una aparente “reforma fiscal”
que iba a transferir aún más riqueza al 1% de la población colombiana; el
incumplimiento de los últimos acuerdos de paz; y la incapacidad del sistema de
salud colombiano – completamente privatizado – para contener la crisis del
COVID-19. En respuesta a estas protestas, el Gobierno ha asesinado a decenas
de personas, desaparecido a cientos, impuesto toques de queda en varias
ciudades e involucrado al ejército. Sin embargo, las protestas continúan. Esto,
porque también son una expresión de repudio a la militarización de todo en el
país.
En el trasfondo del
levantamiento en Colombia está la cuestión de la tierra.
Una guerra civil de varias décadas ha llevado a millones de campesinas y
campesinos a ser expulsadas de sus tierras, que terminaron en manos de grandes
terratenientes o se utilizaron para megaproyectos empresariales. En los últimos
años, en el acaparamiento de tierras por parte de las empresas entra en el
juego un arma nueva y aterradora: la militarización de la conservación del
medio ambiente. Desde febrero de este año, se realizaron una serie de
operaciones militares en todo el país, con la participación de un gran número
de soldados y policías. Entre seis lugares diferentes del país, el ejército capturó a 40 personas,
a las que el fiscal general acusó de deforestación y
minería ilegal. En una operación anterior,
el ejército capturó a cuatro personas por delitos contra el medio ambiente, a
las que el presidente de Colombia, Iván Duque, calificó de “disidentes de la
guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”, según un artículo de Mongabay. En otra
operación realizada en marzo de 2020, los soldados ‒ que se suponía, intentaban
capturar a ganaderos ilegales en parques nacionales ‒ detuvieron a 20 personas,
de las cuales 16 resultaron ser campesinos que no poseían tierras ni ganado, según Mongabay. Según los
militares colombianos, en 2020 se realizaron ocho operaciones mediante las
cuales se “recuperaron más de 9.000 hectáreas de bosque” y se capturaron 68
personas, 20 de las cuales eran menores de edad, según el artículo ya citado.
Lo que los militares
llaman bosque “recuperado” es un territorio vaciado de su gente.
La iniciativa general, que comenzó en 2019, se denomina “Operación Artemisa”.
Despliega lo que un artículo
del City Paper (Bogotá) llama “los eco-guerreros de metal completo de Colombia”
en un esfuerzo por reducir la deforestación en un 50%, como dijo el presidente Duque a
Reuters.
Con tanta defensa
militar de la selva, surgen
varias preguntas ¿es la
deforestación un problema que puede resolverse con armas? ¿Se puede salvar la
selva con detenciones masivas? ¿Se puede confiar en que los mismos militares
que mataron a miles de personas inocentes, mayoritariamente
campesinos y campesinas, en un intento de
inflar sus estadísticas de número de muertos, protejan el medio ambiente?
La Amazonía amenazada
La deforestación de la Amazonía es un problema real.
La Amazonía colombiana
comprende alrededor del 42% de la superficie de Colombia y el 6% de la
superficie total de la Amazonía, con Bolivia y Venezuela cada uno haciendo otro
6%, Perú 9% y Brasil 66% de la superficie total de la Amazonía.
El presidente de
Brasil, Jair Bolsonaro, hizo campaña con la promesa de “desarrollar”
la Amazonía y ha dado rápidos pasos para hacerlo.
También en Colombia se ha producido una rápida deforestación, a un ritmo de
entre unas 100.000 y 200.000 hectáreas al año a partir de 2018.
Los mayores motores de la deforestación son la ganadería, la quema, el cultivo
de coca y amapola y la expansión de las carreteras y la minería. Si la tasa de
“recuperación” ‒ que se define como el desalojo de la zona por la fuerza
militar ‒ sigue el patrón de 2020 de 9.000 hectáreas en un año,
los “ecoguerreros de metal”
del ejército están trabajando al menos 11 veces más lento para detener la
deforestación. Esto plantea preguntas sobre lo que realmente está sucediendo en
Colombia y por qué.
La Amazonía está protegida por la Constitución
colombiana, al igual que los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Entre estos derechos está el del consentimiento libre, previo e informado
ante cualquier plan de desarrollo. Existen varios foros a través de los cuales
los pueblos indígenas pueden, en teoría, ejercer estos derechos. Entre ellos se
encuentran la mesa permanente, la comisión nacional
y la Mesa Regional Amazónica.
Una parte muy importante de la Amazonía colombiana ‒ más de la mitad
‒ está, por ley, bajo jurisdicción indígena.
Estas tierras son
codiciadas por los intereses empresariales.
Derechos de los inversores impugnados en los
tribunales
La herramienta más
poderosa del acaparamiento de tierras por parte de las empresas no pretende
proteger el medio ambiente: “es el marco del libre comercio”, consagrado en los
acuerdos internacionales, que el célebre lingüista y filósofo Noam Chomsky ha
argumentado que sería mejor denominar “acuerdos de
derechos de los inversores”. Pero este marco siempre es cuestionado por los pueblos
indígenas y por los tribunales que tienen un mínimo de independencia.
Hay muchos ejemplos de
casos en los que los pueblos indígenas han acudido a los tribunales para
defender sus derechos sobre sus tierras. Cuando se descubrió que la empresa minera
canadiense Cosigo Resources Ltd. realizaba actividades ilegales en un parque
nacional del Amazonas y fue investigada por la Corte Constitucional de
Colombia, la empresa llevó a Colombia a un arbitraje en Texas,
donde el asunto debe llevarse a cabo según las normas de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). Cosigo
Resources Ltd. alegó que las protecciones constitucionales colombianas en el
Parque Nacional Natural Yaigojé-Apaporis violan las obligaciones de Colombia de
proteger los derechos de los inversores en virtud del Acuerdo de Promoción
Comercial entre Estados Unidos y Colombia. Esta es una batalla en curso.
Otra empresa minera
canadiense, Auxico Resources, está intentando extraer el oro y el coltán (un
ingrediente clave en los teléfonos móviles) bajo el Amazonas. Auxico Resources
firmó un Memorando de Entendimiento
con el gobernador de Guainía, Javier Zapata, para la “producción de minerales”,
según Minería Pan-Americana.
En 2018, Zapata anunció que el 80% de las tierras habían sido concedidas a
Auxico Resources. Zapata está ahora en prisión por corrupción. Pero Auxico sigue trabajando en la zona.
En 2019, el presidente Duque anunció la creación del nuevo municipio
de Barrancominas en el Guainía, adelantándose
a una iniciativa de las comunidades indígenas (el 85% de los habitantes del
Guainía son indígenas) de la región para establecer sus derechos sobre la
tierra.
Una tercera empresa,
Amerisur Resources (ahora GeoPark), obtuvo una licencia
para realizar prospecciones petrolíferas en el territorio indígena siona del
Putumayo, en el sur de Colombia (en la frontera con Ecuador y Perú), una
comunidad de 2.600 personas que lleva décadas siendo atacada por paramilitares
y narcotraficantes; los registros policiales muestran 23 masacres distintas
en el Putumayo entre 1993 y 2014. La comunidad juró en 2014 no permitir la
explotación petrolera en su territorio. En 2018, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos “ordenó medidas cautelares para proteger” a los siona, y un
juez colombiano también declaró que esto “enviaba un mensaje claro” y ordenó
que Amerisur Resources cesara su proyecto de exploración petrolera allí, según
un artículo de El Espectador. El
juez ordenó la suspensión de las licencias de exploración en una de las
reservas. Amerisur Resources se apresuró a anunciar que continuaría con la
explotación porque, al parecer, se había realizado la “consulta previa”,
un derecho contemplado en la Constitución colombiana. La batalla continúa hasta
el día de hoy, y la empresa sigue insistiendo en que ha cumplido con el requisito constitucional
del consentimiento previo en algún momento del pasado.
En 2010, en Ecuador,
los militares propusieron
crear un bosque “protegido” controlado por el ejército en el territorio de los
siona, que fue rechazada. En julio de 2020, el gobernador siona Sandro Piaguaje
anunció a GeoPark
que “van a perder, porque no podrán sacar ni una gota de petróleo de nuestro
territorio”. Sin embargo, ahora están apareciendo alertas de deforestación
en todo el territorio siona junto con informes de narcotráfico.
Los siona temen que estas alertas sirvan de pretexto para que los militares
entren en la zona e inicien un proceso que culminará con la entrega del
territorio a GeoPark.
Al hablar de los
intereses corporativos en la Amazonía, no hay que olvidar el caso de Steven Donziger y Chevron en
Ecuador. En 1993, Donziger emprendió una demanda histórica
contra el gigante petrolero Chevron, que había contaminado la Amazonía en
Ecuador y devastado a las comunidades indígenas del lugar. En 2011, un tribunal
de Ecuador ordenó que Chevron pagara 9.500 millones de dólares por daños.
Chevron no pagó y luego procedió a utilizar el sistema judicial estadounidense
para perseguir a Donziger, que actualmente vive su segundo año de arresto
domiciliario en Nueva York.
Burbujas ambientales desplegadas contra los
campesinos
Por muy elevado que sea
el coste de las batallas judiciales, los pueblos indígenas han demostrado que
su lucha dentro y fuera de los tribunales para proteger el medio ambiente a
menudo puede tener éxito. Para las empresas ávidas de tierras, la conservación
militarizada ha surgido como una alternativa estratégica a las arriesgadas
batallas judiciales. Junto con la Operación Artemisa, Colombia ha desplegado
una estrategia de “Burbujas Ambientales”,
que comenzó en 2016. En 2017, los
militares colombianos participaron en una serie de ejercicios militares en la
Amazonía llamados “Operación América Unida”,
conjuntamente con los Gobiernos de Perú, Brasil, Canadá, Panamá, Argentina y,
por supuesto, Estados Unidos. El entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, se negó a participar.
Las Burbujas
Ambientales son operaciones sorpresa, que se hacen públicas después de que los
militares hayan realizado una operación para proteger alguna zona contra la
actividad ilegal. Cada estado (departamento) de Colombia obtiene una “fuerza de reacción rápida para realizar tareas de
monitoreo, prevención, control y vigilancia contra las causas de la
deforestación.”
En 2018, organizaciones
campesinas expusieron ante el tribunal #JuicioALaDeforestación lo que las autoridades han hecho
en nombre de la conservación. En el Parque Nacional Natural La Paya, un
delegado campesino de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Leguízamo, al
informar sobre los “supuestos abusos contra la población civil por parte de las
autoridades en las zonas”, dijo: “Todas sus pertenencias, casas y animales
fueron quemados durante la intervención”. Y continuó: “Los campesinos no somos
la razón de la deforestación. El gran terrateniente, que se apoderó de mil
hectáreas del parque, se pasea libremente sin problemas”. A lo largo de 2018-19
se realizaron otras cuatro operaciones militares del mismo tipo.
El caso de
Labarce, en el departamento colombiano de Sucre,
también es instructivo. Los afrocolombianos, algunas de cuyas familias habían
llegado a la zona ya en 1916, vieron cómo sus tierras pasaban a formar parte de
un parque nacional ‒ el Santuario de Flora y Fauna el Corchal ‒ en 2002. Sus
territorios se convirtieron de repente en “terra nullius”, tierras “vacías”,
la misma excusa que se utiliza para despojar a los indígenas de sus tierras en
todo el continente americano, incluidos Estados Unidos y Canadá, donde tienen
su sede las empresas mineras. Los campesinos se presentaron de buena fe para
cooperar con el proceso y tenían derechos según la ley. En las décadas que
llevan viviendo allí, han protegido la biodiversidad de la zona y han mantenido
un territorio circunscrito sin expandirse más allá de la selva. Aun así, se les
clasificó como ocupantes ilegales de sus propias tierras. Hay muchos otros casos
de campesinos que de repente son declarados intrusos, generaciones después de
que sus antepasados se animaran a “colonizar” las tierras.
El ambientalismo debe ser desmilitarizado
La toma de posesión de
la conservación por parte de las fuerzas militares no es exclusiva de Colombia:
el académico keniano Mordecai Ogada
ha escrito sobre la misma dinámica en muchos países de África. Escribe en su página web:
“El amor de un extranjero por nuestra fauna y flora suele ser una medida de su
odio hacia los pueblos indígenas”. Si la “conservación” se puede apropiar como
un eslogan para desplazar a los pueblos indígenas, es hora de repensar el
concepto. Es hora de descartar el maltusianismo,
la fantasía de las “tierras vacías” y el apocalipticismo
que subyace en demasiadas ideas ecologistas.
Se calcula que la
Amazonía tiene 13.000 años de antigüedad, y que la región ha estado habitada durante 19.000 años o
más; en otras palabras, hay una razón para considerar la posibilidad de que la
selva tropical más salvaje que se pueda imaginar sea en realidad un paisaje cultural
creado conjuntamente por los seres humanos y otras especies. En el libro 1491: New Revelations of the Americas Before
Columbus, el autor Charles Mann da varias estimaciones
sobre qué fracción de la Amazonía fue creada por los indígenas; una estimación
prudente es que “alrededor del 12% de la selva amazónica no inundada fue de
origen antrópico (directa o indirectamente creada por los seres humanos )”,
otro investigador dice que “todo es creado por los seres humanos”, y, según
otro investigador, “la frase ‘entorno construido’… se aplica a la mayoría, si
no a todos, los paisajes neotropicales”.
Con la autoridad de los
Parques Nacionales Naturales de Colombia usada para desplazar a los campesinos,
una propuesta para romper este conflicto es el concepto de “Parques con Campesinos”,
que convertiría a los campesinos en socios de la conservación, en lugar de
ponerlos como enemigos del medio ambiente.
La mejor arma contra la
deforestación no es un arma. Es dar a los campesinos seguridad en la tenencia de la tierra,
para retomar las prácticas sostenibles que han preservado la vasta y gloriosa
Amazonía. El actual Plan Nacional de Desarrollo bajo la Operación Artemisa, que
pretende servir a los objetivos de “conservación”,
la vería reducida a un conjunto de áreas protegidas desconectadas, cortadas por
carreteras, rodeadas de bloques de petróleo, presas hidroeléctricas, zonas
fumigadas y minas, como los mapas presentados
por los activistas de Amazon Fore. La presencia de comunidades y cuidadores en
la tierra ‒ no de “eco-guerreros de metal” ‒ es la única forma fiable de
detener la deforestación.
La forma de salvar el
planeta no es que la institución más destructiva del mundo ‒ el ejército
moderno ‒ cree “burbujas” vacías de seres humanos, para luego reasignar esa
tierra a las empresas petroleras y mineras. La forma de salvar el planeta es
devolver la tierra a las personas cuyas prácticas aseguraron la asombrosa
biodiversidad que hemos disfrutado durante milenios.