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El
desarrollo de la pandemia Covid 19 se ha caracterizado desde el punto de vista
mediático por una estrategia destinada a generar confusión, miedo e impotencia.
El procedimiento es un abrumador bombardeo de noticias carentes del más
elemental rigor científico —por ejemplo se usan cifras absolutas y no tasas
(relación entre el número de casos y el volumen de población) para valorar la
incidencia, de forma que cualquier comparación es absurda— y por una ocultación
sistemática de la información que plantea alguna duda sobre la versión oficial,
incluso la proveniente de las fuentes más reputadas.

Este trabajo pretende contribuir a
analizar un fenómeno muy complejo y atravesado por poderosísimos intereses, que
pone de manifiesto el sometimiento estricto de las decisiones políticas a los
intereses del gran capital, en detrimento de la teórica prioridad de salvaguardar
la vida y la salud de sus poblaciones. La gestión de la compra de vacunas,
tanto por parte de la Comisión Europea, como del gobierno español, es un
ejemplo paradigmático del sometimiento de los objetivos de salud al negocio
privado.

1. Desaparición de las farmacéuticas públicas y
financiación por el Estado de las multinacionales

En los países capitalistas, la producción
y distribución de medicamentos se ha concentrado en grandes monopolios, al
tiempo que han desaparecido las empresas farmacéuticas públicas. Todo ello a
pesar de que, históricamente, la OMS —y la lógica sanitaria más elemental— ha
recomendado la creación en cada país de industrias públicas productoras de los
medicamentos esenciales, entre los que las vacunas y los hemoderivados ocupan los
primeros lugares. La actual pandemia Covid 19 ha puesto de manifiesto la
realidad: ningún país de la UE ha producido hasta la fecha ninguna vacuna en
laboratorios públicos [1].

En España, de cada 100 euros del gasto
público en sanidad, 29,6
se invierten en medicamentos
, cerca de 30.000 millones de euros al año. Las
multinacionales farmacéuticas controlan la financiación de fármacos y la
prescripción. Muchas veces lo hacen mediante soborno directo de los médicos, y
en general, influyendo decisivamente en los planes de estudio de medicina,
manejando los resortes para incluir en el Registro nuevos fármacos que no son
tales [2], financiando todos los congresos de especialidades médicas, poniendo
a su servicio la investigación pública e incluso patrocinando asociaciones de personas
enfermas.

2. El negocio del siglo: financiación pública
anticipada y exención de responsabilidad

Una de las consecuencias de la pandemia es
el colosal negocio para las multinacionales farmacéuticas, calculado en la UE,
por ahora, en 50.000 millones de euros derivados de la compra por los Estados
de millones de dosis de vacunas [4]. Gigantes empresariales como GKS, Pfizer o
AstraZeneka, que como veremos más adelante encabezan las listas de sanciones
por prácticas delictivas y que exhiben anualmente unos márgenes de beneficios
que superan con creces a los de la banca, ni siquiera han tenido que arriesgar
sus inversiones. Con dinero público de los estados de la UE, entre ellos del
español, se adjudicaron por adelantado, en agosto de 2020, 2.000 millones de
euros para comprar millones de dosis de vacuna [4]. Y lo hicieron antes de que
se hubiera demostrado la validez, eficacia y seguridad de sus productos.

Todas las grandes farmacéuticas han
conseguido de los gobiernos de la UE que sean ellos quienes paguen las
indemnizaciones por posibles efectos secundarios de la vacuna. Además,
están tratando de lograr ser eximidas por completo de responsabilidad
civil
 por las secuelas producidas por sus medicamentos.

3. Los intereses económicos que controlan decisiones
políticas

En agosto de 2010, un día después de
declarar finalizada la epidemia de gripe A, la OMS hizo público que los miembros de su Comité de
Expertos habían sido sobornados por las multinacionales farmacéuticas
fabricantes de vacunas y de antivirales, como Tamiflú y Relenza (La Roche y
GlaxoSmithkline, respectivamente). La OMS fue acusada de haber generado una
situación de alarma injustificada que llevó a muchos países a la compra masiva
de vacunas y medicamentos como los citados. Durante todo este tiempo mantuvo en
secreto los nombres de su comité de expertos con el pretexto de “evitar
presiones”.

Desde la década de los 90, la financiación
por parte de los Estados miembros a la OMS ha ido disminuyendo a medida que
aumentaban los fondos privados. Grandes fortunas como Bill Gates y
multinacionales farmacéuticas aportan el 90% del presupuesto de la OMS. La
gráfica siguiente habla por sí sola:

montaje aportación farmaceúticas a la OMS OK
Fuente: Organización Mundial de la Salud 2015

El magnate norteamericano es accionista de una decena de farmacéuticas, incluyendo Pfizer y AstraZeneca. La Fundación AstraZeneca en España tiene en su nómina como asesores a directores de hospitales e instituciones públicas de investigación [5].

La evidencia de los vínculos entre las
grandes farmacéuticos con el poder económico y político es abrumadora:

El principal propietario de Pfizer es el
fondo de inversiones Black Rock, el más grande del mundo en gestión de activos:
5,1 billones de dólares en 2016, según la compañía. Black Rock tiene 9.000
millones de dólares invertidos en la banca española y 12.000 millones en el
IBEX [6]. Además, en asociación con Naturgy (antes Gas Natural – Fenosa), Black Rock participa con el 49% en el gasoducto Argelia-España,
Medgaz.

El 11 de diciembre de 2020 el presidente
de EE.UU., Donald Trump, dio un ultimátum a Stephen Hahn, director de la FDA, para que
autorizara ese mismo día la vacuna o se buscara otro trabajo. La amenaza surtió
efecto, la vacuna de Pfizer recibió la autorización de emergencia al día
siguiente y el gigante Walmart anunció su disposición para distribuir la vacuna
en 5.000 establecimientos de EE.UU.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA), facilitó la autorización de emergencia de Pfizer en un tiempo récord y el 27 de diciembre empezó a inocularse en los países de la UE. La EMA también recibe el 90% de sus fondos de las grandes empresas farmacéuticas

La EMA, Agencia Europea del Medicamento,
también facilitó la autorización de emergencia de Pfizer en un tiempo récord y
el 27 de diciembre empezó a inocularse en los países de la UE. La EMA también
recibe el 90% de sus fondos de las grandes empresas farmacéuticas. Su nueva
directora es vasalla fiel de la industria farmacéutica. Tal y como publica la
OMS en su biografía, procede de la industria irlandesa del
medicamento y ha trabajado como Gerente de Asuntos Científicos y de Regulación
en Bruselas para la EFPIA (Asociación de la Industria Farmacéutica Europea),
lobby del sector farmacéutico ante la UE. Fue elegida como directora de la EMA
en plena pandemia, en julio de 2020.

En España, la penetración de las multinacionales farmacéuticas en las
instancias políticas 
ha sido una constante cuya descripción sobrepasa
los límites de este trabajo. Valga recordar que desde el primer gobierno del
PSOE en 1982 todos los ministros y ministras de sanidad lo han sido con el
plácet de la industria farmacéutica. El primero en no contar con su visto bueno
fue Ciriaco de Vicente, un hombre honrado, y esto supuso que Felipe González
designara a otro candidato, Ernest Lluch.

El fichaje por parte de las farmacéuticas
de altos cargos del Ministerio de Sanidad y de las Consejerías de las
Comunidades Autónomas, incluido el ex-Ministro Bernat Soria, ha sido una
constante [7]. En plena pandemia, el Ministro de Sanidad del PSOE participó en un importante evento con la multinacional farmacéutica
Roche —gran protagonista del escándalo de la Gripe A y el Tamifú— patrocinado
por el periódico El País para diseñar la “sanidad del futuro”,
en base al esquema de “colaboración público-privada”, preconizado por la
farmacéutica.

El intento de eliminar del Registro a los
medicamentos ineficaces e inseguros —España tiene casi cinco veces más
medicamentos registrados que otros países de la UE— supuso en su momento el viaje a Madrid de Henry Kissinger, consejero de la
compañía norteamericana Sharp and Dome (MSD), en visita privada para “velar por
los intereses de su empresa”. Consiguió su objetivo: el asunto se saldó con la
dimisión del Director General de Farmacia, Félix Lobo.

Esos inconvenientes se resolvieron con la
creación de la Agencia Española del Medicamento, que inicialmente fue un
organismo autónomo y después una agencia estatal encargada de facto de las
decisiones políticas en ese ámbito. Se conseguía así situar la política del
medicamento fuera de las estructuras ministeriales y hacerla mucho más
controlable por las multinacionales farmacéuticas. Joan Ramón Laporte [8],
máxima autoridad científica en materia del medicamento en el Estado
español, afirmó recientemente: “las Agencias del Medicamento fueron
una invención del capitalismo neoliberal de los años noventa”.

4. La trampa del COVAX

COVAX, presentada en el Foro Mundial de
Davos en 2017 como una colaboración mundial con la que acelerar el desarrollo
de tratamientos, pruebas y vacunas contra la Covid-19, es una institución
fundada por la Global Alliance for Vaccines and Inmunizations (GAVI) y por la
Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), ambas producidas, diseñadas y financiadas por la
Fundación Bill y Melinda Gates.

COVAX se presenta como una institución “público-privada” que, como todas las que usan este eufemismo tan en boga, utiliza financiación pública, de los gobiernos, para beneficio privado. Actúa como banco comercial para la compra de vacunas a multinacionales farmacéuticas

Se presenta como una institución
“público-privada” que, como todas las que usan este eufemismo tan en boga,
utiliza financiación pública, de los gobiernos, para beneficio privado. Actúa
como banco comercial para la compra de vacunas a multinacionales farmacéuticas.
Utiliza el disfraz público y benéfico de servir para garantizar el acceso
equitativo a las vacunas, cuando en realidad su finalidad es moldear la
industria mundial de fabricación de vacunas y el mercado de consumo de vacunas
en el los países pobres [9].

La creación de COVAX obedece a tres
objetivos fundamentales: proteger las patentes, evitar al máximo la
distribución de vacunas procedentes de instituciones públicas de países como
China, Rusia y Cuba, e impedir que las vacunas sean producidas directamente por
países que tienen capacidad para ello, como Sudáfrica, India o Brasil [10].

5. Qué sabemos y, sobre todo, qué no sabemos sobre las
vacunas que se están utilizando en la UE

La autorización de emergencia que han
recibido todas las vacunas contra el Covid 19 no es una aprobación como la que
recibe cualquier otro medicamento, sino que se utiliza cuando los fármacos en
cuestión no han mostrado la documentación exigida para ello. La decisión
excepcional de permitir su uso se adopta en función de una grave situación de
alarma que justificaría correr los riesgos inherentes al incumplimiento de los
protocolos y controles exigidos antes de permitir el uso de cualquier medicamento.

Pasados los momentos de shock, de
confusión y hasta de pánico, en buena medida inducidos por los medios de
comunicación, cabe destacar que la tasa de letalidad media, en el momento más álgido de la
epidemia (mayo de 2020) en España era muy baja: 0,8% (una de las más bajas de
Europa) concentrada en personas mayores el 95% tiene más de 65 años. La
comparación de esta letalidad con la tasa de letalidad de la difteria, que en
menores de 5 años era del 20%, ayuda a relativizar adecuadamente la situación y
a plantear la pregunta de si, en tales circunstancias, es razonable prescindir
de los protocolos de seguridad e ignorar los requerimientos establecidos,
precisamente cuando se trata de administrar fármacos nuevos a centenares de
millones de personas.

En los momentos en los que se escribe este
artículo no ha habido noticia de que ninguna de las empresas fabricantes de las
vacunas que se están usando en la UE esté siguiendo los protocolos exigidos
para la autorización definitiva, a pesar de los muchos millones de personas que
ya han sido inoculadas.

El derecho de patente, y por lo tanto, la
ocultación de información sobre la composición exacta del fármaco, imposibilita
una valoración contrastada tanto de la eficacia como de los riesgos de las
nuevas vacunas. El oscurantismo en los acuerdos de la UE con las
multinacionales farmacéuticas para la compra de vacunas, que previamente había
financiado, ha sido denunciado con insistencia en el Parlamento
Europeo. Ni siquiera los eurodiputados han podido acceder a la documentación
completa de los contratos en los que se han invertido más de 2.000 millones de
dinero público.

El oscurantismo en los acuerdos de la UE con las multinacionales farmacéuticas para la compra de vacunas, que previamente había financiado, ha sido denunciado con insistencia en el Parlamento Europeo

La información ofrecida por el
Departamento de Salud del Reino Unido a los profesionales sanitarios,
procedente de datos de la propia empresa acerca de la vacuna de
Pfizer-BioNtech, ilustra respecto a la ausencia de verificación de aspectos muy
relevantes acerca de la seguridad y eficacia de la misma, a pesar de lo cual se
está procediendo a vacunar a millones de personas [11]. Del citado informe
británico, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS)
destaca lo siguiente:

– La eficacia de esta vacuna es muy
pequeña si se compara con los niveles de protección de vacunas anteriores [12].
La vacuna de Pfizer prevendría sólo un caso leve-moderado por cada 119 personas
vacunadas; es decir los otros 118 se verían sometidos a los efectos secundarios
sin obtener ningún beneficio.

– La protección conferida se refiere
solamente a casos leves o moderados. No hay datos
acerca de la eficiencia en la prevención de casos graves
 (hospitalizaciones,
ingreso en la UCI) o mortalidad. Afirmar que la vacuna previene muertes carece
totalmente de fundamento. Es más, los ensayos no están diseñados para valorar
su eficacia para evitar casos graves o mortales.

– No se han completado los datos sobre
toxicidad reproductiva en animales.

– No se conocen los efectos en menores de
18 años, ni en mayores de 65 años, a pesar de que se ha informado que la
vacunación en el Estado español empezará por este último grupo de edad.

– Se excluye la vacunación en el embarazo
y en la lactancia. También en personas con tratamiento con inmunosupresores. La
contraindicación en personas anticoaguladas está sujeta a controversia en estos
momentos.

– Se desconoce el periodo de inmunidad que
confiere la vacuna.

– No hay datos acerca de si se producen
daños en la fertilidad.

– No hay datos acerca de la capacidad de
transmisión de la enfermedad de las personas vacunadas. No hay dato alguno que
permita concluir que la vacunación masiva terminará con la pandemia y si, por
lo tanto, se puede prescindir de las medidas de prevención.

6- Farmacovigilancia. El lobo guardando el rebaño

Ante la vacunación masiva de personas
sanas y personas con diversas patologías y tratamientos, la lógica más
elemental, la prudencia más básica y los principios deontológicos más
esenciales, exigirían reforzar al máximo todos los mecanismos de
farmacovigilancia y de gestión de riesgos.

Nada de eso está sucediendo con carácter
general y sistemático. En el momento de la inoculación, en muchos lugares lo
único que se le pide a la persona es que firme el consentimiento informado y se
le pregunta si tiene alergias. No se está siguiendo con carácter general y
obligatorio el protocolo de farmacovigilancia establecido. Ni se les abre una
historia clínica, ni se les pregunta por enfermedades previas o actuales, ni se
les pide información sobre medicamentos que pueda estar tomando. A pesar de que
en la propia documentación de la empresa Pfizer se recoge la contraindicación
de la vacuna en casos de embarazo y lactancia, no se pregunta sistemáticamente
a las mujeres en edad fértil si están embarazadas o lactando, o si toman
anticonceptivos. Todo ello a pesar de que los efectos adversos graves en mujeres jóvenes casi
cuadriplican los de los hombres
.

Tampoco se alerta a quienes reciben la
vacuna acerca de qué síntomas graves pudieran aparecer y qué hacer en ese caso.
Es decir, no hay una recogida sistemática de datos, no hay un protocolo ni un
registro general.

Es por ello que, tal y como señala Joan
Ramón Laporte, cuando la EMA empieza a hablar de la existencia de trombosis en
localizaciones atípicas que pudieran estar producidas por la vacuna de Astra
Zeneca, cae en contradicciones sobre sus propios datos y, sobre todo, no
muestra, la tabla de recogida de datos preceptiva en todo sistema de
farmacovigilancia. Laporte aventura que la causa podría ser la enorme
infradotación de medios de los Centros de farmacovigilancia como resultado de
los recortes de los últimos años, pero, sobre todo, y estrechamente vinculada a
los recortes, la normativa
de la UE 
sobre farmacovigilancia que confiere una función muy
destacada en este campo precisamente a la industria farmacéutica. Según la
normativa vigente, las fuentes de información son de dos tipos: una recibe las
notificaciones espontáneas que hace el personal médico —con un subregistro
importante y que no permite cuantificar con exactitud— y el segundo son los
sistemas de gestión de riesgos, cuya responsabilidad recae en la propia
industria del medicamento.

En el momento de la inoculación, en muchos lugares lo único que se le pide a la persona es que firme el consentimiento informado y se le pregunta si tiene alergias. No se está siguiendo con carácter general y obligatorio el protocolo de farmacovigilancia establecido

Por su especial trascendencia, reproduzco
a continuación las palabras de Joan Ramón Laporte en una reciente entrevista: “los sistemas de gestión de riesgos
(son) una serie de estudios que se hacen con los primeros consumidores de un
nuevo medicamento para ver qué pasa y si funcionan igual que en el ensayo
clínico. Estos planes se encargan a las propias farmacéuticas, ¡y esto es poner
al lobo a guardar el rebaño! Porque de esto no se habla. Con las señales de
trombos, AstraZeneca no ha aportado ningún dato, todo lo que se sabe es por la
notificación espontánea. Es más, si vas a la web de la EMA, y miras el
documento oficial de autorización de todas las vacunas contra la covid, allí
queda claro que el plan de seguimiento de seguridad de las vacunas está en
manos de cada compañía, pero no hay ninguna lista de los estudios que hará cada
una de ellas, ni protocolos: es algo secreto y opaco”. A continuación ilustra
la situación con un ejemplo: “Estos estudios suponen un enorme movimiento de
dinero. Un informe alemán contaba que en cinco años las farmacéuticas pagaron
más de 200 millones de euros a médicos para que participaran en estos estudios,
sin que produjeran ni un solo resultado que fuera al sistema alemán de
farmacovigilancia. ¡Utilizan la farmacovigilancia para promover la prescripción
del medicamento! ¡Pagan a cada médico participante por cada paciente al que se
le prescriba! Eso la EMA lo sabe perfectamente y no hace nada al respecto”.

7. Prácticas delictivas y mafiosas

La revista JAMA (Journal of the American
Medical Association) publicó en noviembre de 2020 un artículo titulado “Sanciones económicas impuestas a
las grandes empresas farmacéuticas por actividades ilegales”. El estudio se
refiere solamente a EE.UU. y recoge las sanciones impuestas por este país entre
2003 y 2016 a 22 multinacionales farmacéuticas que producen medicamentos para
el tratamiento, test o vacunas para la Covid 19. GlaxoSmithKline (GSK) ocupa el
primer lugar con multas por valor de 9.775 millones de dólares, Pfizer el
segundo, con sanciones que ascienden a 2.910 millones de dólares, Johnson and
Johnson el tercero, con 2.668 millones y AstraZeneka el undécimo con 1.172. Las
multas suelen suponer el 10% de los beneficios obtenidos por el hecho
sancionado. El pago de multas está considerado como un gasto más en la
comercialización de un fármaco.

Los delitos de los que se les ha acusado
son: promoción ilegal (recomendar fármacos para indicaciones no aprobadas),
interpretación falseada de los resultados de las investigaciones, ocultación de
datos y daños y sobornos con comisiones a personal médico y políticos para
obtener contratos, entre otros. Todas ellas han obtenido millonarios contratos
con la Comisión Europea, incluida GSK que, asociada con la francesa Sanofi,
logró vender a la Comisión Europea 300 millones de dosis de su vacuna que
supuestamente estará disponible a mediados de este año.

La publicación de informes y resultados de
investigaciones farmacológicas en las más prestigiosas revistas científicas
está financiada por la industria farmacéutica que las utiliza como instrumento
de propaganda, tal y como ha sido reconocido por los directores de esas
publicaciones [13].

8. El contrato del siglo. La UE negocia comprar a
PfizerBioNtech 1.800 millones de dosis

El pasado 14 de abril, la presidenta de la
Comisión Europea Úrsula von der Leyen confirmó que la UE estaba negociando con
PfizerBioNtech la compra de 1.800 millones de dosis adicionales de su vacuna,
al tiempo que se anunciaba el aumento de precio de cada dosis a 23 dólares. En
total, la UE pagará la fabulosa cifra de 41.400 millones de euros de dinero
público por un número de dosis que multiplica por cuatro la población actual de
la UE-27, 446 millones de personas. Este desequilibrio se justifica por la
llegada de nuevas “olas” que requerirán tres o cuatro nuevas dosis de vacuna
hasta 2023.

El escenario montado con los
incumplimientos y los efectos adversos de AstraZeneka ha servido para
justificar que la vacuna de PfizerBioNtech se convierta en “la columna
vertebral de la vacunación euopea”. La presidenta de la Comisión Europea
aprovechó para alabar “el compromiso, la fiabilidad y la reactividad de
Pfizer-BioNTech”. Estas alabanzas no sólo son gratuitas, sino que pretenden
encubrir que la multinacional farmacéutica ocupa el infame segundo lugar en
condenas por delitos de promoción de medicamentos para indicaciones no
aprobadas, ocultación de resultados adversos y, sobre todo, en el caso que nos
ocupa, sobornos a funcionarios para la obtención de contratos [14].

Es muy interesante acceder a la
comparecencia pública del Fiscal General asociado de EE.UU., Thomas Perrelli,
anunciando la histórica condena a la multinacional farmacéutica.
Pfizer-BioNtech aceptó su culpabilidad por la promoción de fármacos para usos
no aprobados y pagó 2.300 millones de dólares [15]. ¿Alguien podría asegurar
que el fabuloso contrato obtenido por Pfizer.BioNtech con la UE es ajeno a
estas prácticas tan habituales y documentadas de la multinacional
farmacéutica?.

Aunque la “estrategia del shock” esté
haciendo posible que lo más elemental se olvide, es preciso recordar, máxime
ante un contrato de estas dimensiones, con plazos temporales tan largos y que
prevé inoculaciones repetidas a millones de personas, que se trata de un
fármaco no aprobado. A pesar de que los meses transcurren y se están efectuando
vacunaciones masivas, este hecho trascendental no se menciona, ni se establecen
plazos para que los estudios necesarios para su aprobación definitiva culminen.

Conclusiones

1.- El objetivo prioritario de la
obtención creciente de beneficios, consustancial a la empresa privada, es
estrictamente opuesto al de la sanidad pública: mejorar el estado de salud de
toda la población. El capital, para desarrollarse, necesita socavar y debilitar
el sistema público: cuanto más y mejor sanidad pública, menos espacio de
negocio privado, y viceversa. Exactamente igual que los parásitos con respecto
al organismo cuyos recursos utilizan para vivir y cuya devastación es
consustancial a su desarrollo.

2.- En un escenario de profunda crisis
general, de hegemonía capitalista en la lucha de clases y cuando el espacio
para las reformas hace tiempo que se agotó, se constata que, a pesar de que la
pandemia reveló las dramáticas insuficiencias de la sanidad pública, los
recursos públicos se han destinado exclusivamente a la empresa privada. Las
medidas generales de salud pública, tanto sociales como sanitarias, se han
obviado.

3.- Los múltiples antecedentes de
corrupción tanto de expertos de la OMS y de las diferentes Agencias del
Medicamento como de políticos, por parte de las grandes empresas farmacéuticas,
junto con las fabulosas ganancias que se están generando, permiten sospechar
que se ha construido un siniestro escenario “informativo” de miedo en la
población, para intentar justificar inversiones multimillonarias con dinero
público en vacunas producidas por las grandes multinacionales farmacéuticas.

4.- Al servicio de este descomunal negocio
debe situarse el hecho de que se hayan obtenido autorizaciones de emergencia,
sin asegurar niveles de seguridad y eficacia exigidos a este tipo de
medicamentos usados masivamente en personas sanas. Además, en el proceso de
vacunación no hay noticia de la existencia de protocolos de farmacovigilancia,
con carácter general y sistemático, que permitan conocer con rigor los efectos
adversos que las nuevas vacunas están produciendo.

5.- La evaluación de la seguridad y eficacia
de un medicamento tiene sus ritmos y sus formas. No respetarlos conlleva
riesgos, máxime cuando va a ser administrado a millones de personas sanas. El
principio hipocrático primum non nocere que debe guiar la
práctica médica ha sucumbido frente a los negocios multimillonarios. La trágica
paradoja es que precisamente las dudas de las propias multinacionales
farmacéuticas acerca de la seguridad de sus fármacos es la que ha llevado al
escandaloso acuerdo de estas empresas con la UE. Son los gobiernos respectivos,
con dinero público, los que sufragarán las indemnizaciones por efectos adversos
de las vacunas.

6.- El control de las decisiones políticas
por parte de las multinacionales farmacéuticas se revela nítidamente cuando los
gobiernos esgrimen la “alarma” y la “emergencia” como razones para adoptar
decisiones que sobrepasan los límites de la prudencia. Al tiempo, se ignoran
descubrimientos realizados por organismos públicos de los propios países de la
UE o se sabotean acuerdos con países como Rusia o Cuba, de larga y avalada
tradición de sus instituciones públicas en biotecnología y en el descubrimiento
de vacunas.

7.- En un mundo en el que las evidencias
científicas se subordinan a la lógica aplastante del beneficio, la producción
de medicamentos por parte de instituciones públicas es la única garantía de
poder sustraer un bien tan preciado a la acción de mafias internacionales con
una capacidad tan enorme de corrupción, de chantaje y hasta de crimen como las
que describe John le Carré en su novela El jardinero fiel.

Hay una incompatibilidad esencial entre negocio privado y sanidad pública. En estos meses, y lo más duro está por llegar, se ha hecho inocultable la depredación de vidas humanas que el capitalismo produce. La apuesta por la vida, colocar al ser humano como prioridad social, exige destruirlo.

Notas:

1. Investigadores de la Universidad de
Helsinki tienen desde hace meses una vacuna contra el Covid, que se usa
mediante spray nasal impidiendo la entrada y replicación del virus, puede
conservarse a temperatura ambiente y está libre de patentes. El equipo necesita
50 millones de euro para llevar a cabo la Fase III, cantidad ridícula frente a
lo que se está invirtiendo en vacunas , que no ha conseguido hasta la fecha.
https://kaosenlared.net/finlandia-tiene-una-vacuna-para-la-covid-desde-hace-nueve-meses-y-opto-por-la-big-pharma/Algo
parecido ocurre en España con la vacuna, también nasal, sobre la que trabaja un
equipo del CSIC, con científicos con contratos precarios e investigadores
jubilados que trabajan gratis.
https://www.eldiario.es/sociedad/retrasar-edad-jubilacion-buscar-vacuna-coronavirus-facil-seria-dejarlo-siento-obligacion-moral_1_6462532.html

2.El número de medicamentos autorizados y
comercializados en España 13.335 es más de diez veces superior al de pises como
Noruega y más del triple que en Francia. Este hecho no supone mejores recursos
para los tratamientos, sino alto grado de control del Registro por parte de las
empresas. Las palabras de Joan Ramón Laporte, director de la Agencia Catalana
del Medicamento son concluyentes: España financia todos los fármacos que le
propone la industria.
https://www.elperiodico.com/es/sanidad/20151220/laporteespana-financia-todos-los-medicamentos-que-le-propone-la-industria-4760501

3. La utilización de la propaganda por
parte de los grandes ejecutivos de Pfizer o Moderna sobre supuestos éxitos de
sus vacunas como medio para lograr aumentos de las cotizaciones en bolsa para,
a continuación, vender sus acciones da idea de las gigantescas expectativas de
negocio y de la falta de escrúpulos con que se mueve este negocio

4. España se incorporó al Acuerdo de
Compra Anticipada de Vacunas de la UE boe.es

5. Su Directora es la ex-Secretaria de
Estado de Investigación con Mariano Rajoy. También son miembros, el Director de
la fundación pública de Medicina Genómica del Servicio Gallego de Salud, del
Centro Nacional de Genotipado del ISCIII y miembro de la Agencia Europea del
Medicamento, la Subdirectora General de Bioética de la Comunidad de Madrid. un
miembro del comité de expertos en política del medicamento de la OMS y la
Directora de ensayos clínicos del Hospital de Granada. En el Comité científico
de la fundación AstraZeneca está el Director de Instituto Respiratorio del H.
Clínic de Barcelona, el Jefe de Servicio de Oncología del H. 12 de octubre, el
Director del Instituto de Investigación de Barcelona y el Jefe de Servicio de
Cardiología del Hospital Ramón y Cajal. hojasdebate.es

6. BlackRock es el primer accionista de
los dos grandes bancos españoles,Santander (5,38%) y BBVA (5,917), Caixabanc
(3,003%), Banc de Sabadell ( 4,994%)y Bankinter (3,694%) También posee
participaciones en grandes empresas multinacionales españolas, como por
ejemplo:Telefónica (3,883%),Repsol (3,25%),ACS (3,2%),OHL, Gamesa (9%),IAG
(6,2%),Euskaltel (3,59%),Técnicas Reunidas (3,055%).
https://es.wikipedia.org/wiki/BlackRock#Espa%C3%B1a

7. Los datos pueden consultarse
aquí: dsalud.com

8. Joan Ramón Laporte es catedrático de
Farmacología de la Universidad de Barcelona y Director del Instituto Catalán de
Farmacología, organismo colaborador de la OMS.

9. COVAX, un órgano mundial de múltiples
partes interesadas que puede acarrear riesgos sanitarios y políticos para los
países en desarrollo y el multilateralismo – Amigos de la Tierra Internacional
(foei.org)

10. COVAX: la trampa (alainet.org)

11. La información científica ofrecida por
el Gobierno británico puede consultarse aquí: assets.publishing.service.gov.uk

12. La vacuna contra la poliomielitis
confiere un nivel de protección entre 99 y 100% hasta 25 años después de la
cuarta dosis. vacunas.org

13.Gotzsche, C. Peter (2014) Medicamentos
que matan y crimen organizado. El autor, médico, biólogo y químico, que trabajó
para la industria farmacéutica refleja en este trabajo demoledor el engranaje
criminal de las multinacionales farmacéuticas.

14. Ibid. nota 13.

15. Pfizer Medical Fraud Settlement | C-SPAN.org (c-span.org)

Ángeles Maestro. Médica, Técnica Superior de Salud Pública. Exdiputada, portavoz de Sanidad en el Congreso

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/industria-farmaceutica/la-covid-los-gobiernos-de-la-ue-y-las-multinacionales-farmaceuticas