El fracking (o
fractura hidráulica) avanza en América latina. O, al menos, eso es a lo que
aspiran algunos de sus gobiernos. No obstante, pese al impulso que intentan
darle y a los millonarios
subsidios estatales que se han otorgado a la actividad en los
últimos años, esta no ha tenido hasta ahora la misma fuerza en la región que en
los Estados Unidos.
Esta técnica, resistida por sus efectos negativos sobre la salud tanto de las personas como del ambiente, permite extraer gas y petróleo no convencionales. Para ello, perfora el subsuelo a miles de metros e inyecta grandes cantidades de agua, arena y químicos a gran presión para extraer los minerales de la roca madre.
Argentina y México son los países que más han apelado
a ella. Se les suma Chile, que cuenta con una pequeña explotación en el sur.
Pero no son los únicos que sueñan con esta tecnología sospechada
hasta de provocar sismos: en Colombia y Uruguay, rigen dos
moratorias, mientras que los petroleros bolivianos añoran tener su propia Vaca Muerta a
pesar de la resistencia de comunidades indígenas y campesinas.
Qué no, que sí
El 1º de diciembre de 2018, horas después de asumir como presidente, Andrés Manuel López Obrador presentó sus 100
compromisos de gobierno, entre los que se incluye el “no al fracking”. Se diferenció así de su antecesor, Enrique Peña Nieto, que en 2013
había realizado una reforma para estimular la explotación de hidrocarburos no
convencionales.
Tras su asunción, en principio sólo continuaron operando los pozos
autorizados con anterioridad. Y, según el último reporte
oficial, el compromiso del mandatario ha sido cumplido.
Sin embargo, la Alianza Mexicana contra el Fracking, que integran más de 40 organizaciones, publicó en mayo de 2020 una investigación que detectó que, “a lo largo de 2019, fueron aprobados seis planes de exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales”. Abarcan una superficie de 800.000 kilómetros cuadrados en los estados de Veracruz y Puebla.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México. Crédito: Eneas De Troya / CC BY 2.0
La investigación también encontró que, en sintonía con lo que Petróleos Mexicanos (Pemex)
anunció en su Plan de
Negocios 2019-2023, los presupuestos nacionales de 2019 y 2020
asignaron recursos a dos proyectos de la empresa estatal que requieren de
fracking.
A la par, según la Alianza, entre septiembre de 2018 y marzo de 2020, se presentaron ocho iniciativas en el Congreso para prohibir la fractura
hidráulica en México, lo que podría ser la puerta para que López Obrador selle su compromiso.
Hasta ahora, ninguna avanzó.
Explotación frenada
Otro presidente que dijo “no” al fracking durante la
campaña electoral fue el colombiano Iván Duque. No obstante,
desde entonces se ha mostrado ambivalente, mientras el movimiento ambientalista
impulsa una ley que ponga definitivo fin a la técnica.
La explotación de yacimientos no convencionales está frenada en el país por
una medida cautelar ordenada en noviembre de 2018. Fue a partir de una
presentación ante el Consejo de Estado realizada por la Alianza Colombia Libre de
Fracking, integrada por más de un centenar de organizaciones
—incluidos sindicatos del sector—, que pidió la nulidad de un decreto y una
resolución que en 2013 regularon el uso de la fractura hidráulica.
“Argumentamos que infringen normas constitucionales y convenios
internacionales, y violan el principio precautorio, que ordena que, en caso de
duda científica sobre la posibilidad de que una actividad pueda causar un daño
grave e irreversible a la salud humana y al ambiente, el gobierno nacional debe
suspender o aplazar esa actividad hasta tanto haya certeza”, precisa una de las
abogadas que trabajó en la presentación, Yeny Rodríguez, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Caballo de Troya
Actualmente, no hay fracking en Colombia. Pero, para ello se necesitó otra resolución judicial. La Alianza
detectó que los proyectos que ya estaban utilizando la técnica continuaron
operando a pesar de la medida cautelar, por lo que se promovió una nueva
demanda ante el Consejo de Estado, que finalmente ordenó su paralización en
todo el territorio.
El gobierno no se quedó de brazos cruzados y creó una “comisión de expertos”, que un puñado de meses después aconsejó hacer proyectos piloto en yacimientos no convencionales. “La comisión pagada por el gobierno hizo un estudio en el que no dijo ni ‘sí’ ni ‘no’, pero dio la apertura a una supuesta investigación científica”, dice Andrés Gómez, un ingeniero que trabajó para algunas petroleras y hoy es parte de la ONG CENSAT Agua Viva.
Crédito: Pablo Iglesias para PxP.
Ese informe fue incorporado al expediente iniciado ante el Consejo de
Estado, que, cuando se reunió en pleno para confirmar la medida cautelar que
paralizó el fracking, aclaró que esa decisión no frenaba los planes del
gobierno.
En ese marco, en febrero de 2020, el Ministerio de Minas y Energía expidió
el Decreto
328, a través del cual abrió el juego a los llamados “Proyectos
Piloto de Investigación Integral” sobre yacimientos no
convencionales. Hasta ahora se confirmaron dos de esos proyectos, llamados
Kalé y Platero, ambos en el municipio de Puerto Wilches, en el departamento de
Santander. Fueron adjudicados a Ecopetrol y ExxonMobil, respectivamente.
Ahora bien, Puerto Wilches tiene una larga tradición
ligada al extractivismo.
Nadie puede decir que el fracking va a generar desarrollo en una región que lleva un siglo de explotación de hidrocarburos y tiene los indicadores sociales más bajos del país. Andrés Gómez, CENSAT Agua Viva.
Además de una historia de contaminación, en Puerto Wilches también hay problemas con los derechos humanos. Por la oposición al fracking, ya hubo amenazas y hostigamientos, y dos personas tuvieron que abandonar la zona. Con 64 víctimas fatales, Colombia fue en 2019 el país con más ambientalistas asesinados del mundo, según el último informe de Global Witness.
Crédito: Pablo Iglesias para PxP.
El objetivo de esos proyectos experimentales es evaluar la viabilidad del
fracking y sus efectos, pero el movimiento ambientalista cree que son un
Caballo de Troya. “El Gobierno y las petroleras van a ser
juez y parte. Dentro de este supuesto análisis, las petroleras harán la ciencia,
juzgarán la ciencia e incluso lo que extraigan lo van a poder comercializar”,
advierte Gómez.
¿La nueva Vaca Muerta?
Bolivia está libre de fracking, pero la cuestión está
latente. La técnica puso un pie en el país en 2013, luego de que un informe de
la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos advirtiera el
potencial en la materia de las llanuras del Chaco.
Lo que siguió fue una tarea de lobby y algunos esfuerzos concretos de las
autoridades para incitar su explotación. Ese año se firmó un acuerdo de
cooperación entre la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)
y la argentina YPF para
trabajar en el tema, y la empresa Halliburton realizó una “minifractura” en el
departamento Chuquisaca, donde descubrieron reservas de tight oil.
A eso se sumó que, entre 2014 y 2017, hubo un proceso de
flexibilización legislativa. “Bolivia depende de los hidrocarburos, es un país
exportador. Cuando caen los precios del petróleo, se reconfiguró la normativa,
se flexibilizaron los estándares ambientales, se modificaron el tiempo y las
características de las consultas previas, y se abrió la actividad a las áreas
protegidas”, repasa la abogada Claudia Velarde, de AIDA, una de las
organizaciones que promovió en 2014 la Alianza
Latinoamericana contra el Fracking.
En 2018, se firmó un acuerdo entre YPFB y la canadiense CanCambria Energy
—de la que casi no hay referencias— para explorar y explotar el bloque
Miraflores, en el Chaco boliviano, ubicado alrededor de un 90% en el municipio
Macharetí, departamento de Chuquisaca. La empresa estima que
las reservas allí podrían ser mucho mayores a las de Vaca Muerta, aunque no son
pocos los que creen que el dato es exagerado. Lo cierto es que informó que iba
a perforar 800 pozos, pero no habría avanzado.
No obstante, el fracking necesitaría de un marco legal. “No existe en Bolivia ningún instrumento jurídico que lo regule. Con CanCambria
se pactó que se iba a construir una estructura administrativa, pero hasta ahora
las autoridades no han hecho públicos sus planes”, comenta el investigador
Oscar Camapnini, del Centro de Documentación e
Información de Bolivia (Cedib).
De área protegida a…
En Macharetí, conviven una decena de comunidades indígenas guaraníes y
campesinos, que no cuentan con agua potable y temen que el fracking afecte,
entre otras cosas, sus pozos. Parte del bloque Miraflores está ubicado, a su
vez, en la Reserva Municipal Histórica y de Vida Silvestre “Héroes del Chaco”,
un área protegida de 269.000 hectáreas de bosque con mucha riqueza de flora y
fauna, que actúa como regulador de clima local y que además tiene un valor
histórico por haber sido escenario de la Guerra del Chaco.
El área fue declarada como reserva por la alcaldía de
Macharetí, que ahora tiene la llave para cerrarle el candado al fracking en la
zona, pues el municipio inició un proceso autonómico y se encamina a incluir en
su estatuto la prohibición de la fractura hidráulica.
No obstante, CanCambria ya ha manifestado su intención de explotar también otros dos proyectos dentro del Chaco boliviano y hay miradas atentas
a la Amazonía, donde algunas exploraciones hallaron un gran potencial para hidrocarburos
no convencionales.
Al igual que en otros países, el principal argumento de los promotores del
fracking en esas zonas es el supuesto desarrollo económico. “Si los bolivianos
decidimos no hacerlo, seguiremos en la pobreza en la que vivimos, que tampoco
es amigable con el medioambiente”, alardeó el expresidente de la Cámara
Boliviana de Hidrocarburos (CBHE), Carlos Delius, en un artículo sobre el tema
publicado en Mongabay y Página Siete.
Más y más dicen “no”
Prohibiciones como la que impulsan a nivel nacional
los movimientos ambientalistas en México y Colombia ya rigen en varios lugares
del mundo. Francia y Bulgaria picaron en punta al vetar la técnica en 2011 y 2012,
respectivamente. Le siguieron Luxemburgo, los estados de Vermont y Nueva York,
en los Estados Unidos, además de tres condados de California.
Algunos países también ordenaron las primeras moratorias, como Escocia,
Gales y los Países Bajos. Lo mismo ocurrió en Alemania, que sólo autoriza las
perforaciones con fines de investigación, como ocurre, de hecho, en Colombia.
Con el tiempo se sumaron prohibiciones a nivel regional en distintos países,
como en la provincia argentina de Entre Ríos o el estado de Paraná, en Brasil,
donde desde 2013 la Agencia Nacional de Petróleo ha estado subastando bloques
para exploración.
Una situación análoga ocurre en Uruguay, donde rige
una prohibición temporal. Se estableció por cuatro años a través de
una ley que
se logró tras una serie de proyectos fallidos sobre hidrocarburos no
convencionales y que entró en vigencia el 28 de diciembre de 2017. El plazo
vence a fin de año.
Paredes rajadas
“Hasta los 35 años, nunca había sentido
un temblor en la ciudad”, dice Antonio Hernández, un biólogo de Monterrey,
capital del estado mexicano de Nuevo León. En la zona se han explotado
hidrocarburos convencionales en las últimas seis décadas. Por eso, cuando Pemex
instaló las primeras torres de fracking, en 2013, a nadie le llamó la
atención. “Lo que detonó el ojo crítico fue la
sismicidad”, recuerda el biólogo.
Por esas perforaciones de Pemex se presentó una petición internacional ante la Comisión para la Cooperación Ambiental, que vela por el cumplimiento de las leyes ambientales en los países que firmaron el T-MEC, el tratado de libre comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos. “La empresa se retiró y con eso nos dejaron los sismos, pero la vida ya no volvió a ser la misma”, indica el escrito de representantes de la localidad de Hacienda El Carrizo.
Paredes rajadas, producto de los sismos que genera el fracking. Crédito: Eduardo Carrera para PxP.
La denuncia, presentada en 2018, menciona que sus pozos de agua se secaron
y que tuvieron que hacer nuevas excavaciones, pero que el agua sale contaminada. No se lo atribuyen al fracking, por falta de
pruebas, pero sugieren que podría haber sido la causa. También aseguran que ya
no pueden sembrar maíz y frijoles, y que se secaron sus nogales y
naranjos. “Algo pasa con el agua que no les sirve
a las plantas”, describe.
La petición fue ampliada el 21 de febrero de 2019, cuando se presentó
un escrito que
alegó que Pemex nunca presentó una manifestación de impacto ambiental. Y así,
finalmente, el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental recomendó que
se inicie una investigación. Será una instancia internacional la que revise el
caso.
Más de 130 en un año
A 7780 kilómetros de Hacienda El Carrizo está el pueblo de Sauzal Bonito,
sobre el yacimiento Vaca Muerta,
en la Argentina. Tras el aumento del uso del fracking en la zona, sus vecinos
no tardaron en percibir que los
sismos eran frecuentes y que las paredes de sus casas se
agrietaban. Fueron más de 130 movimientos telúricos
sólo en 2019.
En febrero de 2020, técnicos del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas
(IAPG) publicaron un artículo en
su sitio Shale en Argentina en el que se
preguntaron si la estimulación hidráulica podría activar fallas geológicas y
generar terremotos de magnitud. La respuesta fue que esa posibilidad es “nula o
extremadamente poco probable”.
Sin embargo, varias investigaciones rebaten esa idea y algunos países, como
los Estados Unidos, el Reino Unido y China, tomaron medidas al respecto. En la
Argentina, un estudio divulgado recientemente detectó que en una zona de Vaca
Muerta, entre 2016 y 2020, hubo 62 movimientos telúricos de más de 3º en la
escala de Richter, a raíz de uno por mes. “Es muy difícil que eso haya sucedido
en 40 años”, afirmó el investigador Sebastián Correa Otto al divulgar en La Mañana de Neuquén los
datos que detectó y que coinciden con otros trabajos hechos en la zona.
¿Sin vecinos?
Vaca Muerta comenzó
a operar en 2010. Una década después se habían perforado más de 2000 pozos. Es
la “estrella” del fracking en América latina. Es la segunda reserva más grande
del mundo de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional.
Su explotación le demandó al Estado grandes
erogaciones de dinero, debido a que el fracking necesita
financiamiento constante, pues los pozos tienen una vida útil de entre tres y
cinco años, mucho menos que los convencionales.
Para 2017, los subsidios [a los combustibles fósiles en la Argentina] implicaron un 5,6% del presupuesto nacional. Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Una de las cuestiones que suelen destacar a la hora de
buscar inversores es que no hay poblaciones en la zona. Falso: sólo en su área
de influencia, hay casi 40.000 habitantes.
Sobre el potencial impacto negativo del fracking en la salud de esas poblaciones cercanas hay muchos estudios. Por caso, la Universidad de Yale detectó en Pensilvania (Estados Unidos) que la frecuencia de los problemas de salud aumenta a medida que las personas viven más cerca de los pozos. Otros trabajos académicos vinculan a la técnica con la tasa de hospitalizaciones y con un aumento de hasta un 600% en la mortalidad infantil, bajo peso al nacer y defectos congénitos.
Es posible que parte de esos problemas tengan que ver con los compuestos
orgánicos volátiles, gases potencialmente cancerígenos que emiten los pozos de
fracking, pero que suelen pasar desapercibidos, pues son invisibles, como
benceno, metano y propano.
Mientras el sector petrolero argentino propone una nueva ley de
inversiones, en mayo de 2020 el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Juan Cabandié, afirmó que la situación ambiental en Vaca
Muerta es “alarmante”. Lo hizo tras una
inspección de su cartera.
Otro informe de
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) destacó que “los incidentes ambientales en Vaca Muerta se incrementaron junto a la
expansión de la actividad”. En concreto, “se registraron 863 eventos en 2015, 868
en 2016, 703 en 2017 y 934 en 2018”. Uno de los más conocidos fue un derrame
petrolero, durante 16 horas, en el área de Loma Campana, que operan YPF y
Chevron. También en Alto Valle de Río Negro, en Allen, hubo varias fugas, al
menos dos de las cuales alcanzaron cuerpos de agua.
Basureros en la mira
Hay, a su vez, dos basureros petroleros con denuncias por contaminación en Vaca Muerta.
La primera la
presentaron en diciembre de 2018 las organizaciones Greenpeace y la
Confederación Mapuche de Neuquén, contra la empresa Treater Neuquén SA, que
entre sus directivos tuvo a tres dirigentes ligados al expresidente Mauricio
Macri. Uno de ellos, Edgardo
Cenzón, fue recaudador de su campaña en 2015 y Ministro de Ambiente
de la Ciudad de Buenos Aires.
El basurero es un repositorio de cutting que recibía supuestamente lodos de
perforación de las empresas Shell, Total y la estatal YPF. De acuerdo a la
denuncia, no está impermeabilizado ni tiene un canal de drenaje adecuado. El
fotógrafo alemán Stefan Borghardt denunció
formalmente que fue “golpeado, pateado e insultado” por la
policía tras ser demorado mientras retrataba la zona.
Sumado a ello, un informe publicado
recientemente reveló la grave historia de contaminación de otro de estos
basureros petroleros: Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A.
(Comarsa), una de cuyas plantas está ubicada en la ciudad de Neuquén, la más
poblada de la Patagonia. A fines del año pasado, una
denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina desnudó el desmadre que es, en realidad, la gestión de los residuos. Lo novedoso es que,
por primera vez, la información oficial confirma esta
actuación ante la justicia.
Crédito: Eduardo Carrera para PxP.
Mil ciento ochenta y cuatro páginas de actas de las inspecciones realizadas
a Comarsa fueron remitidas por la cartera de Ambiente al diputado del Frente de
Izquierda, Andrés
Blanco. Estas fueron analizadas por el Observatorio Petrolero Sur,
Taller Ecologista y La Izquierda Diario, y son una
radiografía de los basureros petroleros en Vaca Muerta.
Es la revelación oficial de que el 10% de los bolsones de arenas silíceas
utilizadas para la fractura hidráulica se rajan o descosen en el proceso de
estibaje. No se trata de un dato menor si se considera que cada pozo puede
utilizar 13.000 toneladas de este material, que debido al tamaño de sus
partículas puede permanecer en suspensión y ser fácilmente transportado por los
fuertes vientos de la zona. La exposición al sílice prolongada en el tiempo
puede provocar silicosis.
La cultura del gas
Otro país en el que se utiliza en fracking en América latina, pero a mucho
menor escala, es Chile. Detrás de la explotación hay una
cuestión cultural. Así lo explica el abogado Maximiliano Proaño, co-coordinador
del grupo de trabajo Energía y Equidad: “Chile no es un país productor, sino
importador. Las reservas que tiene están en la región de Magallanes, la más
austral, donde hay toda una identidad vinculada a los
hidrocarburos”.
Magallanes es la única región del sur donde la calefacción es a gas. En
2010 y 2011, hubo una crisis por el agotamiento de las reservas y dos años
después, en 2013, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP)
anunció el hallazgo de reservas de gas no convencional en el bloque Arenal, que
se empezó a explotar en 2014 para abastecer a las 150.000 personas que viven en
la zona.
“Es una producción chica, pero grande para la escala chilena. Se estiman
reservas que duplican la producción histórica de ENAP”, aclara el
abogado. Eso sí: nada se dijo sobre el método que usaba. Proaño coordinó en
esos años la “Mesa Ciudadana de Energía para Magallanes”.
Nos dimos cuenta que se producía mediante fracking, que no está específicamente regulado en Chile y que no se hacían estudios de impacto ambiental, sino meras declaraciones. Maximiliano Proaño, grupo de trabajo Energía y Equidad.
El tema tuvo escaso rebote en la población, en parte porque el bloque
Arenal está muy alejado y porque la producción es relativamente chica. Sin
embargo, Proaño estima que las reservas permitirían ampliar el servicio a otras
regiones, lo que podría tener otro tipo de consecuencias.