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La cuestión mapuche es un punto
crítico del sistema de dominación burguesa en Chile. Tanto así que al
final de su mandato el gobierno de Sebastián Piñera recurrió, por del
Estado de excepción constitucional, al concurso de la Fuerzas Armadas
para controlar la situación en la Araucanía. Ahora que se inicia una
nueva administración, que busca imprimirle un sello ciudadanista al
dominio del capital, están aún por verse los resultados que pueda tener
la política de diálogo que esta pretende implementar en la zona.

Pero esto no es todo. Fruto de la
crisis que atraviesa la clase dominante, agudizada por el estallido de
2019, el conjunto de la institucionalidad político-estatal se encuentra a
la espera de la propuesta constitucional que emane de la Convención y
el resultado del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Al respecto, en lo que lleva avanzado
la Convención, el Estado que consagre la nueva Constitución Política –de
ser efectivamente aprobada en el plebiscito– será uno “plurinacional”,
«que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado»
(destacados añadidos). Así lo establece textualmente el borrador
constitucional en el artículo 4 del capítulo dedicado al Sistema
político.

La “plurinacionalidad” es la fórmula
que la fracción hegemónica de las clases medias han impulsado como
solución al desafío que la demanda nacional-territorial del pueblo
mapuche plantea para la dominación burguesa en el país.

No obstante el progresismo con que se
presenta, señal de los nuevos aires demo-ciudadanistas del capitalismo
local, la plurinacionalidad corre el riesgo de instalar más problemas
que los que soluciona respecto a la relación del Estado chileno con el
pueblo mapuche. Por un lado, puede terminar exacerbando –y con toda
razón– el nacionalismo del autonomismo mapuche; y, por otro, instalar
una serie de anomalías en el sistema de representación y administración
del Estado, es lo que sucede con la fragmentación de la ciudadanía y el
establecimiento de sistemas de justicia paralelos dentro del Estado.

La fórmula es además contradictoria,
borrando con el codo lo que escribe con la mano. Expresión, sin duda,
del ideario de las clases que impulsan este programa, cuyo universo
ideológico no rebasa los clichés del sentido común burgués, sin mayor
análisis crítico de sus fundamentos. Así ocurre, por ejemplo, cuando
pomposamente se establece en el artículo 5 del capítulo de Sistema
político que:

Los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales.  En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno […]1

¿Pero no era que según el artículo 4
el reconocimiento y la coexistencia de las diversas naciones y pueblos
se lleva a cabo “en el marco de la unidad del Estado” (sic)? La cuestión
es que no puede haber ninguna “libre determinación”, ni menos real
autonomía y autogobierno, si es que estos están supeditados previamente a
la imposición de la “unidad del Estado”.

Pongamos una situación hipotética.
¿Qué pasaría si mañana cualquiera de los pueblos y naciones reconocidos
por la Constitución –el Rapa Nui, por poner el caso– decidiera, “en
virtud de su libre determinación”, separarse del Estado chileno? ¿Qué
primaría? ¿El derecho a la “autonomía y al autogobierno” del artículo 5 o
la “unidad del Estado” del artículo 4? O aún peor, si dicho pueblo
decidiera no solo separarse del Estado chileno, sino pasar a formar
parte del Estado peruano, ya sea porque la nacionalidad peruana ofrece
mejores beneficios o cualquier otra razón, ¿en qué quedaría el derecho a
“libre determinación”, en vista y considerando que la decisión –libre y
soberana– del pueblo en cuestión atenta contra los intereses
geopolíticos de la burguesía chilena encarnados en el Estado,
favoreciendo de paso a una de sus históricas rivales en la región: la
burguesía peruana?

La “libre determinación”, así como se
consagra en el borrador constitucional, es pura cháchara frente a la
realidad material del Estado y los intereses que cristalizan en él. No
es más que letra muerta, la “libre determinación” es o no es. Es este
sentido, toda la florida fórmula de “plurinacionalidad” que inspira el
borrador no es sino un tortuoso intento por “salvar” la integridad territorial del Estado nacional, con variopintas concesiones político-administrativas a los distintos pueblos y naciones que habitan el territorio chileno.

En contraste, de lo que se trata aquí es de la formulación del programa de la clase trabajadora socialista ante la cuestión mapuche en la actual sociedad capitalista chilena.
Al respecto, cabe tener en cuenta presupuestos sobre los cuales dicha
formulación programática se construye, y que la diferencian del de las
clases burguesas y pequeñoburguesas.

En primer lugar, el socialismo no mira
la realidad desde principios abstractos, intentando forzar esta en
aquellos. En la esfera política, esto significa que la clase trabajadora
antepone los fundamentos materiales –sociales e históricos– sobre los
que la ciudadanía burguesa y toda la institucionalidad político estatal
se erigen.

Lo anterior no significa que las
formas a través de las cuales el capital ejerce su dominación clasista
sobre el conjunto de la sociedad sean indiferentes para los
trabajadores. Por el contrario, son de especial incumbencia para sus
intereses y objetivos programáticos, ya que es precisamente en dicho
marco en que se desarrolla la lucha entre el capital y el trabajo.2

Ahora bien, precisamente porque la
condición de su emancipación es acabar con los fundamentos de la
sociedad burguesa, dirigiendo en consecuencia su acción política contra
los cimientos de esta (la propiedad privada de los
medios de producción), la clase trabajadora no está atada en lo material
al conjunto de abstracciones jurídico-políticas que conforman el
universo ideológico que las clases pequeñoburguesas comparten con la
burguesía.

En el caso particular de la unidad
territorial, que, como veíamos, las clases medias intentan salvar a
través de la más alambicada alquimia jurídica, esta no se le presenta a
la clase trabajadora como un principio sacrosanto que deba ser defendido
a brazo partido. Así ocurre también con otros conceptos sobre los
cuales se funda el moderno Estado burgués, como el de nación. De hecho,
¿dónde queda la nacionalidad chilena para los trabajadores locales a la
luz de la actual crisis migratoria y de los crecientes contingentes de
población migrante que se les unen?

El principio que, en cambio, si se le presenta como absoluto
a la clase trabajadora a modo de guía para sus reivindicaciones en el
marco de la sociedad burguesa es aquel de oponerse a todo aquello que
tienda a velar u ocultar los fundamentos sobre los cuales descansan su
explotación y sujeción, y que, por tanto, la fragmenten, por los motivos
que fueren (género, nacionalidad, religión u otros). En otras palabras,
es su unidad lo que ante todo forma la base de su posición como clase independiente, y que el socialismo reivindica.

En ese sentido, si bien formales y
haciendo entrada en la escena histórica gracias a la lucha que la
burguesía libró contra el orden estamental feudal, los principios de
ciudadanía universal, igualdad ante la ley y unidad política del Estado,
entre otros, aparecen como conquistas burguesas que los trabajadores
hacen plenamente suyas. Ninguna representación diferenciada por género,
identidad y/o preferencia sexual, nacionalidad, origen étnico, credo,
etc., puede formar parte de su programa reivindicativo en el ámbito
político. Y lo mismo se aplica para el tratamiento que la ley confiere a
los ciudadanos. Es por ello que, desde su nacimiento como clase, los
trabajadores son el más consecuente representante de las libertades
políticas y civiles que el orden demo burgués permite.

Es en dicho marco que, frente a la
cuestión mapuche, en particular, y respecto al resto de las naciones
preexistentes a la formación del Estado chileno, en general, el programa
de la clase trabajadora no es sino el reconocimiento del derecho a la libre (o auto) determinación, a secas y sin letra chica, y como algo distinto a la “plurinacionalidad” que hoy reivindican las clases medias.

Si hablamos de autodeterminación, este
derecho contempla la posibilidad de todo pueblo preexistente a la
formación del Estado de Chile que habite el actual territorio nacional
de separarse de este y dar la forma de gobierno que
mejor estime conveniente sobre su territorio, sin ninguna condición
previa como la que establece el borrador constitucional con eso de “en
el marco de la unidad del Estado”.

Y así como el derecho de
autodeterminación contempla necesariamente la posibilidad de separación,
contempla también la decisión de seguir formando parte del Estado
chileno, siempre que esta sea una decisión libre y soberana, consentida
por ambas partes, que acuerdan los términos más convenientes para cada
una.

En su reivindicación de las libertades
democráticas, la clase trabajadora solidariza con los pueblos que
luchan por su libre determinación. Esto porque su propia emancipación no
puede realizarse a costa del sometimiento de otros pueblos. Al
respecto, la pertenencia al territorio nacional, y a la
institucionalidad y leyes que lo rigen, debe ser una decisión libre de cada pueblo. El Estado chileno no puede mantener a pueblos –ni el territorio que habitan– unidos a él contra su voluntad.

Por lo demás, la autodeterminación
nacional es un derecho mínimo que nada dice sobre el régimen social
sobre el que se erige un Estado. De hecho, durante el siglo pasado la
mayoría de los antiguos imperios coloniales fueron obligados, por la
fuerza de los hechos, a reconocer la independencia de sus colonias, sin
que estos dejaran de ser Estados burgueses, ni tampoco que los nuevos
Estados surgidos de las luchas independentistas dieran origen
necesariamente a ordenamientos sociales no capitalistas.

Ahora bien, así como la reivindicación
de libre determinación marca un punto de diferencia de la clase
trabajadora socialista con el actual democratismo pequeñoburgués de las
clases medias, este se distancia también del legítimo nacionalismo que
los sectores autonomistas del pueblo mapuche enarbolan.

La lucha y el programa de la clase trabajadora son eminentemente internacionalistas.
Y esto no por capricho, sino por las mismas tendencias de desarrollo
que el capital pone en juego en el ámbito de la producción social. En
ese sentido, más allá de reconocer el derecho a separación de las
naciones de determinados Estados, eso no conlleva a que la clase
trabajadora se haga o deba hacerse parte de la lucha por la separación
nacional. Antes bien puede advertir de los inconvenientes de tal separación, e incluso de su inviabilidad material, que es muy probablemente el caso mapuche en el Chile actual. La fragmentación en Estados pequeños y pobres es a todas luces un inconveniente para la causa socialista. 

Y así como los trabajadores de un
Estado opresor no tienen por qué compartir la ideología y el programa
nacionalista de los pueblos que luchan por su liberación, sin que ello
signifique que no solidaricen con su causa; tampoco, en el caso mapuche,
la clase trabajadora chilena está obligada a plegarse a la idealización
romántica –que tan de moda se ha puesto en la intelectualidad “progre”–
de la cosmovisión mapuche, y su “especial” vínculo con la naturaleza
derivada de las formas de producción comunal-pequeñoburguesas que aún
habitan en el seno de este pueblo.

De hecho, ni siquiera es parte de las
tareas programáticas de la clase trabajadora chilena frente a la
cuestión mapuche la restitución de las tierras usurpadas a este pueblo a
lo largo de la historia. A estas alturas del partido pocas dudas caben
acerca de los orígenes de la moderna propiedad capitalista en el
territorio mapuche (Wallmapu). Gran parte de ella no es sino el producto
del despojo territorial del pueblo mapuche, cuyas atrocidades se
encuentran bien documentadas. Sin embargo, no es misión del socialismo y
la clase trabajadora hacer “justicia”. No al menos en el sentido
abstracto pequeñoburgués. Nada más lejos del socialismo que ser la
realización del reino de la justicia eterna en la tierra, ante lo cual
bien vale aquí la precisión de Rosa Luxemburgo, precisamente sobre la
cuestión nacional, en el sentido que:

El socialismo marxiano difiere de todos los demás socialismos porque, entre otras cosas, no finge tener parches en sus bolsillos para tapar todos los agujeros que ha creado el desarrollo histórico.

Fuente: https://revistaconfrontaciones.cl/2022/04/21/el-socialismo-y-la-cuestion-mapuche/