El paraíso fiscal del alquiler: pilar maestro de la mayoría silenciosa que sustenta el Régimen del 78

Las prebendas a los propietarios causan un agujero fiscal de más de 10.000 millones anuales al Estado español.

Un sistema fiscal profundamente injusto hace que las rentas del trabajo lleguen a pagar hasta un 1000% más de impuestos que un casero.

Nacida al calor del franquismo, una clase rentista privilegiada de 3 millones y sus familias aseguran el bipartidismo y forman la mayoría silenciosa que sustenta la precaria paz social de cepa hispana.

FUENTE: Asociación 500×20- El paraíso fiscal del alquiler: pilar maestro de la mayoría silenciosa que sustenta el Régimen del 78

Ya antes de la pandemia, los datos de desahucios por aplicación de
la Ley de Arrendamientos Urbanos suponían el 65% del total de
desalojos registrados en las estadísticas del Consejo General del
Poder Judicial.

Hoy, con 4 millones de parados y
miles de empresas en ERTE, el fin del Estado de Alarma va a suponer
una escabechina para las familias que esperan la llegada de las
sentencias judiciales para que abandonen sus viviendas ante la falta
de pago o el fin de los contratos de alquiler.

En esta situación
el mercado inmobiliario está congelado. En Barcelona y Catalunya las
firmas de nuevos contratos se ha reducido hasta un 20% por el miedo
de los propietarios a no cobrar el alquiler, mientras una franja nada
despreciable de los hogares y de los jóvenes, superior al 25%, ya no
tiene perfil financiero ni para hipotecarse ni para alquilar. Pero
aun así, la caída brutal de ingresos en los hogares no se refleja
en los precios, que están en máximos históricos especialmente en
las grandes ciudades. Los diferentes datos que hemos buscado indican
que el peso de los salarios en el PIB nacional se ha reducido por
debajo del 50% (ver bibliografía).

En ese marco, caída de ingresos de los hogares y precios máximos de la burbuja, se aprobó el Decreto-ley catalán de «moderación de rentas del alquiler» que legaliza la burbuja y salva el negocio de los propietarios inmobiliarios. Pero también la Ley del Derecho a la Vivienda, de la cual el runrún de los tabloides ya se ha encargado de rebajar las expectativas, que está en trámites en el Congreso de los Diputados, incluirá medidas sobre el mercado de alquiler. La ley catalana, recurrida por el PP en el Constitucional, se ha construido respetando los desorbitados precios máximos de burbuja (fianzas legales depositadas en la Agencia catalana de l’Habitatge). La española seguro será mucho más tímida.

En las ciudades, donde se concentra el grueso de los contratos de
alquiler, las rentas han crecido exponencialmente, sobre todo
respecto de los salarios, cuyo porcentaje en la renta nacional se
reduce desde la crisis del 2007, lo que redunda en que la actual
pandemia lance a decenas de miles de hogares a vivir de la
beneficencia estatal con el dinero que llega gracias al Banco Central
Europeo, cuyas compras masivas de deuda pública a la banca privada
ponen al Gobierno y sus políticas en manos del poder financiero
global.

Hay
dos máximos históricos en la ciudad de Barcelona en el registro de
las fianzas legales: 2008 (12,2€ el m2) y
2017 (13,6€ el m2) que se pueden extrapolar al conjunto del Estado
español por esas épocas. Eso hace que hasta un ¡70%! de la renta
familiar disponible de los centenares de miles de hogares que viven
en alquiler se va a pagar un arrendamiento desbocado de la vivienda
que no tiene parangón europeo, ni porcentual ni cualitativamente. Un
40% de los inquilinos de Viena pagan una media de 5,4€ el m ².
Menos de la mitad de lo que paga un inquilino de Madrid o Barcelona.

España: El alquiler escaso y más caro que en los países europeos de más renta.

El alquiler es escaso precisamente en las franjas de viviendas más asequibles, las más pequeñas, que a su vez concentran las que tienen más de 70 años y los peores índices de habitabilidad europeos. Una vergüenza posible debido a que el Estado español renunció desde la dictadura a construir un parque de vivienda pública de alquiler asequible. Y este exiguo lote ni siquiera creció en los 40 años de democracia porque «los partidos constitucionales» abrazaron el modelo económico de la dictadura, basado en el motor de crecimiento de la construcción inmobiliaria nacido al calor de las declaraciones del primer ministro de vivienda franquista Jose Luís Arrese: ¡no queremos una España de proletarios sino de propietarios!

La Vivienda de Protección Oficial –
VPO- creada en esa época fue el crisol de la sociedad de los
propietarios, luego copiada en los 80 por los Reagan y las
Thatcher. La vivienda de compra, como activo financiero y
patrimonial, fue posible por el crédito hipotecario de la
omnipotente banca española de las grandes familias, reducida hoy por
cierto a los 4 grandes bancos del IBEX35, en comunión carnal con los
grandes fondos de inversión de Wall Street, que
conchabados con nuestros patrios banqueros,
operan desde
los paraísos fiscales en el jugoso mercado inmobiliario español.

El esfuerzo público para crear esa clase propietaria de varios millones de personas fue todo un éxito mundial del franquismo, y su continuidad en el constitucionalismo «democrático« representa una prueba fehaciente de la permanencia del bloque hegemónico de la piel de toro, a pesar de los cambios de la arquitectura institucional. Pero también es un éxito porque esa clase propietaria, profundamente reaccionaria, mantiene cautivos electoralmente a los partidos constitucionales y ha determinado la estabilidad política del bipartidismo con los apoyos autonómicos de CiU y PNV.

Es imposible calcular ese enorme esfuerzo inversor del Estado español
para consolidar su particular sociedad de los propietarios en
términos legislativos, judiciales, presupuestarios, en ayudas
directas -de suelo urbanizable o subvenciones- o indirectas al sector
inmobiliario y bancario para asegurar la construcción y financiación
de viviendas. O las ayudas fiscales directas a la compra de vivienda
-incluidas las segundas residencias que inundaron el suelo patrio de
colonias de adosados- y las inestimables ayudas fiscales en el IRPF a
los caseros desde hace tres décadas.
Sólo las ayudas fiscales
en el IRPF a la compra – hoy eliminadas- en las recientes décadas
han supuesto ya una inversión o pérdida patrimonial del Estado
cercana a los 100.000 millones. A lo que habría que sumar las
desgravaciones fiscales al alquiler y las exenciones fiscales de
gastos que en 3 décadas podrían superar los 300.000 millones de
euros entre el IPRF y el Impuesto de Sociedades. Y este cálculo no
está hecho en base a lo perdido en recaudación sino por lo que se
hubiera podido cobrar con un sistema fiscal justo que castigara a las
rentas ociosas sobre las del trabajo, a lo que habría que sumar el
fraude tolerado de los caseros en el IRPF, que antes del 2000
superaba el 75% -actualmente ha bajado a poco más del 40%- según
fuentes del sindicato de Inspectores de Hacienda GHESTA.

El reciente estudio realizado por
Miguel Artola, investigador del instituto Juan de la Cierva del
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de
Madrid, sobre la evolución de la desigualdad social en
España, muestra, como explica eldiario.es, que las rentas
del capital crecen al cuadriplicarse el peso del ladrillo,
ya que las actividades inmobiliarias multiplican por cuatro su peso
en las rentas del capital entre 1995 y 2018 (del 2% al 8% de la renta
nacional). El investigador achaca al precio de la vivienda y, sobre
todo, a los aumentos de más del 40% de los alquileres en las grandes
ciudades el hecho que las rentas inmobiliarias ganen tal peso en las
rentas del capital en las sociedades jurídicas.

El 70% de la acumulación de la riqueza en España desde 1950 está vinculada al sector inmobiliario

Pero un estudio anterior de Artola nos acerca aún más a nuestra tesis: La riqueza en España, 1900-2014: Un país de dos tierras (Wealth in Spain, 1900-2014: A Country of Two Lands). Tal exhaustivo trabajo concluía que más del 70% de la acumulación de la riqueza en España desde 1950 está vinculada al sector inmobiliario.

Nuestra tesis es por tanto que, en contra de lo que se dice,
España sería uno de los países europeos que más ha gastado en
vivienda en las últimas décadas, pero para crear una franja de
población enriquecida y rentista que se distribuye en las
rentas altas y medias, entre los diputados, los magistrados,
militares y la Iglesia católica, entre las capas medias y altas de
los funcionarios, entre directivos bancarios directamente implicados
en las operaciones inmobiliarias y toda la estructura de agentes de
la propiedad, entre las familias de clase trabajadora que en las
mejores épocas de la segunda mitad de siglo supieron acumular con su
esfuerzo y las herencias un patrimonio inmobiliario que por si solo
les permite vivir holgadamente con 10 o más viviendas alquiladas o
jugando con las plusvalías inmobiliarias en las ventas. Tampoco
debemos olvidar la pléyade de pequeños propietarios arrendadores –
la mayoría de caseros españoles- que usan el alquiler como
complemento de salarios menguantes. Una mayoría silenciosa que
cimenta los pilares del régimen partitocrático con mando en plaza
en el Estado español.

Así, no puede entenderse de otra
manera toda la actividad procíclica de las administraciones públicas
españolas en el sector inmobiliario que explican pormenorizadamente
I. López y E.Rodríguez en Fin de Ciclo …… y que caracteriza la
larga onda expansiva del capitalismo hispano (1959-2010) (*1).
En su libro explican que los datos de Contabilidad Nacional del
período 1995-2006 indican que en este período el 53,5% de los
empleos generados se dirigieron al sector inmobiliario, con el
consiguiente efecto arrastre sobre la economía. Incluso el papel de
los Ayuntamientos ha sido crucial en un espacio público totalmente
privatizado, porque la intervención de esas administraciones locales
en las mejoras o las remodelaciones urbanísticas, de comunicación,
grandes eventos, monumentos etc. acababan creando plusvalías que se
añaden al valor de los activos inmobiliarios afectados y redundaban
en las profusas cuentas de resultados de las grandes constructoras y
en la pléyade de comisionistas que perpetran corruptelas de toda
laya.

Por tanto, pensamos que la
inversión del Estado español podría superar en las últimas
décadas el billón de euros en crear esa sociedad de los
propietarios, cuyos parámetros se definieron en la
dictadura como la máquina perfecta de propulsión del crecimiento
económico, llegando hasta nuestros días como un pacto no escrito de
las élites nacionales, uno de cuyos exponentes más claros y
duraderos políticamente ha sido «el tamayazo» en Madrid. Un
país que se ufana en concentrar la riqueza en el patrimonio y en el
ladrillo beneficiando a una clase rentista.

Además, la entrada en el euro supone
un nuevo espaldarazo a ese modelo económico, con las políticas
monetarias “expansivas” del Banco Central europeo que
aceleran las inversiones de la banca privada y las titulizaciones de
deuda en una de las ramas más rentables de su negocio que es el
sector inmobiliario. Por ello, el golpe de Estado financiero que
supone el Tratado de Maastricht insufla energía a la banca privada
española internacionalizada con la capacidad ilimitada de crear
dinero como deuda y lleva al mercado hipotecario y la sociedad
de los propietarios española a récords planetarios. En
esta época, España consigue el récord del 90,1% de los
hogares españoles viviendo en una vivienda en propiedad, lo que
reduce el mercado de alquiler tanto como para que nosotros hablemos
de «burbuja del alquiler del 2007», basada en el achicamiento de la
oferta, mientras paralelamente explotaba la
hipotecaria. Basta mirar las cifras de la tabla anterior para ver
como Barcelona tiene un pico de precio de los arrendamientos en 2008,
para derrumbarse con la crisis hasta el 2016-17, años en los que una
nueva burbuja supera en precios a la anterior en 1,4€ el m2, de
12,2 en 2008 a 13,6 en 2017.

Es la época de la digestión de la
crisis inmobiliaria y bancaria española, que lanza a cerca de
800.000 hogares perdedores al mercado de alquiler tras la
expropiación financiera de sus viviendas por los bancos (con la
colaboración judicial y legislativa del Congreso) que, con
transfondo de la Sareb o banco malo del PP (socializando
pérdidas y privatizando beneficios) facilitan que se repartan el
botín en los paraísos fiscales con los fondos internacionales de
inversión europeos y especialmente de Wall Street.

El pacto de Estado
entorno a la figura del rentista

La gran pregunta
que hay que hacerse sería por tanto la siguiente: ¿por
qué razón las supuestas sagradas leyes del mercado no funcionan en
el inmobiliario? El
compañero Pablo Carmona da una acertada explicación, que
comparte casi todos los elementos con lo que defendemos aquí,
respecto de cómo en un país empobrecido las rentas del alquiler
suben -sobre todo en las viviendas más humildes ocupadas por las
clases populares-:

Como
hipótesis de partida, una afirmación, este proceso especulativo ha
tenido como objetivo principal el mantener el poder adquisitivo de
las rentas medias y altas de nuestro país. De telón de fondo
estaría la imperiosa necesidad de mantener los valores y la
rentabilidad del patrimonio inmobiliario de las clases rentista
medias y altas, hecho fundacional de la economía política de
nuestra democracia. Un
pacto de Estado donde las oligarquías financieras y de gobierno
saben que los activos inmobiliarios son un sustento central del
conjunto de nuestro sistema, que pone en el centro a los no menos de
2,5 millones de personas que reciben algún tipo de renta de
alquiler.

Ningún
análisis sobre la cuestión de la vivienda puede obviar este acuerdo
tácito de redistribución de dinero contante y sonante para estas
familias rentistas. Beneficios para las clases medias y altas del
país que se ejemplifican en dos grandes líneas de actuación
pública. La primera, la de garantizar políticas de vivienda y
urbanas que mantengan los precios elevados. El objetivo es proveer de
rentas extraordinarias y de mayores cotas de bienestar a los sectores
rentistas, entrando aquí un amplio abanico de rentas medias y altas.
Y la segunda, un gran pacto
fiscal que permite que este modelo rentista y especulativo —tan
distribuido por el conjunto de la sociedad—, tenga
cargas fiscales casi inexistentes.

…

Así
se explica que gobiernos de
todo signo se nieguen en redondo a modificar esta realidad.
También es la muestra de
cómo las rentas más bajas y precarias
—arrojadas al mercado del alquiler—, alimentan
y sostienen los niveles de renta de estas clases propietarias.
Esto hace que el aumento de rentas de alquiler se deban vincular
también a condicionantes propios de las clases medias, como la
pérdida de ingresos por vías salariales tras la crisis de 2008.
Pero también como vía para sufragar con estas rentas extra los
servicios privados de cuidado (residencias, seguros, cuidados
personales) a los que no llega nuestro sistema de bienestar.

La dimensión de la clase rentista con intereses inmobiliarios

Si miramos el Resumen de las Memorias
Estadísticas del 2004-16 del IRPF – Ministerio de Hacienda –
vemos como desde el 2004 al 2016, última serie publicada, el número
de declarantes ha ido subiendo hasta los 2,36 millones en 2016,
personas físicas que han percibido algún tipo de renta de alquiler
entre locales y viviendas. El Ministerio de hacienda no da datos
concretos sobre el Impuesto de Sociedades.

Resumen de las Memorias Estadísticas
del 2004-16 del IRPF – Ministerio de Hacienda – Gobierno del
Reino de España

Para el año 2016 se pueden afirmar
las siguientes constataciones:

hay
2.362.915 declaraciones de personas físicas que
declaran percibir rentas de alquiler de locales y viviendas
estas
declaran percibir 18 mil millones de euros en
rentas de las que se deducen 6,6 mil millones en gastos. El capítulo
de gastos deducibles se ha triplicado con respecto al de ingresos.
Con el fraude no reconocido la cifra de ingresos rentistas
en España superaría los 30.000 millones anuales.
sólo
1,6 millones de personas propietarias en sus declaraciones desgravan
por vivienda el 60% que permite el artículo 23.2 de la Ley del
IRPF.
que
el valor por el que no pagan impuestos por el alquiler cobrado es de
3,673 mil millones de euros
que
entre gastos deducibles y desgravaciones no pagan impuestos por más
de 10.300 millones de euros lo que representa un 60% de lo
percibido.
con
esos datos de las columnas en una década el Estado deja de ingresar
impuestos por casi 100.000 millones de las prebendas a la propiedad.

De la tabla anterior también se
pueden deducir las dimensiones de la clase rentista, que en un
sentido amplio serían 2,36, o un mínimo 1,6 millones – computando
sólo viviendas- de propietarios que hacen declaraciones de IRPF. Al
montante anterior habría que añadir los miles de acccionistas o
propietarios de sociedades jurídicas de diversa índole que declaran
las rentas del alquiler en el Impuesto de Sociedades, mientras que
los beneficios tributan como rentas de capital invertido o
dividendos. Los beneficiarios directos son también el conjunto de
personas que viven en esos hogares, e indirectamente todos aquellos
que son conscientes ideológicamente de cuál es la mano que les da
de comer dentro del negocio inmobiliario, que tiene un amplio abanico
de empleos, empresas, directivos, cargos intermedios, etc como hemos
explicado.

A esa clase rentista, que calculamos a partir de los datos oficiales del Ministerio de Hacienda, habría que añadir una cifra en torno a más del 40% de los que no declaran sus rentas y cobran en negro, por lo que la cifra podría llegar grosso modo hasta los 3,8 millones, partiendo del mínimo de 2,7 millones – sólo viviendas- de propietarios y sus familias. A todo ello habría que sumar los que sólo declaran como rentas del capital o acciones y todos los demás beneficiados directa o indirectamente.

Por todo lo anterior, nos
atrevemos a afirmar que la
dimensión de la clase rentista con intereses inmobiliarios,
directamente o indirectamente beneficiada en el suculento negocio,
podría
estar en torno a los 5 o más millones de personas.
He aquí pues la fuerza social hegemónica que ha determinado el
largo período de estabilidad del bipartidismo con apoyos autonómicos
desde la Transición. Es
una quinta parte de los votos emitidos en las elecciones generales
del 2019, pero el porcentaje podría ser en realidad muy superior, ya
que los ufanos rentistas no se pierden una elección que les permita
cimentar sólidamente sus profusos privilegios.

Esta es la fuerza
electoral rentista que tiene parasitado el sistema electoral español,
que permite que gobiernos de todo color se nieguen en redondo a
modificar esa realidad y que las estrategias de los partidos
constitucionales estén cautivas del modelo económico franquista
desde hace casi medio siglo.

Desposesión de la riqueza patrimonial inmobiliaria y su redistribución entre las clases populares.

O cómo han convertido en un circo las leyes del derecho a la vivienda y regulación de rentas de alquiler

Todos los estudios recientes llegan a la conclusión de que en España
han crecido las desigualdades hasta los niveles insoportables de
pobreza que se palpan en las calles de nuestras ciudades. Si el 70%
de la acumulación de la riqueza en España desde 1950 está
vinculada al sector inmobiliario, esto ha sido posible también
porque esa riqueza nunca ha sido gravada fiscalmente para su
redistribución -como indica el artículo 47 de la Constitución de
la Transición del franquismo y el preámbulo de la Ley de
Arrendamientos Urbanos -LAU- sobre la función social de la
vivienda-.

El pacto de Estado no escrito
en torno a la figura del rentista ha sepultado las
bonitas palabras constitucionales volviendo irrelevantes los
Impuestos de Sucesiones o el del Patrimonio, o provocando que el
Impuesto de Sociedades recaude sólo una octava parte de lo que se
confisca a las rentas del trabajo en el IRPF, o que la las exenciones
fiscales y las desgravaciones a la patronal del
alquiler provoquen un agujero fiscal de más de 10.000 millones
anualmente, teniendo además en cuenta que más del 40% de los
alquileres no se declaran. Todo el cotarro está montado para
que funcione como un win-win para esa clase rentista de la
sociedad de los propietarios nacida al calor del franquismo.

Pero la desigualdad se vuelve
ya insultante cuando se comparan las declaraciones de
renta de un inquilino trabajador y su casero rentista en la web de la
Agencia Tributaria y se descubre que el inquilino trabajador,
por los mismos ingresos que su casero, paga hasta un 1000% más de
impuestos. Así lo expusimos pormenorizadamente en un
estudio anterior: los
asalariados españoles pagan un 1000% más de fiscalidad que las
rentas inmobiliarias de alquiler.

La clase rentista
no solo parasita las estructuras del Estado, sino que lo configura,
como hemos tratado de fundamentar en este texto, en su propio
beneficio, por lo que no es de extrañar que el súperministro
Ábalos, cuyo partido es uno de los artífices de la Transición y de
la Constitución, se oponga a la ridícula y bienintencionada
regulación de alquileres que proponen los sindicatos de vivienda y
Unidas Podemos.

Lo que resulta
inverosímil es que Unidas -Podemos fíe a la regulación de precios
con límites, fórmula ensayada y fracasada en otros países
europeos, una tímida reducción de precios, camuflando de paso el
debate acerca de la profunda desigualdad en torno al modelo económico
de nuestro país, sustentado en que los alquileres desangren a los
más pobres y en que las sufridas clases populares aporten el 75% de
los ingresos del Estado. En román paladino, el Estado español
confisca a los pobres para engrosar las ya de por sí repletas arcas
de los que se “enriquecen mientras duermen”.

A pesar de
la triste constatación anterior, la realidad es que lo importante es
que los sindicatos de vivienda y el súperministro Ábalos están de
acuerdo en que si alguna cosa no se toca en el debate actual de la
nueva Ley del Derecho la Vivienda es la profunda desigualdad causada
por las exenciones y las colosales desgravaciones fiscales que
figuran en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades a mayor gloria de
las rentas del capital. Todos
ellos tienen miedo a tocar los intereses de esa clase rentista y por
eso ocultan los datos de la desigualdad social en España para que no
sea el centro del debate y convertir este debate en un circo en torno
a la regulación, para poner límites a las subidas de alquileres.

Igualmente causa
pena observar cómo algunas de las organizaciones sociales como los
sindicatos de vivienda o algunas pah, a las que los medios de
comunicación les dan todos las cuotas de pantalla, han impuesto el
discurso de «los fondos buitres» y «los especuladores«, una
moralina que no resiste un análisis serio pero que nuevamente oculta
las verdaderas fuerzas sociales en liza entre el derecho a la
vivienda y la vivienda como patrimonio en nuestro país desde la
guerra civil del 36.

Las clases
populares NECESITAN YA UNA
REDUCCIÓN SUSTANCIAL DE LOS ALQUILERES Y SACAR AL MERCADO ESE STOCK
OCIOSO DE VIVIENDAS VACÍAS QUE únicamente SE PUEDEN MANTENER PORQUÉ
CASI NO TRIBUTAN. Una revolución
incruenta de esa naturaleza, aun sin salir de los marcos hoy
legalmente establecidos, debería hacerse con unos parámetros del
debate que aún están totalmente desdibujados en la opinión
pública:

Una
ley de alquiler social obligatoria u opcional en el mercado libre
(98% de los contratos de alquiler). Adaptar los alquileres a la
renta disponible de los hogares arrendatarios. ¿Cómo?
- aplicando
  la norma Rebus Sic Stantivus, como
  ha hecho la Generalitat de Catalunya con los locales comerciales,
  pero a las viviendas.
- condicionando
  los gastos deducibles a contratos de alquiler social.
- generalizando
  las desgravaciones fiscales a todos los inquilinos en función de
  la renta disponible y el precio del alquiler.
- la
  generalización de las ayudas acabaria con el fraude oculto de los
  alquileres.
- Justificación:
  1. Un
    arrendamiento es un negocio como cualquier otro. No puede tener
    especiales ventajas fiscales si no es por una razón social:
    alquiler social.
  2. A
    no ser que el BCE dé presupuesto nuevo para vivienda social el
    estado español no tiene capacidad para un parque de viviendas
    públicas de alquiler asequibles en varias décadas para
    satisfacer las necesidades actuales.
  3. Ergo
    las administraciones deben meter mano ya en el mercado libre y
    romper el espinazo de la clase propietaria y sus patrimonios.
Eliminar
los gastos deducibles a los alquileres que se mantuvieran fuera de
la ley.
- Incrementar
  sobre los mismos la presión tributaria incremental hasta la
  confiscación o sinónimo que se quiera del 80 o 90% como en los
  mejores tiempos del siglo pasado en el tratamiento de las rentas
  ociosas.
Eliminar
las desgravaciones fiscales al alquiler de viviendas incluidas las
sociales. Justificación:
- ¿Por
  qué razón las rentas del trabajo no podrían entonces tributar
  también con un 60% menos o cualquier otro negocio no tendrían los
  mismos derechos?
- ¿por
  qué tributan más los que trabajan que los que viven de rentas
  volviendo la sociedad a épocas que creíamos superadas de los
  nobles?
Impuestos
muy gravosos a las viviendas sin empadronamiento o vacías y a la
venta de viviendas que no sea para hogar principal.
Municipalización del
suelo urbano sin indemnización. El suelo siempre ha estado
ahí, no puede ser objeto de venta y más cuando en las grandes
ciudades supone hasta el 75% del valor de los inmuebles.

El debate actual sobre la regulación para poner límites superiores a los alquileres es por tanto una cataplasma que no va a solucionar nada si no se rompe el espinazo a la sociedad de los propietarios y su poder social que configura de raíz todo el modelo económico español. La amplia base social de la sociedad de los propietarios -con todo el aparato mediático a su servicio- tiene como objetivo complicar la aprobación de la medida que mejor aseguraría una vivienda digna para todos: la expropiación de las viviendas vacías y ociosas para dar cabida a la necesidad imperiosa de garantizar el derecho a techo. Pero para ello necesitamos unas mayorías sociales dispuestas, organizadas y conscientes del reto para dar un revolcón a nuestro modelo social y desposeer –expropiar– a los que mandan. Posiblemente sería una revolución cruenta, y el franquismo tuvo muy presente que la mejor manera de evitar una nueva revolución como la del 36 y las expropiaciones de la guerra civil era asegurar la sociedad de los propietarios a partir del pistoletazo de salida del modelo desarrollista en 1959.

A pesar del tiempo transcurrido, el eslogan fundacional del sueño húmedo de la dictadura en pos de asegurar la paz social no ha cambiado ni un ápice: ¡NO QUEREMOS UNA ESPAÑA DE PROLETARIOS SINO DE PROPIETARIOS!

Nota:

1. I. López y E. Rodríguez, Fin de Ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de los propietarios en la larga onda expansiva del capitalismo hispano (1959-2010). pag 429 y cita 24.

Salva Torres, con la colaboración especial de Alfredo Apilánez.

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