El 2 de abril del año 2017 el candidato Lenín Moreno se proclamó vencedor de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Moreno obtuvo la presidencia tras una campaña basada en un plan de gobierno de corte social, prometiendo el continuismo del bienestar e institucionalización de los años del gobierno de Rafael Correa. Frente a él, como candidato opositor de la derecha reaccionaria se situaba Guillermo Lasso, representando la línea dura neoliberal.
Tras cuatro años, el final del mandato de Moreno se acerca y el balance de su gestión demuestra que, lejos de implementar su propuesta original, efectivamente votada por el pueblo ecuatoriano, el gobierno de Moreno ha desarrollado las propuestas del programa de Guillermo Lasso. Moreno implantaba así un “neoliberalismo por sorpresa”, subvertiendo el mandato representativo para situarse al servicio de una minoría que, en realidad, había votado a por Guillermo Lasso.
Para demostrar esta afirmación es imprescindible volver a recordar el
escenario económico-social en el que se convocaron las elecciones de
2017. El Ecuador de 2017 afrontaba las elecciones en un clima
socio-económico que había experimentado una década de mejora progresiva.
Entre 2006 y 2016 aproximadamente 1,5 millones de personas dejaron de
ser pobres y la pobreza extrema se redujo a la mitad (aproximadamente
900 mil personas dejaron de serlo). La pobreza multidimensional entre
2009 y 2016 se redujo de 27,2 a 16,9; la diferencia entre el ingreso del
10% de la población más rico y del 10% más pobre descendió de 36,4
veces a 24,3. En términos laborales, el país había reducido el empleo
informal en 17 puntos y tenía la cifra de desempleo más baja de América
Latina, con un aumento de casi 2 millones de personas afiliadas al IESS.
Según los datos de 2016, el ingreso familiar mensual del hogar cubría
el 95,7 % de la canasta básica. Además, en términos de empleo público,
es posible hablar de una multiplicación por dos del número de empleados
en áreas tan fundamentales como la salud y educación, con salarios
dignos.
En aquel escenario, el candidato Lasso presentó unas propuestas de
entre las que podemos resaltar las siguientes: realizar una consulta
popular sobre las reformas recientes de la constitución y
“despolitización” de los organismos de control; asegurar la
independencia técnica del Banco Central; reducir del sector público;
aprobar una ley para “blindar” la dolarización; reducir de impuestos y
aranceles; supresión del impuesto de Salida de Divisas; atracción de
inversión extranjera y firma de tratados de libre comercio; aumentar de
la productividad de la industria petrolera, energética y minera mediante
una mayor participación del sector privado; “racionalizar” los recursos
orientados a la lucha contra la pobreza o desinvertir en empresas
públicas y compañías donde el Estado tenga participación accionarial
mayoritaria. En materia laboral, el plan incluía medidas para impulsar
modalidades contractuales precarias (flexibilizar el tiempo de trabajo,
disminuir las jornadas y el salario, etc), o atípicas (contratos
especialmente precarios para jóvenes); reformar la regulación del
despido (bajo la sutil expresión de “simplificar los requisitos para la
incorporación y desvinculación”); incorporar bonificaciones fiscales
para los empresarios sin importar la tipología contractual con la que
generen puestos de trabajo; o privilegiar la inversión extranjera
mediante la concesión de ventajas vinculadas al uso de la mano de obra.
No es difícil encontrar como todas estas medidas se plasmaron en las
reformas normativas y políticas públicas realizadas por el gobierno de
Lenín Moreno, desde sus inicios y en particular tras la aprobación del
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional -FMI-. De hecho, en el
acuerdo se vincula el préstamo de este organismo con una serie de
condicionalidades que implican la adopción de un amplio número de
reformas normativas que coinciden completamente con las destacadas en el
párrafo anterior. La alineación del programa de Lasso, de las
exigencias del FMI y de la actuación del gobierno del morenato es una
ecuación perfecta. Así, y como en otros escenarios, el FMI exigió una
devaluación interna con la precarización de la vida de las mayorías
sociales del país.
Señalando tan solo algunas de las reformas acometidas, debemos
recordar que desde los inicios del gobierno de Moreno se pusieron en
marcha reformas laborales para abaratar la mano de obra en sectores
conectados con las empresas de los ministros del ramo (como el sector
del banano y el antiguo ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, conocido
empresario bananero, cuyo hermano era presidente del Gremio de
Exportadores de este producto). A continuación se acometieron reformas
fiscales para reducir impuestos a los inversores extranjeros y grandes
empresas, que han supusieron una pérdida para las arcas del Estado del
1,2 % del PIB (según estimaciones del propio FMI) o de 1.310 millones en
2019 según otros análisis. Otra de las grandes reformas fue la temprana
derogación de la “Ley Orgánica para evitar la especulación” (conocida
como “ley de plusvalía”) para complacer a las Cámaras de la Construcción
(cuyo representante Enrique Pita fue incorporado como consejero del
Consejo Nacional Electoral, máximo organismo en temática de elecciones
en Ecuador). De manera paralela, el Gobierno impulsó un “plan de
adelgazamiento” del Estado, que ha implicado la supresión de
ministerios, la reducción presupuestaria y los despidos en el sector
público. Según las previsiones del FMI, la factura salarial del sector
público debería reducirse en un 10%, lo que implicaría unos 140.000
despidos de funcionarios públicos. En realidad, como bien sabe la
ciudadanía de Ecuador, han sido más.
El gobierno de Moreno actuó en dirección totalmente opuesta a las
propuestas que el Ecuador había votado, incumpliendo el mandato popular y
con claro desconocimiento de los principios básicos de la democracia
representativa. Los resultados, además de faltos de legitimidad de
origen, han provocado una debacle social sin precendentes en la historia
del país.
Durante sus años de gobierno, Moreno ha incorporado a 1,87 millones
de personas a la pobreza, una cifra superior a la de personas que se
logró que dejaran esta posición en diez años. Lo propio ocurre con la
pobreza extrema, entre 2016 y 2019 más de 98 mil personas retornaron a
esta situación. Si sumamos las incorporadas en el año pandémico, 2020,
tenemos un total de 1,17 millones de personas en condición de pobreza
extrema. La lacra del trabajo infantil ha vuelto a ser un problema
acuciante en el Ecuador, y en 2019
ya se situaba en el 8,9%; el nivel más alto observado entre 2007 y
2019. En esta misma línea, la pobreza multidimensional en el área rural
ha aumentado en casi 11 puntos: 7 de cada 10 personas son pobres
en dimensiones no de ingresos, sino también educativas, de salud,
seguridad social y hacinamiento. Además, si en 2019 10 de 14 indicadores
de pobreza se deterioraron, en 2020 todos lo hicieron.
La pobreza se vincula de manera inescindible a la precarización en el
ámbito laboral, cuyo crecimiento exponencial ha derivado directamente
de las reformas de la legislación del trabajo realizadas por el
ministerio del ramo y por el conjunto de normas que han implementado las
directrices económico-sociales del FMI. La errónea política laboral
adoptada desde el inicio de la pandemia (la mal llamada Ley
Humanitaria), que se ha desarrollado en sentido contrario a las
directrices de la Organización Internacional del Trabajo y al conjunto
de países que se han enfocado en proteger a la población y no a asegurar
los beneficios de las élites económicas, ha disparado las tasas de
precarización existentes. En este ámbito, el gobierno ha querido ocultar
el desastre con la burda estrategia de manipular los datos
estadísticos, modificando, sin explicación técnica la muestra
levantada por el Instituto Nacional de Estadísticos y Censos. De hecho,
esta voluntad de ocultar los datos dio lugar a un considerable retraso
en la presentación de los resultados de la Encuesta de Empleo. Su
publicación en enero de 2021 muestra unos datos poco creíbles,
comparados con los países del entorno y el desempeño del sistema laboral
ecuatoriano en crisis anteriores. La renuncia del director del INEC
días antes de presentar los resultados es una muestra más del
desgobierno y la desinstitucionalización del morenato, que prefiere
gobernar a ciegas antes que publicar los datos reales del mercado de
trabajo y, de esa manera, ocultar los resultados de la derecha
reaccionaria gobernando.
Dada la ausencia de datos fiables, es necesario atender a la realidad
de diciembre del año 2019 que, en términos laborales, ya anunciaba el
desastre. Si analizamos la precarización, considerando
el nivel de ingresos, seguridad social y estabilidad, observamos un
aumento de la misma del 0,397 en 2016 al 0,427 en 2019. El aumento del
desempleo, que ya era una realidad en diciembre de 2019, se ha disparado
con la pandemia sin que existan políticas orientadas a paliar la
pobreza de la fuerza de trabajo que se ha quedado sin empleo. De nuevo
sin datos fiables, es posible estimar este aumento atendiendo a la
terminación de contratos laborales durante la pandemia. Entre marzo y
agosto de 2020 finalizaron más de 175 mil. El ascenso de las denuncias aumentó en casi un 487% entre marzo y noviembre de ese mismo año.
Con este terrible panorama, la apuesta continuista del candidato
Lasso contiene unas propuestas que pretenden apagar un fuego echándole
gasolina y, por supuesto, sin subsidio. El aliado permanente de Moreno
durante su mandato, plantea un programa de gobierno netamente aliado con
el ajuste neoliberal que ha aplicado el morenato de la mano del FMI.
Entre sus propuestas encontramos, de nuevo, medidas como la
flexibilización laboral, la rebaja de impuestos, las privatizaciones o
el fomento del “emprendedurismo”. Recetas todas ellas fracasadas para
las mayorías sociales pero inmensamente rentables para las élites
económicas.
Como muestra de esta alianza de intereses entre las clases dominantes
y el gobierno de Moreno-Lasso es posible utilizar la información
tributaria. Analizando la misma observamos cómo si en 2016 la relación
entre los ingresos de las élites empresariales en relación al salario
básico unificado ascendía a 88 veces mientras que en 2019 esta relación se situaba en 131 veces.
En términos históricos esta evolución es más evidente. Mientas que la
proporción de los ingresos per cápita que se lleva el decil más rico se
situó en 2007 en el 43,47%, esta proporción disminuó en 2016 hasta el
35,51%, para volver a aumentar hasta el 35,96% en 2019 y hasta el 38,55%
en 2020. En otras palabras, los más ricos se llevan mayor parte de la
torta tal y como ocurría hace diez años. Así, y mientras se imponía un
estancamiento del salario –incluido su total congelamiento para 2021- se
estaba permitiendo (y promoviendo) un aumento brutal de los ingresos de
las élites lo que exacerbó la desigualdad en el país.
Los datos no mienten. Si gana Lasso, aliado permanente de Moreno y
del FMI en estos cuatro años de gobierno, no puede esperarse más que el
continuismo en la aplicación de la agenda neoliberal y su profundización
más reaccionaria. La segunda vuelta es una oportunidad para rechazar a
quienes gobiernan al servicio de las élites económicas y de espaldas a
las mayorías sociales.
Autores: Adoración Guamán y Jonathan Báez Valencia