El martes 2 de noviembre el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó el estado de emergencia en la Macrozona Sur, lo que le posibilita movilizar las Fuerzas Armadas. Desplegó a los militares en la Araucanía, y en la región del Bíobió a la marina. Este hecho provocó la movilización de mapuches, que alzaron barricadas. La policía los atacó con perdigones y lacrimógenos. A la tarde los militares restituyeron el camino.
A la noche,
por lo que informaron conductores atacados, los militares comenzaron a
disparar, de forma indiscriminada, contra los coches que pasaban en la ruta
Cañete-Tirúa, sin que hubiera presencia de manifestantes. Cuatro personas
resultaron heridas.
Según informa Resumen (Chile) un
comunero, Jordan Liempi Machacan de 23 años, fue asesinado en el sector San
Miguel de Huentelolén, cuando fueron disparados por efectivos militares al
intentar evitar una detención. Otro mapuche fue también asesinado con lo que el
saldo por ahora es de dos muertos y 10 heridos.
A la tarde mapuches marcharon de la comuna Cañete hacia cruce Peleco.
La presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncon,
junto a los 17 representantes de los pueblos originarios
realizó un vídeo en el que repudian los asesinatos y la represión. Loncon ha
tachado al estado de implementar una «política racista que esta afectando a
nuestras comunidades».
Por su parte el Movimiento por la Defensa del Agua, la Protección de la
Tierra y el Respeto al Medio Ambiente (MODATIMA)
hizo público un cartel en el que acusa al ejército de que «defienden a las
forestales esparciendo muerte», añadiendo que «El pueblo sin miedo solidariza
con el pueblo mapuche por sus dos weichafes caidos».
Estado de emergencia tras otro
Hay que tener en cuenta que este estado de emergencia fue decretado a días
de otro que Piñera declarara en las mismas regiones en torno al 12 de octubre y
que duró dos semanas. En una fecha que para el pueblo mapuche significa el
inicio de su opresión y despojo, se le sumaba la reciente revelación de
operaciones financieras ilegales y contra el medio ambiente del propio Piñera. Como
parte de la publicación de los Papeles de
Pandora se conocía que el actual presidente de Chile omitió no
declarar la protección ambiental la zona donde debía emplazarse el proyecto
minero Dominga de su mejor amigo. La operación de 152 millones
de dólares se realizó a través de una empresa en el paraíso fiscal de Islas
Vírgenes.
En esa situación, el gobernador de Araucanía, Luciano Rivas, declaró que el estado de emergencia correspondía a la situación de “crisis de seguridad muy alta“. Lo curioso es que esa crisis se remonta a hace mucho tiempo, en este caso, desde que se celebra ese 12 de octubre, y que el estado chileno, lejos de escuchar las demandas, prefiere seguir como antes (o peor!). También hay que ponerlo en el contexto del reciente descontento político y social que vive Chile y que tuvo su mayor expresión en el Estallido de 2019 y 2020 y que también supuso la orden de estado de emergencia en casi todo el país del 19 al 26 de octubre de 2019 y una fuerte represión, lo que cuenta de las dificultades de este gobierno y su impopularidad que aumenta cada día.
Más muertos para la triste lista
Pero sobre
todo hay que ponerlo en el contexto de esa histórica represión y despojo contra
el pueblo mapuche con las heridas más recientes por el asesinato de Matías
Catrileo, de Pablo Marchant, de Millanao Cañuta o encarcelamientos como el del
machi Celestino Córdova. El más reciente es el mapuche Pablo Marchant,
asesinado el 9 de julio por Carabineros cuando este se encontraba con otros
comuneros reivindicando el derecho territorial en contra de la forestal
Mininco, empresa perteneciente a la familia Matte. Esta empresa también tiene
acusaciones por asesinatos contra otros dos comuneros mapuches, Jorge Mariman
Lomcomilla y Matías Carique Loncomilla, asesinados por Carabineros en Pidima,
zona de Ercilla (Araucanía). Este agosto también fue asesinado Millanao Cañuta
en la misma comuna, cuando intentaba recuperar ganado que le habían robado.
Protesta tras el asesinato del mapuche Pablo Marchant
Dentro de la
resistencia juegan un papel decisivo las organizaciones mapuches Coordinadora
Arauco-Malleco (CAM) y sus Órganos de Resistencia Territorial (ORT), y desde el
2011, Weichán Auka Mapu (WAM) (que en mapundungum significa Lucha del
Territorio Rebelde). Ambas abogan por acciones de sabotaje y también por
ocupaciones de tierras, para recuperar su territorio y obtener autonomía. CAM y
ORT operaron sobre todo de 2008 a 2012, y WAM sobre todo desde 2013 hasta la
fecha. WAM entiende que las empresas latifundistas, forestales, energéticas y
mineras son las responsables del despojo y represión que históricamente ha
sufrido el publo mapuche. Una de sus acciones más espectaculares fue el
incendio de 29 camiones de la empresa forestal Sotraser (grupo Bethia), y 18 de
la empresa Calafquén en septiembre de 2017. WAM calificó la acción como de
“violencia defensiva” contra los proyectos destructores y expoliadores.
Estas acciones fueron además objeto de represión y manipulación del cuerpo
de carabineros, que fabricaron pruebas para acusar a personas, como demostró la
Fiscalía Nacional. Estos se suman a muchos otros montajes de
Carabineros contra el movimiento mapuche que incluye la infiltración para luego
cometer delitos que endosar luego a ese movimiento, presentación de testigos
falsos y evidencia falsa (como en el caso que llevó a prisión a Celestino
Córdova), o presuntas confesiones realizadas bajo intimidación y tortura, así
como la fabricación de pruebas para argumentar autodefensa en asesinatos por la
espalda y ejecuciones extrajudiciales de mapuches (Alex Lemún en 2002, Matías Catrileo en
2008, Jaime Mendoza Collio en 2009, Brandon Hernández Huentecol).
En septiembre de 2017 Weichán Auka Mapu reivindicó el incendio de 29 camiones de la forestal Sotraser y 18 de la empresa Calafquén.
En el lado argentino más de lo mismo
Al otro lado
de los Andes, el pueblo mapuche sufre la misma situación, actualmente exacerbada
por una ofensiva política, empresaria y mediática contra los pueblos
originarios. Por un lado una marginación y represión histórica, y por otra el
expolio de su territorio, sobre todo también por negocios forestales. Además de
arrebatarles su territorio, las forestales talan el bosque nativo para
sustituirlo por pino, que con las actuales condiciones climáticas de sequía, es
propenso a los incendios. Esto ha supuesto un problema añadido para las
comunidades mapuches de Patagonia, ya que en 2020, 300 familias perdieran sus
viviendas.
Ya trajimos aquí el conflicto recientemente provocado en la comunidad Lof Quemquemtreu en otra recuperación de tierra y posterior represión. Éste caso tiene también en común la criminalización del pueblo mapuche en general, y más en concreto de esos que osan cuestionar el orden establecido. La criminalización parte de las instituciones, del gobierno central y el regional, en esta caso con Arabela Carreras al mando, así como de la élite empresarial, y es continuado por los medios de comunicación.
Para ello asocian primero los incendios acontecidos con el pueblo mapuche,
para luego tacharlos de actos terroristas, con lo que estigmatizan a los
mapuche como terroristas. En este caso, mención especial tiene el incendio
del Club Andino
Piltriquitrón de El Bolsón que fue considerado un acto terrorista mapuche,
pese a la nula evidencia y la ausencia de reivindicación.
En el ámbito de los incendios, como ocurre en el lado chileno con otras organizaciones mapuches, muchos han sido históricamente atribuidos a Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), muchas veces sin evidencia. Hay al menos dos fallos judiciales donde no se pudo probar la autoría de esa organización.
Símbolo mapuche en la asamblea de asambleas comunitarias de Chubut en Yala Laubat, pequeña comunidad que se quedó sin agua, pero con gran fuerza espiritual. (Aníbal Aguaisol)
La estrategia no es nueva: la misma y manida táctica de otros gobiernos como el de Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que ante esa amenaza, como en Chile, la gobernadora Carreras propone mandar a los federales y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Pero además de estigmatizar, esa calificación justifica medidas policiales y judiciales desproporcionadas. Y después sirve para justificar penas, porque el racismo está enraizado en el sistema, y pese a la existencia de numerosas normas que amparan los derechos indígenas, los jueces racistas y supremacistas no los aplican.
En Río Negro ninguna comunidad indígena tiene título comunitario (de más de
2000 comunidades indígenas identificadas en Argentina solo 100 lo tienen). Pero
además es la única provincia que no aplica la Ley 26.160 o Ley de Tierras,
vigente desde 2006, que obliga a los estados nacional y provinciales a hacer un
diagnóstico (relevamiento) de las comunidades originarias, sobre las
tierras que habitan y su relación histórica con ellas, para que algún día se
les entreguen los títulos de propiedad originaria (Según un Informe del
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como informa Página 12).
Sólo dos comunidades fueron diagnosticadas, y lo fueron cuando iban a ser
desalojadas.
Actualmente
el el gobierno argentino se ha visto en la obligación de acatar una sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para restituir 400.000 hectáreas
de tierras ancestrales de los pueblos Wichí, Iyjwaja, Komlek, Niwackle y Tapy’y
de Salta, con lo que queda clara su voluntad.
El INAI debería denominarse INACI o Instituto Nacional de Asuntos Contra
Indígenas pues cuenta con 28 causas judiciales contra comunidades indígenas. En
los casos de recuperación y tomas de tierra así como desalojos, la mayoría de
los juzgados provinciales ignoran el artículo 2 de la Ley 26.160, que impide
desalojos en el proceso de relevamiento (diagnóstico)
comunitario.
El racismo institucional que impera en la provincia de Río Negro se patentiza con ejemplos como el reciente del exsenador por esta provincia Miguel Angel Pichetto quien en unas declaraciones recientes homenajeó a Julio Argentino Roca artífice de la Conquista del Desierto1 contra los pueblos originales, al tiempo que arremetía como estos. La actitud colonialista y racista perdura en todas sus formas.
Pero esa criminalización, además de anular a los propietarios históricos y reales de esa tierra, busca distraer a la opinión pública de la realidad, que no es otra que la apropiación territorial por sujetos extranjeros y la especulación inmobiliaria. Mientras no se aplica la ley 26160 de diagnóstico y restitución de territorio indígena, sí se aplica otra que Macri aprobó, el decreto 820/2016 o “ley de tierras”. Ésta daba facilidades para el comercio de tierras, pero además blindaba a los propietarios y los protegía para que no se conozca el alcance de su propiedad. Desde la aplicación de ese decreto Santa Cruz es la provincia con más hectáreas vendidas a foráneos 19.240 hectáreas. Como denuncia el periodista Martín Ulacia, “1.877.885 de hectáreas argentinas están en manos de firmas radicadas en paraísos fiscales diseñados para evadir impuestos”.
Participantes en la asamblea de asambleas comunitarias de Chubut realizan un cultrún (tambor ritual) y círculo de la cosmovisión mapuche gigante (Aníbal Aguaisol)
Nota:
1 La Conquista del Desierto es el nombre que recibe la última etapa de la colonización del actual territorio de Argentina, el de la parte sur, que tuvo lugar de 1878 a 1885. Esos años demuestran que no fue del todo fácil, que hubo oposición, y eso sólo se entiende si existe una población, y una población opuesta. Por otro lado, los dos vocablos del término denotan la realidad: “Conquista”, tuvo que ser por la fuerza, arrebatando territorio, lo que significa despojo. Mientras “Desierto” no concuerda con el significado real de la acepción y de esa zona, pero sí con el objetivo de mostrar esa tierra como inhabitada y así legitimar esa “conquista”. Al esfuerzo de presentarla como deshabitada, se añadió después (hasta la actualidad) el deslegitimar a parte de sus habitantes, los mapuches, como foráneos provenientes del lado chileno, y a otros habitantes como nómadas. Los supervivientes de la “conquista” fueron recluidos en reservas, encarcelados o esclavizados.
Para más información ver:
– “Patagonia,
criminalización, militarización y violación de derechos humanos en territorio
ancestral mapuche. Compilado por Patricia Agosto. América libre
2012.
– “MAPU CHILLKANTUKUN ZUGU: Descolonizando el Mapa del Wallmapu, Construyendo Cartografía Cultural en Territorio Mapuche.” Miguel Melin, Pablo Mansilla, Manuela Royo. Pu Lof Editores (Chile).
(ENGLISH)
Fuente: https://aplaneta.org/2021/11/04/defienden-a-las-forestales-asesinan-a-mapuches/