El miércoles en la Legislatura de Río Negro fue declarado de interés el proyecto para la instalación de una planta de Hidrógeno Verde por parte de la empresa australiana Fortescue Future Industries S.A, así como también el proyecto para la creación de una Zona Franca en la localidad de Sierra Grande.
Si bien fueron aprobados por unanimidad, distintos actores han
realizado críticas respecto del uso y propiedad de la tierra: desde vecinos
autoconvocados y comunidades mapuches, hasta el intendente de Sierra Grande,
Renzo Taburrini. Consideran que el proyecto no ha tenido el tratamiento ni el
debate público adecuado, así como tampoco se han realizado las consultas
debidas para el uso de las tierras fiscales que se pretende ceder a la empresa.
¿Qué implica este proyecto?
El proyecto de hidrógeno verde fue presentado por el Presidente Alberto Fernández en la Cumbre de Glasgow el año pasado. En diciembre, junto a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, firmaron un convenio para crear la Zona Franca, como medida para potenciar la región y facilitar el plan de desarrollo de hidrógeno verde mediante la creación de un parque industrial.
La propuesta de ley presentada en la Legislatura por la
provincia establece las condiciones para que se pueda realizar el procedimiento
de licitación pública y, de esta manera, concesionar el uso de tierras fiscales
provinciales. La planta industrial se ubicará en el ejido de la Municipalidad
de Sierra Grande y ocupará un área aproximada de 650 hectáreas, localizadas
dentro de la Zona Franca de Punta Colorada. La misma tendrá un plazo de 50
años, prorrogables por 25 años.
“Se trata de un proyecto integral que incluye toda la cadena
industrial productiva asociada al mismo, el cual requerirá de una planta de
generación de energía eólica a los fines de abastecer la demanda de los
electrolizadores en sus distintas fases de ejecución”, explica el proyecto de
ley.
Para ello será necesario el diseño, construcción y puesta en
funcionamiento de las obras del proyecto integradas por parques para generación
de Energía Eólica; la línea de transmisión eléctrica obtenida de dichos parques
para abastecer las plantas desalinizadora, de electrólisis y de amoniaco; y un
puerto para el transporte.
La Tecla Patagonia habló con un representante de la comunidad mapuche, el Intendente de Sierra Grande y el Secretario de Planificación del gobierno de la provincia de Río Negro, para conocer sus posiciones y seguir el conflicto del Hidrógeno Verde desde cerca.
Orlando Carriqueo. Vocero de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro
Las comunidades indígenas de la Costa Atlántica presentaron el lunes un documento en el cual expresaban su preocupación por las tierras fiscales que serán cedidas a la empresa para la producción de Hidrógeno Verde ya que la mayoría están ocupadas por familias mapuches tehuelches. Se verían afectadas cerca de 32 comunidades. En la misma línea, el martes estuvieron presentes en la comisión plenaria en la que se debatía el proyecto y tuvieron la palabra.
La Tecla Patagonia dialogó con Orlando Carriqueo, quien
manifestó: “Estamos realmente preocupados por la decisión del gobierno de
llevar adelante un proyecto de esta envergadura sin consulta libre, previa e
informada”.
Sobre la presentación del documento a la Legislatura y la
participación en el plenario de comisiones explicó: “Con todos estos
antecedentes nosotros ya tenemos claro de que hemos cumplido el paso formal que
nos habilita a iniciar cualquier demanda, y denuncia internacional”.
Ante la respuesta de la gobernadora, Arabela Carreras, de
realizar Audiencias Públicas para consultar a los pueblos originarios,
Carriqueo expresó: “Eso es desconocer totalmente el derecho indígena, no se si
es ignorancia o realmente desconoce totalmente todo lo que esté relacionado con
el mismo. Pero a nosotros no nos cierra la Audiencia Pública. Para esto hay una
institución específica que se llama Consulta Libre, Previa e Informada”. Y
detalló que “cualquier familia que no esté conformada en comunidad tiene el
derecho a ser consultada sobre qué es lo que pretenden hacer en un territorio”.
La institución a la que hace referencia Carriqueo es un
dispositivo democrático y de participación entre el Estado y las comunidades
indígenas, basado en el reconocimiento de sus derechos. La misma tiene marco
jurídico nacional e internacional en el Artículo 75 Inc. 17 de la Constitución
Nacional; el Convenio Nº 169 de la OIT -aprobado por Ley Nº 24.071; el Protocolo
de CPLI a Comunidades Indígenas en Áreas Protegidas Nacionales, aprobado por
Res 458/2021.
Asimismo, el vocero de las comunidades indígenas se refirió a
las declaraciones que se hicieron en la legislatura en torno a respetar los
derechos de los pueblos originarios que residen en la zona: “Si tuviesen buena
fe lo escribirían. Ahí es donde se ve la mala fe. Ellos hablan livianamente,
dicen ‘sí vamos a respetar todos los derechos’ pero la verdad es que no los
están respetando”.
Uno de los cuestionamientos al proyecto es que dentro de las
hectáreas que planean entregarse se encuentra la Meseta de Samuncura que es un
Área Natural Protegida. Al respecto, Carriqueo manifestó: “Es un territorio
indígena por excelencia, forma parte de una espiritualidad trascendente para el
pueblo mapuche. Es una zona en la cual no se puede recetar cualquier cosa que
se le ocurra a cualquier gobernante”.
Además explicó que “las 625 mil hectáreas que pretende entregar
el Estado a una empresa con gente adentro, significan 100 mil unidades
productivas para 100 mil familias. Eso es algo que nosotros no estamos
dispuestos a dar”.
Para Carriqueo, el proyecto del Hidrógeno Verde se trató muy
rápido ya que la plenaria de comisiones fue el día martes y el miércoles ya se
debatió en la legislatura, la cual estuvo rodeada por la fuerza policial. Al
respecto, señaló: “Cuando la policía rodea la legislatura, es porque adentro se
está cocinando cosas que no es conveniente que la sociedad sepa. Eso es grave
institucionalmente, muestra claramente que detrás de este discurso de la
energía renovable, que detrás del discurso del progreso, que detrás del
discurso del trabajo se esconde el negociado de la vida”.
“Nosotros vemos ‘gato encerrado’ detrás de este manejo que está
haciendo el gobierno nacional y el gobierno provincial. El impacto ambiental no
está claro, no hay información, nadie sabe lo que significa. Nos muestran fórmulas
químicas para sacar las moléculas de hidrógeno y oxígeno, pero la verdad es que
en lo real nadie sabe qué es lo que va a pasar, y eso es grave”, denunció el
representante de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche.
“Lamentablemente le tengo que decir a la gobernadora y al presidente Fernández, que si pretenden llevar adelante el proyecto así, de esta manera, va a haber conflictos, y eso se lo puedo garantizar”, sentenció.
Renzo Taburrini. Intendente de Sierra Grande (FdT)
La Tecla Patagonia también se comunicó con el intendente del
Frente de Todos de Sierra Grande, Renzo Taburrini, localidad en la cual se va a
delimitar la zona franca y se va a llevar a cabo gran parte del proyecto de
Hidrógeno Verde.
El jefe comunal explicó que no había sido elevado ningún reclamo
de las comunidades originarias al municipio, sino que el mismo fue presentado
en la legislatura.
Desde el Frente de Todos propusieron un cambio en la
conformación del directorio del Ente de Promoción y Fiscalización del Complejo
Productivo y Exportador de la Zona Franca, el cual está conformado por 2
legisladores, 3 miembros del ejecutivo provincial, 1 miembro del ejecutivo
municipal y 1 miembro de las empresas.
En este sentido, Taburrini manifestó: “Nosotros en la comisión
propusimos ampliar a 1 concejal por el municipio y 1 integrante de las
comunidades de pueblos originarios”. Sin embargo, la propuesta fue desestimada.
Por otra parte, el funcionario propuso cambios en el proyecto
para la producción de Hidrógeno Verde ya que, si bien el mismo es presentado
como un emprendimiento integral de toda la cadena productiva, “después en el
reparto del canon y en el reconocimiento de todas las jurisdicciones que van a
integrar este proyecto, desconocen a Sierra Grande”.
El jefe comunal también señaló: “Pedimos respeto por la
jurisdicción, porque el mismo proyecto habla que en el sector de Punta Colorada
va a estar emplazado el parque industrial de zona franca. Y no hay ninguna
consulta hecha al intendente o a la municipalidad de manera formal a ver si
esta tierra se puede poner en uso industrial”.
“Estos son pasos que la provincia debe dar porque está
invadiendo la jurisdicción en el uso de la tierra. Sierra Grande es la única
ciudad de la provincia que tiene definido por ley el ejido municipal. Nosotros
tenemos tierras fiscales municipales pero aparte definimos el uso que le va a
dar cada una de las parcelas y de los sectores que conforman el ejido. Y la
provincia define el uso de la tierra sin una consulta al municipio”, detalló el
intendente.
En este sentido, el intendente aclaró que la provincia “está
avasallando los derechos de las comunidades originarias y está avasallando la
jurisdicción del municipio en el uso de la tierra”.
“Los legisladores del Frente de Todos en la comisión plenaria previa a la sesión han defendido esta postura pero no han tenido en cuenta nada de lo que hemos planteado”, agregó. Al consultarle sobre la posibilidad de que este conflicto se resuelva respondió: “No, yo creo que no, pero nos quedan otras instancias todavía”-
Daniel Sanguinetti- Secretario de Estado de Planificación del gobierno de Río Negro (JSRN)
En diálogo con La Tecla Patagonia, el Secretario de Estado del
Gobierno de Río Negro, Daniel Sanguinetti, señaló que el proyecto de Hidrógeno
Verde “es muy grande, con muchas aristas y fases, en cada una de esas etapas se
van realizando los pasos correspondientes”.
“Para que el hidrógeno salga verde, en una punta de la cadena
productiva tiene que haber Parques Eólicos y del otro punto un barco en un
puerto, En el medio hay muchos pasos, a definirlos desde lo administrativo,
legal, por parte de la provincia, y desde de lo técnico, estudios y permisos,
por parte del inversor”, aclaró Sanguinetti.
El funcionario señaló que “el primer acuerdo que se firma con la
empresa interesada es que haya intercambio de conocimiento y transferencia de
tecnología con el sector científico de Río Negro. Desde el día cero, se fue
comunicando todo lo que tiene que ver sobre el Hidrógeno en la provincia, hay
un portal especial en la página de la provincia, donde se va cargado toda la
información y noticias”. Y agregó que “los científicos realizaron más de 60
charlas informativas en cada uno de los lugares. Sierra Grande fue uno de los
lugares, incluso”.
En cuanto a la participación de otras voces en el proyecto,
declaró: “La provincia tenía la potestad del tratamiento de este proyecto por
la Ley de Iniciativa Privada, con un decreto de la gobernadora lo aprobaba. Sin
embargo, se decidió que fuera a la legislatura donde están todos los bloques
que representan al pueblo de Río Negro votadas en elecciones democráticas”.
El funcionario indicó que los municipios tienen participación:
“La Ley que crea la zona franca es una ley nacional, con ciertos
condicionamientos que tenemos que acatar. Involucra a los municipios cuando
señala que tiene que haber un representante de ellos en el ´Comité de Vigilancia´.
que es el organismo que va a controlar al concesionario que va a estar radicado
en la zona franca”.
Sobre el reclamo por la Consulta Libre exigida por las
comunidades originarias, aseguró que “está previsto en una etapa posterior al
tratamiento en la legislatura”. Y en torno al impacto ambiental expresó que “se
harán los estudios geológicos, batimétricos para el puerto correspondientes en
esta nueva etapa”.
Poniendo paños fríos al asunto, indicó que “no hay
enfrentamiento ni malos entendidos. De una forma u otra, siempre el gobierno de
la provincia escucha todas las voces, hay que llegar a un punto de consenso
para seguir pasando a nueva etapas porque todavía falta”.
“Estamos ordenando el proceso para que el inversor pueda construir la infraestructura y podamos ser la primera provincia argentina que produzca hidrógeno verde”, concluyó Sanguinetti.
Julia Lastra y Esteban Ramos / La Tecla Patagonia