En 2019, un grupo de niños llevó al gobierno peruano a los tribunales, buscando que desarrolle un plan nacional para frenar la deforestación.
Los niños y niñas,
todos ellos menores de ocho años y representados por sus padres, argumentaron que el hecho de que el Estado
no lo hiciera violaba su derecho a disfrutar de un medioambiente sano, así como
sus derechos fundamentales a la vida, el agua y la salud. Dijeron que la
deforestación en la Amazonía peruana genera una pérdida de servicios
ecosistémicos y contribuye a la generación de emisiones de gases de efecto
invernadero que causan el cambio climático.
49 es el número de casos de litigios relacionados con el clima de América Latina y el Caribe registrados en la base de datos Litigio Climático. La mayoría se han iniciado en los últimos cinco años
Su caso aún está
pendiente, pero llega en medio de una oleada de litigios sobre el clima en todo
el mundo, con casos que promueven la acción climática que ganan cada vez más. Y
aunque la mayoría suceden en Estados Unidos, Australia y Europa, también hay un
movimiento en constante crecimiento en América Latina, que tiene sus propias
características.
Litigio Climático,
una plataforma de litigios climáticos de América Latina y el Caribe,
fue lanzada en febrero por la Asociación Interamericana para la Defensa
del Ambiente (AIDA) junto con organizaciones y abogados que están detrás de
algunos casos en la región. En ella se muestra que hasta ahora se han iniciado
unos 49 casos legales, la mayoría en los últimos cinco años. Algunos de ellos
tienen que ver con el cambio climático, mientras que otros se refieren a
cuestiones ambientales asociadas, como la minería, el fracking y la
contaminación, entre otros.
La base de datos está a cargo de María
Antonia Tigre, directora para América Latina de la Red Global para el Estudio
de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente (GNHRE), y becaria de litigio
climático global en la Facultad de Derecho de Columbia. Dice que los litigios
sobre el clima en general han surgido de la frustración por la falta de
ambición mostrada por los responsables políticos internacionales y
nacionales.
Tigre señala que,
mientras que los juicios climáticos en el Norte Global han tendido a centrarse
en la extracción y combustión de combustibles fósiles, muchos casos
latinoamericanos se centran en la eliminación de los sumideros de carbono de
los bosques de la región. El caso de Perú es un ejemplo pertinente.
Y, a diferencia de sus
homólogos occidentales, suelen enmarcar el cambio climático como una
violación de los derechos fundamentales. El gobierno de Guyana ha
sido llevado a los tribunales por dos ciudadanos
que afirman que la aprobación de licencias de exploración petrolera en alta mar
viola su derecho y el de las generaciones futuras a un medioambiente sano.
Los litigios despegan en América Latina
Tigre también es la
autora principal de un artículo que se publicará próximamente en el Journal of
Human Rights and the Environment, en el que se analiza si la región está
«liderando silenciosamente» una revolución en los litigios sobre el
clima.
Su análisis muestra el
papel crucial del «constitucionalismo ambiental» -la invocación del
derecho constitucional para proteger el medioambiente- en América Latina. Se
dice que los casos recientes y emergentes «a menudo se basan en el derecho
a un medioambiente sano como base jurídica principal» para cuestionar la
falta de políticas climáticas. Otros casos reconocen que los acuerdos
internacionales son vinculantes desde el punto de vista jurídico.
Algunas de las teorías
legales que se están presentando son realmente innovadoras
«Los litigios
sobre el clima [en América Latina] están todavía en una fase inicial, y los
casos tardan mucho en llegar a un punto de decisión, pero algunas de las
teorías legales que se están presentando son realmente innovadoras», dice
Tigre a Diálogo Chino.
Se espera que una de
las próximas decisiones legales importantes en la región se produzca en Brasil,
donde el Tribunal Supremo Federal está considerando dos demandas climáticas que
cuestionan las políticas de deforestación del país.
No está claro el camino que tomará la
Corte, pero la ministra Cármen Lúcia, ponente del caso, citó una opinión consultiva de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que reconoce el derecho a un medioambiente
sano y la decisión del mismo tribunal en el caso Lhaka Honhat, que condenó a Argentina por
violar los derechos de los pueblos indígenas.
Tigre confía en que
el Acuerdo de Escazú, que entró en vigor el año pasado, contribuya también
a apoyar los litigios sobre el clima aumentando el acceso a la justicia, brindando
oportunidades de acceso a la información y mejorando la participación pública
en la toma de decisiones.
Señala que Escazú ha
sido mencionado en las audiencias del Tribunal Supremo de Brasil, aunque este
país aún no ha ratificado el acuerdo. «Estas cosas llevan un poco de
tiempo, pero creo que marcarán la diferencia».
Siguen existiendo obstáculos
A pesar de los
constantes avances recientes, los expertos subrayan que litigar en América
Latina tiene sus propios retos particulares.
En un reciente artículo del que es coautora, Tigre afirma
que la corrupción sigue siendo «generalizada y profundamente
arraigada», especialmente en industrias multimillonarias como la de los
combustibles fósiles y las extractivas, con el riesgo de que los académicos
sean cooptados por las empresas o los gobiernos. Probar y combatir este
problema es «extremadamente difícil y peligroso», escriben.
También existen
importantes riesgos personales a la hora de litigar en América Latina, una
región que según Global Witness es la más peligrosa para los
defensores del medioambiente y de los derechos humanos. Tigre añade que la
falta de recursos también puede dejar a los demandantes desprotegidos, no sólo
de la violencia, sino del estrés emocional o del estigma social.
Aunque la mayoría de
los juicios concluidos han apoyado la acción climática, algunos casos
fracasan. En Ecuador, un grupo de indígenas amazónicos perdió su
litigio contra una rama local de una de las mayores empresas petroleras de
China.
E incluso si se gana
un juicio, no hay garantía de que se aplique.
Este es el caso de uno
de los éxitos más notables en materia de litigios regionales: una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 2018 que
establece que el gobierno colombiano debe proteger su parte de la Amazonia de
la deforestación. Según la organización sin ánimo de lucro Dejusticia, con sede
en Bogotá, la sentencia no se ha aplicado adecuadamente, y la deforestación continúa a buen ritmo, mientras
que en los lugares donde se está abordando, el gobierno la utiliza como excusa
para expulsar violentamente a los campesinos y, por tanto, para cometer
abusos contra los derechos humanos.
No es una fórmula
mágica en la que en un día o una semana se tenga un resultado. Puede llevar
años. Tenemos que ser abiertos sobre estos temas
Juan Auz es
investigador en derechos humanos y derecho del cambio climático en América
Latina en la Escuela Hertie, una institución de investigación en Berlín. En el
acto de presentación de la plataforma Litigio Climático,
el investigador advirtió que no se debe tener «fe ciega» en los
litigios para resolver todos los problemas climáticos.
«No es una
fórmula mágica en la que en un día o una semana se tenga un resultado. Puede
llevar años. Y muchas veces te quedas sin recursos. Tenemos que ser abiertos
con las comunidades con las que litigamos sobre este tipo de asuntos.»
James McKeigue,
redactor de LatAm Investor, afirma que hacer frente a las demandas climáticas
no parece ser una de las prioridades de las empresas extractivas de la
región, que están más preocupadas por las protestas locales contra el
medioambiente y las comunidades. Sin embargo, señala que América Latina
«va a llevarse la peor parte de los daños medioambientales locales
causados por la transición energética», ya que es la fuente de
muchas materias primas esenciales, como el litio para
las baterías.
No obstante, los
expertos esperan que los litigios sobre el clima se amplíen considerablemente
en América Latina en los próximos años. En un reciente artículo publicado en el Journal of Human
Rights and the Environment, Auz concluye que, «dada la enorme
importancia de los ecosistemas latinoamericanos para la protección de los
derechos de miles de comunidades, es probable que las demandas sigan enmarcando
el cambio climático como uno de los muchos argumentos de derechos humanos.
«
Gladys Martínez,
directora ejecutiva de AIDA, dijo que espera que la plataforma
regional sirva de inspiración para nuevos casos y ayude a conseguir resultados
que impulsen la acción climática. «Tener una plataforma en español en la
que se puedan consultar los principales casos activos de la región es una
oportunidad única y una forma de aunar esfuerzos».