Guzmán, cumpliendo el sueño de Dujovne
El ajuste que está teniendo lugar desde que asumió el Frente de Todos es una realidad imposible de negar por muchas volteretas que se busque dar para explicar que esto no sería lo que está ocurriendo. Una de las muestras recientes de este intento la encontramos en una nota del columnista económico de Página/12 Alflredo Zaiat que, como señala Fernando Rosso en su réplica, incurre en una serie de falacias que no le alcanzan para tapar el sol con las manos. El grado de este ajuste, sobre todo desde finales de 2020 y durante los primeros cuatro meses de este año, sorprende gratamente a los habituales voceros de la austeridad que pasean habitualmente por los programas de televisión. Domingo Cavallo congratuló en los últimos días a Martín Guzmán porque “puede exhibir los resultados de los cuatro primeros meses como un ajuste fiscal muy superior al presupuestado”. El exministro de Menem y De la Rúa destacó que dicho ajuste “es consecuencia de un gran aumento de la recaudación impositiva y de un atraso importante de las prestaciones de la seguridad social y de los sueldos públicos en comparación con el resto de los gastos”.
Es que mientras el ministro de Economía se cruzaba
con su subordinado Federico Basualdo, el subsecretario de Energía, y
con otros funcionarios, por el alcance de los aumentos tarifarios de este año y
otras cuestiones de la política económica, en un cruce que era leído desde
algunos sectores como una puja entre ajustadores y no ajustadores dentro de la
coalición oficial, estaba teniendo lugar un recorte del gasto y del déficit que
supera holgadamente lo que dice el presupuesto. Esto, que era evidente para
cualquiera que mirara las planillas de Economía, no produjo ningún chispazo
entre los miembros de la coalición gobernante. Veámoslo más en detalle.
1. Si observamos el resultado fiscal en los cuatro
primeros meses del año, podemos comprobar que el gasto crece muy por debajo de
la inflación (el Tesoro amarroca), mientras que la recaudación vuela, sobre
todo gracias a los altos precios de la soja. Los ingresos del Tesoro nacional
crecieron a un ritmo de 63,9 % respecto del primer cuatrimestre de 2020,
mientras que los gastos solo aumentaron 33,1 %. Abril mostró un aumento de
precios minoristas de 46,3 % anual, lo que significa que hay una reducción
del gasto en términos reales de poder de compra.
2. Los más castigados por este “ajuste” (con perdón
del término) del presupuesto fueron las prestaciones sociales, que aumentaron
nominalmente 24,3 % en enero-abril respecto de igual período de 2020, es
decir, la mitad del ritmo inflacionario. Esta partida engloba jubilaciones,
asignación universal por hijo y otras transferencias. Los haberes jubilatorios
mostraron en abril una caída en su poder de compra de 13,4 %, que como
afirma un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), es “explicada
mayoritariamente por la brecha entre la actualización de los haberes ajustados
según la nueva fórmula de movilidad y la tasa de inflación”. Sería embarazoso
que alguna proclama, como la que difundieron el 25 de
mayo algunos referentes del kirchnerismo manifestándose por un cambio de rumbo
económico, hiciera aspaviento sobre este punto; tanto la suspensión
de la movilidad jubilatoria desde comienzos de 2020, como el nuevo cambio en la
fórmula de ajuste, los dos pasos que habilitaron este nuevo robo a los
jubilados que continuó el realizado por Macri, solo se pudieron llevar a cabo
gracias a los votos de diputados que responden a Máximo Kirchner y de los
senadores que se encolumnan tras CFK aunque como vicepresidenta no sea
formalmente la titular del bloque. Difícil esquivar el bulto del rol
protagónico que les cabe en las cuentas que Guzmán pone en orden para contentar
al FMI.
3. Aunque la pandemia no ceja, el gobierno casi no se
desvió de lo presupuestado y evitó aumentar los gastos sociales por fuera de
los $ 15.000 por única vez otorgados a los beneficiarios de la AUH, y la
ampliación de la Tarjeta Alimentar. Esto explica que en abril el gasto en
“otros programas sociales” mostrara una caída de 61,7 % en términos
reales, que se debe a la ausencia de cualquier IFE.
4. Como observa la OPC y destacaba el lunes pasado
Marcos Buscaglia, el columnista económico que acompaña a Carlos Pagni en Odisea Argentina, el resultado fiscal, bastante cercano
a un “déficit cero”, se alcanza incluso sin contar el “aporte solidario” a las
grandes fortunas, que lleva recaudados $ 145.000 millones y planea llegar a $
230.000 millones. Si se incluyeran estos ingresos, el saldo de estos cuatro
meses sería marcadamente superavitario. ¿Será que Guzmán prefirió no explicitar
este resultado para no despertar la envidia de Dujovne, ministro de Macri que
no se animó a ambicionar tanto?
5. Uno de los lugares adonde la tijera no llegó es a
los negocios financieros generados por la política monetaria. Recordemos que en
tiempo electoral Alberto Fernández decía que la plata que se le pagaba a los
bancos con las llamadas Letras de Liquidez (Leliq) que les entrega el Banco
Central como parte de un enmarañado mecanismo para sacar pesos de circulación,
podía tener mejores destinos como aumentar las jubilaciones; mejora que como
vimos no ocurrió, sino todo lo contrario. El negocio de las Leliq, en cambio,
no solo no se terminó, sino que creció de manera gigantesca. Ahora los bancos
pueden festejar nuevamente, porque las últimas medidas del Banco Central los
autorizan a hacer un negocio aun más rentable: pueden sustituir esas Leliq en
sus encajes por bonos del Tesoro, que pagan todavía más interés. En la Argentina fernandista, otra vez, gana la banca.
Lo mismo vale para el FMI y otros organismos, que siguieron cobrando como si
nada, y recibieron USD 10 millones por día desde que
asumió Alberto Fernández.
6. El ajuste no es solo del gobierno; también tiene
lugar por parte de los empresarios, entre la anuencia e impotencia (en dosis
variables) de los funcionarios del gobierno que según el relato kirchnerista
deberían “disciplinarlos”. Las empresas se han prestado a la remarcación serial
de precios, con el resultado de que la inflación ya fue en 5 meses de
17,6 %. El gobierno hace mesas de acuerdos de precios para ponerle un
freno a la carestía y toma otras medidas de dudoso éxito como el cierre de
exportación de carnes, pero al mismo tiempo también aporta lo suyo al
recalentamiento inflacionario con los aumentos del combustible que encabeza la
petrolera de mayoría accionaria estatal y la autorización de aumentos de las
tarifas de gas y electricidad.
7. Lo único que tiene techo por debajo de la inflación
son los salarios. Los gremios, bien dispuestos a hacer su aporte a la
gobernabilidad, cerraron paritarias que, salvo excepciones, no superan el
35 % de incremento salarial. Después de que los salarios perdieran poder
de compra todos los años desde 2016 (excepto por una moderada y efímera
recuperación en 2017), con los incrementos pactados queda archivada la idea con
la que coqueteó el oficialismo de que este sería el año de la recuperación
salarial. Para colmo millones de monotributistas, muchos de ellos trabajadores
precarizados, se anoticiaron el viernes pasado que deberán afrontar un
incremento, retroactivo a enero, de 35,3% en sus pagos mensuales a la AFIP.
8. Esta combinación explica la “redistribución de la
riqueza”, marcadamente regresiva, que se observa desde finales de 2020. Según
señala un reciente informe del Centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo
y Desarrollo de la Universidad de San Martín, las ganancias de los empresarios
aumentaron su participación en el “reparto de la torta” mientras los salarios
retrocedieron [1]. El deterioro de los salarios frente a
la inflación, el aumento de la desocupación y el recorte del gasto social,
explican el nuevo salto de la pobreza, que afecta al 42 % de la población
en todo el país.
Por supuesto que esta foto del ajuste fiscal no es
toda la película: se vienen las elecciones y es de esperar que el Tesoro abra
la billetera. Pero, a diferencia de otros años electorales, esta eventual
puesta en suspenso de la austeridad fiscal ocurrirá muy cerca de las
elecciones, lo cual hará que su impacto sea mucho más acotado. Y promete ser
solo una pausa para retornar luego del test de las urnas a los lineamientos que
se impusieron en estos meses. Guzmán seguramente podrá mostrar a fin de año un
déficit fiscal mucho menor al 4,5 % que dice el presupuesto. La labor
cumplida del ministro posiblemente se plasme en algún momento de los próximos
53 días en una señal del FMI que sea suficiente para que el Club de París
otorgue una prórroga para cumplir con el vencimiento que el país dejó sin pagar
el lunes pasado por USD 2.400 millones. De ser así, Argentina evitará la
disyuntiva de usar los dólares que el Banco Central pudo juntar gracias a la
cotización récord de la soja para pagar esa deuda, o concretar otro default con este grupo de deudores después de
haberles transferido miles de millones de dólares desde 2014, año en que esa deuda aumentó
“mágicamente” USD 3.600 millones en un solo día gracias a las artes
negociadoras de Axel Kicillof, entonces ministro de Economía. No
evitará, eso sí, pagar onerosos intereses punitorios –por las generosas
condiciones para con los acreedores que negoció el mismo Kicillof– que seguirán
sumando a esta hipoteca que se ha ido reciclando desde 1956.
Desde las filas del oficialismo presentan el ajuste
como producto inevitable de la pandemia. Pero al profundizar exponencialmente
la crisis, lo que la pandemia hizo no fue más que poner en evidencia las opciones
políticas. ¿Por qué el ajuste recayó sobre los jubilados y no sobre los bancos?
¿Por qué el pato de la boda fueron los salarios y no las ganancias? ¿Por qué
para bajar los subsidios se aumentan las tarifas y no se estatizan bajo control
de trabajadores y usuarios las empresas eliminando el lucro capitalista? ¿Por
qué los niveles de gasto covid fueron de los más amarretes de América Latina y
del mundo mientras al FMI y demás buitres se les sigue pagando religiosamente
los intereses? Evidentemente no son decisiones dictadas por el virus. Las
opciones tomadas son resultado de moverse entre los estrechos márgenes de lo
que la clase capitalista no está dispuesta a ceder a los asalariados y las
exigencias del FMI, con el cual no hay ningún acuerdo inminente pero así y todo
manda sobre las acciones del equipo económico.
La larga
agonía del capitalismo dependiente argentino
Un reciente artículo de Adrián Piva analiza la crisis
actual y sus consecuencias políticas a la luz de lo que define como un
agotamiento de las condiciones de acumulación de capital en el país que se
arrastra desde hace una década [2]. Piva señala que:
En Argentina, la última gran reestructuración productiva se produjo en la primera mitad de los noventa, en el marco de la ofensiva neoliberal, y la fase de estancamiento iniciada en 2012 encuentra uno de sus fundamentos en el agotamiento de la base productiva sobre la que se desarrolló el crecimiento entre 2003 y 2011.
En igual sentido que Piva, hemos señalado que durante
la década de 1990, bajo las condiciones impuestas por la apertura de la
economía y la convertibilidad, tuvo lugar una “transformación regresiva de las
relaciones entre las clases y de la estructura productiva” que “benefició a
importantes sectores del empresariado” [3]. Pero las condiciones para el ciclo de
expansión de 2003-2011 (interrumpido durante parte de 2009 por la crisis
internacional) no se explican solo por esta transformación estructural. La
megadevaluación que siguió a la salida de la convertibilidad y un ajuste con varias dimensiones terminaron
de crear las condiciones para un ciclo de rentabilidad elevada durante varios
años que fue la verdadera “caja negra” del ciclo posconvertibilidad,
como señalaba Axel Kicillof antes de empezar a decir prácticamente lo contrario
para no contradecir el “relato”.
Una vez agotadas estas condiciones, el gobierno de
CFK administró el agotamiento apelando
a una serie de medidas que le permitieran llegar “con lo justo” a 2015,
cumpliendo el “trabajo sucio” en la medida de lo
indispensable, lo cual no le evitó una ruptura con amplios sectores del
movimiento obrero por la reticencia a modificar el “impuesto al salario”. Esta
política no significó evitar o mitigar las condiciones que llevaban al ajuste,
sino simplemente que este quedó servido en bandeja para su sucesor, independientemente
de quién gobernara después. Macri se acogió a la tarea con entusiasmo, pero
rápidamente chocó con los límites de una relación de fuerzas que no le permitió
alcanzar todos sus objetivos y lo obligó a postergar varias iniciativas. La
crisis que lo condujo al Fondo producto
de la utilización febril de la deuda externa y de la bicicleta financiera,
terminó estallando en un contexto internacional marcadamente desfavorable que
volvió a ubicar al país como eslabón débil. A esta crisis se sumaron
los efectos económicos devastadores de la pandemia, que terminaron de producir
un hundimiento de la economía que acumula 14 % en 3 años.
Ahora bien, Piva describe a la coalición de gobierno
como atravesada por dos presiones opuestas. Interioriza, por un lado, “las
presiones ‘por arriba’ por el avance en el ajuste estructural, expresado en el
programa de triple reforma (fiscal, previsional, laboral) que impulsa el gran
capital”. Al mismo tiempo, “interioriza además las presiones ‘por abajo’ de
bloqueo a la reestructuración a través de la presencia en la coalición de
sindicatos, movimientos sociales y el movimiento feminista”. En esta clave
lee las internas por el rumbo económico como
un choque de fuerzas sociales metabolizado dentro de la coalición gobernante.
Sin embargo, la pregunta es de qué tipo de
“metabolización” estamos hablando. La aproximación de Piva parece dar crédito a
los sectores del oficialismo que ven allí una disputa de fondo por la
orientación económico social. Pero las tensiones dentro del gabinete por la
dirección y el ritmo de algunas medidas como el aumento de tarifas convergen en
la política de ajuste que reseñamos arriba, mientras que la retórica contraria
a estas medidas de una parte de la coalición tiene más de “válvula de escape”.
División de tareas que le dicen, en un peronismo que marcha unido hacia las
próximas elecciones legislativas.
Y esto es así por una cuestión de fondo, tal como se
puso en evidencia en el crepúsculo del ciclo político 2003-2015, cuando las férreas condiciones que
limitan al capitalismo dependiente argentino no pueden ser
contrarrestadas por una coyuntura internacional excepcionalmente favorable o
una herencia de ajuste como ocurrió desde 2003; la única alternativa al ajuste
puede pasar por poner en cuestión las
prerrogativas del gran capital nacional y extranjero y los dictados de sus
guardianes como el FMI. Pero el kircherismo, desde su origen, tuvo
por objetivo lo contrario: reconciliar a la clase trabajadora y el pueblo pobre
con el régimen, realizando algunas políticas de redistribución pero sobre la
base de mantener en lo fundamental las herencias “noventistas”.
La fuerte dependencia del capital extranjero cada vez más enraizado en el
capitalismo argentino y la primacía del extractivismo mostraron
una continuidad sin fisuras que se puede observar en la falta de alternativas
que muestra la actual administración a la búsqueda de superar las restricciones
externas de la mano de Vaca Muerta, las megagranjas porcinas para abastecer a
China, el desarrollo de la extracción de litio y otras iniciativas por el
estilo, todas de impacto limitado en materia de desarrollo y empleo, y de alto
daño ambiental.
En este mismo sentido, Piva observa acertadamente:
Guzmán, Kulfas, Todesca, y un largo etcétera, nos dirán que esa es la base sobre la cual una política industrial inteligente buscará romper los fundamentos de las crisis externas recurrentes. Y no mienten, eso efectivamente desean. Pero desde 1976 todos los gobiernos (aun cuando no quisieron, como en los casos de Alfonsín y de los Kirchner) no han hecho más que impulsar esa modalidad de desarrollo dependiente. Cuando necesitan relanzar la acumulación de capital, solo encuentran apoyo en los únicos sectores dinámicos con los que cuentan: las industrias exportadoras de commodities.
Para completar ese relanzamiento, advierte el autor,
se requiere “todavía algo más: un acuerdo con el FMI que dé la puntada final al
proceso de reestructuración de la deuda externa, y el avance en el programa de
la ‘triple reforma’”. Es decir, “continuar por otros medios y con otros modos
–mayor negociación de sus contenidos y de sus tiempos– la ofensiva contra la
clase obrera iniciada por el macrismo”.
Pero son justamente estos aspectos los que hacen que
el choque de fuerzas sociales al interior del gobierno que anuncia Piva sean en
realidad disputas –que efectivamente responden a presiones de sectores
diversos– dentro de un plan donde ningún sector de la coalición gobernante
puede favorecer un camino alternativo, porque ningún sector de la burguesía
“nacional” es capaz de romper con las condiciones de este círculo vicioso de
sumisión al imperialismo. Por eso, aunque multipliquen las “proclamas” que
repudian al Fondo y propongan investigar la deuda de Macri y el FMI
(produciendo documentos que quedan archivados en el sitio del Banco Central sin
mayores consecuencias para los actores involucrados), marchan todos juntos
rumbo al cumplimiento de los dictados del organismo internacional de crédito,
aunque lo hagan como una orquesta algo caótica y desafinada. Y si las divisiones
en el gobierno peronista se hiciesen reales frente a un escenario de
agudización de la lucha de clases, el problema sigue siendo el mismo solo que
en condiciones más graves. Experiencias en la historia Argentina desde los ‘70
a esta parte hay de sobra, ya sea en forma de tragedia o de farsa.
¿Qué hacer?
El abordaje de Adrián Piva pone el eje casi
excluyente, para pensar la intervención política, en lo que ocurre con estas
presiones encontradas dentro de la coalición gobernante. Según señala, la
integración y la desmovilización de los sindicatos y organizaciones del
movimiento de masas pueden aparecer como estrategias defensivas frente a la
ofensiva del capital y para ponerle “veto” a las contrarreformas más
estructurales, aunque al mismo tiempo esto no evita que se profundice la
crisis.
Resulta así un
arma de doble filo: la integración funciona en los hechos como un mecanismo de
aceptación pactada del ajuste que compensa las fallas del chantaje económico. Y
tanto mejor funciona el mecanismo cuanto más depende de su integración en él la
reproducción de las organizaciones. La CGT es el mejor modelo.
La pregunta entonces sería “en qué medida la presión y
la movilización por abajo y por los costados puede agrietar el mecanismo”.
Sin embargo, este esquema del “doble filo”
difícilmente pueda dar cuenta de la historia reciente, incluso si solo tomamos
desde las jornadas de diciembre de 2017 hasta la fecha. Fueron aquellas
jornadas, y no la institucionalización, las que efectivamente le impusieron un
freno a la agenda de reformas estructurales de Macri. Se distinguieron por su
carácter combativo (no meramente “de protesta”), mientras que la CGT retaceaba
el llamado al paro y Moyano se ausentaba sin aviso. Miles se movilizaron en las
columnas de diferentes sindicatos, muchos otros lo hicieron a pesar de ellos,
hubo una importante presencia de la izquierda y de los movimientos de
“trabajadores informales” y desocupados. La desmovilización motorizada por el
“hay 2019” del kirchnerismo lo que hizo fue dejar la iniciativa a los grandes
capitalistas, fondos de inversión, sojeros, bancos, etc., que pasaron a pulsear
con el gobierno de Macri y acelerar la devaluación. Luego vino el pacto
colonial con el FMI, que aunque no fue refrendado en el Congreso –porque este
no fue girado al mismo al igual que ocurrió cada vez que el país cayó en el
Fondo, lo cual no impidió que se lo tome por válido– dio las pautas para el
presupuesto 2019, votado por buena parte de quienes integran hoy el Frente de
Todos. El desarrollo de la película ya lo conocemos.
Como deja claro el ajuste que viene realizando el
Frente de Todos –para envidia de Macri– la “aceptación pactada del ajuste” no
compensa “las fallas del chantaje económico” sino que se basa en ellas. La
histórica tregua de los sindicatos y las organizaciones “sociales” oficialistas
(de ambxs Fernández) no es la contracara negativa de una estrategia “defensiva”
sino la que viene garantizando el avance del ajuste y de la subordinación al
FMI. En el esquema del “doble filo” la pregunta sería en qué medida “la presión
y la movilización por abajo y por los costados” puede operar sobre estos
mecanismos, pero la cuestión es justamente si se puede quebrar la relación
circular entre procesos de movilización y de institucionalización para dar
lugar a un desarrollo políticamente independiente frente a las diferentes
fracciones que disputan la administraciones del capitalismo dependiente
argentino.
Solo desde el esquema del “doble filo” puede
explicarse el hecho –por lo demás llamativo– de que a la hora de preguntarse
sobre las “estrategias políticas alternativas” en la actualidad, Piva pase por
alto al Frente de Izquierda Unidad, que hace que hoy la izquierda sea un factor
actuante políticamente en la realidad nacional a diferencia de lo que sucedió
en la crisis de 2001-02. Se trata desde luego de una minoría política, pero que
ha conquistado un reconocimiento mucho más allá de los votantes de izquierda,
habiendo estado en la primera fila de la lucha contra el gobierno macrista –lo
cual quedó plasmado en las propias jornadas de 2017– pero también intransigente
frente al kirchnerismo, que tiene ganado un peso entre organizaciones de
trabajadores, de estudiantes, en el movimiento de mujeres, etc. El FITU no es
un partido, es un frente donde cada organización tiene dinámicas propias y está
atravesado por debates políticos y estratégicos –públicos
por cierto–, lo cual no hace menos sino más exótico preguntarse por
“estrategias políticas alternativas” a las organizaciones oficialistas sin dar
cuenta de esta realidad.
Desde las ocupaciones de tierras del 2020 que tuvieron
su epicentro en Guernica, hemos asistido a una
persistente lucha de clases con conflictos duros, en
muchos casos producto de verdaderas “rebeliones” antiburocráticas –ejemplo
claro fue la Salud en Neuquén–, y la proliferación de movimientos
“autoconvocados” –un proceso que
llega hasta trabajadores del citrus de Tucumán–. No se trata claro de un
proceso lineal; sus tiempos –flujos y reflujos– son indisociables de los
resultados de cada combate, del devenir de la crisis económica, del gobierno y
su coalición gubernamental –que tienen como “activo” la experiencia del
macrismo y la pandemia como cobertura para el ajuste–. Geográficamente tampoco
se trata de un proceso homogéneo. En la región patagónica y la zona de
cordillerana, conflictos como el de Neuquén, el de Chubut (megaminería) o los
de Mendoza (docentes y vitivinícolas), movilizaron a sectores de masas frente a
gobiernos más de derecha (MPN, massismo del FdT, JxC, respectivamente). En el
Gran Buenos Aires, tierra gobernada por el kirchnerismo, viene habiendo
importantes luchas parciales como la de Arrebeef, diversos sectores
tercerizados, etc., pero aquí es donde se concentra buena parte de la
burocracia sindical y “social”. Y una situación intermedia podríamos ver en
Santa Fe, Córdoba o en CABA, donde destacaron conflictos como el de los
portuarios, HeyLatam o Subte.
En su artículo, Piva se pregunta “si el carácter
acotado o regional de esos conflictos señala un proceso incipiente o la
capacidad de los mecanismos de integración política de aislar o neutralizar las
protestas que escapan a su control”. Claro que incluso esta pregunta
difícilmente puede responderse omitiendo el papel de la izquierda clasista. El
FITU y el PTS en particular, fue y es parte de la gran mayoría de aquellos
conflictos con los sectores que salen a luchar, como puede seguirse en cientos
de artículos y denuncias, día a día en las páginas de La Izquierda Diario, y muchos de los cuales confluyeron
el mes pasado en el encuentro de trabajadores en lucha
en Madygraf, y este sábado 5 de junio en la reunión de coordinación de zona
metropolitana de Buenos Aires con sectores de diferentes
luchas, que proponen unificar con sindicatos y comisiones internas recuperadas,
y sectores combativos. El problema es que la pregunta que se hace Piva no es
una pregunta analítica, sino estratégica. Dependerá en buena medida de que las
luchas no queden reducidas a ejercer presión sobre los mecanismos del régimen,
sino que logren generar instituciones de unificación y
coordinación de las mismas, para romper la estatización de las organizaciones
del movimiento de masas y sobre esta base construir una hegemonía de la clase
trabajadora, desde la juventud precarizada y lxs desocupadxs hasta los sectores
sindicalizados, junto con el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres,
los movimientos medioambientales, etc. No se trata de constatar que si de las
luchas brotan o no estrategias políticas alternativas sino de, al calor de
estos procesos, poner en pie una fuerte izquierda revolucionaria que pueda jugar
un papel decisivo en los enfrentamientos por venir, y en esto no hay “doble
filo” ni “malmenorismo” que valga.
Notas:
[1] Auscultando las cuentas nacionales que publica el Indec, este trabajo detecta, para el último trimestre de 2020, un aumento de la participación del llamado “excedente de explotación bruto”, es decir, las ganancias de los empresarios, en el ingreso generado. Estas crecieron a costa de la masa de los salarios, que disminuyó nuevamente su participación.
[2] “Argentina:
catástrofe económica sin crisis política”, consultado el 03/06/2021 en https://jacobinlat.com/2021/06/01/argentina-catastrofe-economica-sin-crisis-politica/.
[3] Esteban
Mercatante, Salir del Fondo, Buenos Aires, Ediciones IPS, 2019, p. 39. Como
señalamos allí, durante los primeros años de la convertibilidad “observamos un
incremento de la rentabilidad, logrado por dos vías confluyentes: incorporación
de maquinaria que incrementó la productividad, y abatimiento liso y llano del
costo salarial”.
Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Ajuste-lucha-de-gabinete-y-lucha-de-clases