Extracto de artículo publicado en el Semanario Universidad (Costa Rica), «Mujeres indígenas denuncian discriminación y racismo en instituciones públicas por ser recuperadoras de tierra«, edición del 28/04/2022
«En los años anteriores de conflicto armado hubo muchos líderes que también sufrieron y fueron desaparecidos. Los que asesinaron a mi hijo pensaron que estábamos en esa época todavía, en la que un líder se levantaba a reclamar sus derechos y todos los demás se quedaban callados. Pero se equivocaron, porque yo no me voy a callar«,
Rodrigo Tot, líder q’eqchi de Agua Caliente en Guatemala, entrevista a El País (España), artículo publicado el 10/02/2022
Desde el 20 de abril del 2022, y durante varios días, se reunió en Santiago de Chile la primera reunión de Estados Partes al Acuerdo de Escazú (o COP1 por las siglas en inglés de «Conference of Parties«).
Como se recordará, el Acuerdo de Escazú (véase texto completo)
se adoptó en Costa Rica en el 2018, después de un largo proceso de
negociación que duró 5 años, 7 meses y 7 días. Su nombre completo es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe«.
Este innovador instrumento regional ha sido firmado, a la fecha, por 24
Estados de América Latina y del Caribe, de los 33 que integran la
Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas (CEPAL): de
estos 24 Estados que lo han firmado, 12 lo han ratificado. Chile
recientemente inició su proceso de adhesión a este tratado regional.
Permanece sin registrarse tan siquiera la firma la de los siguientes Estados: Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.
Esta cita en la capital chilena, a la que participaron los 12 Estados que ya son Estados Parte al Acuerdo de Escazú (véase estado oficial
de firma y ratificaciones), coincidió con las celebraciones del Día
Internacional de la Tierra (22 de abril) y vino acompañada de una lista de
eventos paralelos organizados desde la academia y la sociedad civil
extremadamente variados y muy diversos: de alguna manera, la capital de
Chile se vistió de verde y de esperanza, y ello después de muchos años. Foto de Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016, extraída de nota del
GAIPE (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas): un grupo de
investigación internacional constituido para esclarecer su asesinato y
en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte,
que intentó en un primer momento encubrir y maquillar el mismo Estado
hondureño (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).
Una celebración para entidades muy diversas
Como
se recordará, el Acuerdo de Escazú se adoptó en Costa Rica el 4 de
marzo del 2018, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como un homenaje
de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña
lenca, asesinada en el 2016.
En el marco de las celebraciones observadas en Chile los días 20-22 de abril del 2022, los «Legisladores por el Ambiente»
circularon un fuerte llamado a sus colegas en América Latina que aún no
han logrado aprobar dicho instrumento, entre muchas iniciativas de muy
diversa índole (véase documentos sobre las mismas que circularon en la sección Insumos del público).
Las
delegaciones de Costa Rica y de Chile, al igual que las de Colombia y
Perú, participaron a la cita en calidad de Estados observadores,
invitados a presenciar el evento: sobre la participación de Colombia, a
través de su embajador en Santiago de Chile, remitimos a nuestros
estimables lectores a esta interesante nota
publicada en la prensa colombiana (El Tiempo, edición del 23/04/2022).
Días después de publicada esta nota, el Comisionado de la Unión Europea
(UE) en Ambiente en persona, durante su visita a Colombia indicó (véase
nota de El Espectador del 28/04/2022) que:
«A
escala continental, creo que el Acuerdo de Escazú es un gran paso
adelante para América Latina y el Caribe en el ámbito de las políticas
medioambientales y de derechos humanos. Prestaremos todo nuestro apoyo a
los proyectos que faciliten su aplicación. Y por cierto, esperamos que
el Congreso colombiano lo ratifique lo antes posible«.
Los defensores del ambiente en el centro de la atención
Esta
primera cita formal del Acuerdo de Escazú reafirmó la importancia de
las disposiciones que buscan proteger a los defensores del ambiente en
América Latina y en el Caribe: como se ha escrito y divulgado desde su
adopción, el Acuerdo de Escazú es pionero al ser el primer instrumento
internacional en la historia del derecho internacional de los derechos
humanos que contiene una disposición (Artículo 9) que busca proteger a
los defensores del ambiente.
La
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones
Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteraron, de
manera conjunta, la urgente necesidad de proteger a los defensores del
ambiente y de implementar sin más preludios el Acuerdo de Escazú (véase comunicado conjunto, pocamente divulgado en medios de prensa) al señalar que:
«En
ese contexto, cabe reafirmar que el Acuerdo de Escazú es un poderoso
instrumento para prevenir conflictos mediante el acceso a la
participación, información y justicia en asuntos ambientales. El Acuerdo
de Escazú es también un hito pues consagra la protección de las
personas defensoras y su rol, cuyo espíritu nos recuerda que para
defender el medio ambiente se debe empezar por proteger a quienes lo
defienden«.
La titular de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas externó en la clausura del evento que:
«El
Acuerdo de Escazú es sin duda un hito porque los protagonistas son las
personas defensoras. Podríamos resumir el espíritu de Escazú diciendo
que si queremos defender el ambiente debemos iniciar por proteger a
quienes lo defienden. Sin embargo, según datos de nuestra oficina, tres
de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de la Tierra y el
medioambiente ocurren actualmente en América Latina y el Caribe» (véase comunicado final de la CEPAL)
El tema de los defensores del ambiente fue objeto de un proyecto de decisión (véase texto integral de la Conferencia de las Partes, en el que se lee (punto resolutivo 4 ) que:
«Invita a las Partes y a todos los países de la región a incrementar sus esfuerzos para desarrollar
y reforzar todas las medidas necesarias a nivel nacional, para garantizar los derechos de las
defensoras y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales«.
Desde
ya esta invitación está hecha y ello no solamente a los Estados Parte,
sino a los demás Estados que aún no lo son. Desde esta pespectiva cabe
destacar la adopción en Perú, el 22 de abril del 2021, del Decreto
Supremo 004-2021 (véase texto) del
Ministerio de Justicia que establece un mecanismo de protección a los
defensores de los derechos humanos, incluyendo a los defensores
ambientales (véase al respecto nota de Actualidad Ambiental):
una primera iniciativa de un Estado que aún no es Estado Parte, y que
amerita ser afianzada y replicada en varias latitudes del continente
americano.
Los demás denominados «proyectos de decisión» de esta primera COP se encuentran todos disponibles en este enlace oficial de la CEPAL.
De algunos detalles de interés sobre los Estados Parte
La
Conferencia de las Partes (o «COP») reunió a los delegados de los
siguientes Estados: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador,
Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Kitts y Nevis, San Vicente y las
Grenadinas, Santa Lucía y Uruguay, siendo este último el Estado que
presidió esta primera COP.
En esta entrevista realizada por el medio Diálogo Chino (y
publicada en la edición del 27/04/022) se pueden conocer las primeras
impresiones del diplomático uruguayo que fungió como Presidente de esta
primera COP del Acuerdo de Escazú.
Cabe
señalar que algunos Estados Parte iniciaron con propuestas bastante
sorprendentes: las ONG bolivianas debieron hacer ver a sus autoridades
que limitar la participación de la sociedad civil en el marco de esta
cumbre era todo menos una idea oportuna y aceptable (véase comunicado
reproducido en esta nota del medio digital Servindi).
Por
el momento, el Acuerdo de Escazú adolece en la COP de la participación
formal de los dos Estados que lo promovieron durante la fase previa de
la negociación que culminó en marzo del 2018 con la adopción del texto
final del tratado: Chile y Costa Rica. Una ausencia que ya tuvimos
ocasión de analizar (Nota 1) y que merece una breve actualización.
El caso de Chile: una muy pronta rectificación
Como se recordará, el pasado 18 de marzo,
el nuevo Presidente de Chile firmó el Acuerdo de Escazú, dando así
inicio a una campaña en pro de una pronta aprobación y ratificación del
Acuerdo de Escazú por parte de Chile.
En una ceremonia muy emotiva, la máxima autoridad chilena sentenció que «Nos hemos demorado más de la cuenta»
en su discurso, permitiendo así a Chile enmendar un craso error de
lectura de su antecesor en el cargo: el cual se empecinó en presentar «argumentos»
indefendibles e insostenibles para no firmar este importante
instrumento internacional regional. Las dos cámaras de Chile están a
partir de esta fecha ambas abocadas a tramitar una pronta aprobación de manera que Chile rectifique cuanto antes la total incoherencia de la administración anterior.
Esta
magnífica jornada en el Palacio de la Moneda en Santiago permitió ir
cerrando el triste paréntesis para los derechos humanos y el ambiente
que significó para Chile el período (2018-2022), e ir abriendo una nueva
etapa que reafirme su indiscutible liderazgo en la región en materia
ambiental y en materia de derechos humanos.
El caso de Costa Rica: un cielo cargado de nubarrones
Con
relación al otro Estado que co-lideró con Chile las negociaciones del
Acuerdo de Escazú durante 5 años, 7 meses y 7 días, Costa Rica, tenemos
una situación bastante diferente: a un Poder Ejecutivo poco congruente y
comprometido con el Acuerdo de Escazú, hay que añadir un Poder
Legislativo en el que sus actuales congresistas (que iniciaron labores
en nayo del 2018 hasta el próximo mes de mayo) se han visto presionados
por las cúpulas empresariales costarricenses, que desde el 2020 se oponen frontalmente al Acuerdo de Escazú con base en supuestos «argumentos«.
Recientemente
(25 de febrero del 2022) la Cámara Nacional de Productores y
Exportadores de Piña (CANAPEP), la Corporación Bananera Nacional
(CORBANA) y otras seis cámaras nacionales, varias de ellas ligadas al
sector agroexportador costarricense, reiteraron a los diputados su firme
oposición al Acuerdo de Escazú (véase el texto de la carta) indicando que «dicho
Acuerdo contiene vicios de inconstitucionalidad, imprecisiones y
desaciertos de fondo altamente riesgosos para la estabilidad del sector
productivo» y concluyendo su misiva solicitando que «se
proceda con el rechazo del proyecto 21.245, ante los riesgos que
representa para la competitividad del sector privado y por resultar
altamente inoportuno para el país«.
Al respecto, cabe destacar que diversos intentos en aras de debatir públicamente estos supuestos «argumentos» (en abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR, y en junio del
2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica) con académicos y
especialistas en materia ambiental han fracasado. Al parecer enviar
comunicados a los congresistas contra el Acuerdo de Escazú y rehuir
constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» pareciera ser la tónica de algunos sectores en Costa Rica.
Un documental de la Universidad de Costa Rica (UCR) del 2021 titulado «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú» retrata de manera bastante completa la posición de estas cámaras y de algunas de sus fichas políticas (véase video), completado por otro sobre los defensores del ambiente titulado «El Acuerdo de Escazú y los defensores ambientales» que también se recomienda (véase video):
por alguna razón que no nos queda muy clara, estos dos videos que
fueron producidos en agosto del 2021 desde la Vicerrectoría de Acción
Social (VAS) de la UCR y que incluyen una entrevista al mismo Rector, no
han sido (aún) difundidos en las redes institucionales de la UCR.
En
cuanto al resultado electoral en Costa Rica del pasado mes de abril del
2022, indica que las posibilidades de ver pronto el Acuerdo de Escazú
aprobado se han ido desvaneciendo. En días recientes, un muy completo artículo sobre
Costa Rica y el Acuerdo de Escazú (cuya lectura recomendamos) hizo ver
la gran deuda que Costa Rica acumula con relación a otro sector, cuyas
legítimas reivindicaciones pasaron totalmente ignoradas por ambos
contendores durante la segunda vuelta electoral: las comunidades
indígenas costarricenses.
El pasado 4 de marzo,
fecha en la que el Acuerdo de Escazú cumplió 4 años en medio de un
silencio bastante notorio, tanto en medios de prensa como en otros
espacios, indicábamos que Costa Rica estaba aún a tiempo de reconsiderar el hecho que no es Estado Parte al Acuerdo de Escazú.
Manifestación
contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia
de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo
original – de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no
es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua
potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de
la piña de exprotación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres.
En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor.
Un importante evento se realizó por parte de la misma CEPAL en Costa Rica el 8 de marzo del 2022 sobre
el Acuerdo de Escazú: se asoció para la ocasión al BCIE, al BID, al
BIE, al Banco Mundial y a la OCDE en aras de explicar los alcances del
Acuerdo de Escazú a los delegados de América Latina y del Caribe
presentes a la cita, incluyendo a representantes de cámaras
empresariales costarricenses (véase enlace
con invitación y programa detallado). Por alguna razón que, desde
nuestro punto de vista ameritaría ser explicada y conocida – o al menos
investigada -, tanto el comunicado de prensa de CEPAL como el comunicado oficial del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica sobre esta importante
reunión pasaron totalmente desapercibidos en los principales medios de
prensa costarricenses.
Sobre silencios y preguntas lanzadas al aire sin respuestas en Costa Rica
Más
allá de los silencios que pareciera lograrse a veces obtener en el
espectro mediático costarricense, recientemente, desde el medio digital
también costarricense de Delfino.cr, nos permitimos externar algunas preguntas sencillas a
diversas cámaras empresariales costarricenses y a su fichas políticas:
preguntas que, a la fecha, no nos han querido contestar. Al parecer la
discusión y el debate no son la tónica de algunos en Costa Rica. Se las
volvimos a externar en este mismo medio más recientemente (Nota 2).
Lo
destacable es que al no conocerse de ninguna cámara empresarial que
haya desdecido públicamente las aseveraciones en contra del Acuerdo de
Escazú hechas por varias de sus influyentes homólogas, pareciera que
estamos ante algo más que una simple tónica, y que ameritaría (también)
ser investigado. No está demás señalar que las autoridades
costarricenses a cargo del comercio exterior tampoco han sentido
necesidad alguna de desdecirlas, en particular sobre los supuestos
efectos negativos para la inversión extranjera que acaerría la
aprobación del Acuerdo de Escazú.
En un artículo publicado el pasado 18 de marzo en Costa Rica, fecha en las que se conmemora también, en Costa Rica, la muerte de Sergio Rojas, líder indígena asesinado en Salitre el 18 de marzo del 2019, señalábamos que:
«Para
quienes, en Costa Rica, pero también en Colombia, en El Salvador, en
Honduras, en Paraguay y en Perú siguen dudando del Acuerdo de Escazú,
podrán observar que a partir de mañana no sale huyendo de Chile la
inversión extranjera, ni se crea inseguridad jurídica, ni la inversión
de la carga de la prueba en materia ambiental invade el derecho penal
chileno poniendo en entredicho el principio de inocencia y el Estado e
Derecho. Nada de esto que prevén las cámaras empresariales que va a
ocurrir si Costa Rica ratifica el Acuerdo de Escazú se observó en
ninguno de los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú: ni
en Argentina, ni en Bolivia, como tampoco en Ecuador, ni tampoco en
México, y mucho menos en Panamá«.
Primeros efectos de la COP
A muy escasos días después de concluida esta primera COP, en Colombia un primer avance notable fue registrado en su Senado, con relación a la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase nota del El Espectador del 26/04/2022).
En
cambio, no se ha observado ninguna iniciativa en Costa Rica por parte
de sus legisladores salientes (lo serán hasta el 30 de abril del 2022)
con relación al Acuerdo de Escazú. Las nuevas autoridades ambientales
electas, cuya designación ha provocado fuertes reservas en el sector
ecologista (véase nota
del Semanario Universidad del 22/04/2022) al parecer, ya están tensando
(innecesariamente) las relaciones con varias agrupaciones ecologistas
por algunas de sus declaraciones (véase nota de SurcosDigital del 26/04/2022). Con relación a noticias de agencias internacionales, este cable
de la agencia española EFE ilustra desde su mismo título la total
inconsistencia que evidencia Costa Rica ante el resto de la comunidad
internacional.
Más
generalmente, con relación a Costa Rica pero también a los demás
Estados en Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), en
Suramérica (Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela) y en el Caribe
(Cuba, Haití y República Dominicana) que mantienen aún sus distancias
con el Acuerdo de Escazú, pese a observar en algunos de ellos cómo se
intimida y se elimina físicamente a líderes de pequeñas comunidades
campesinas o indígenas que alzan la voz, hacemos nuestras las
reflexiones de un valioso artículo escrito por dos juristas chilenas
titulado «La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú» en las que señalan, con una claridad meridiana que no puede dejar indiferente a nadie, que:
«Con
justa razón se ha destacado que el Acuerdo de Escazú es tanto un
instrumento ambiental como un tratado de derechos humanos. Gracias a
esta doble dimensión, los compromisos que los Estados han asumido en
favor de un desarrollo sostenible —así como aquellos derivados del
derecho internacional de los derechos humanos— se ven reforzados gracias
a nuevos estándares que aspiran a una mayor prosperidad, dignidad y
sostenibilidad. Sin duda, en la región más desigual del mundo y de
mayores ataques a los defensores de derechos humanos en asuntos
ambientales, el Acuerdo de Escazú goza aún de una mayor justificación» (Nota 3)
A modo de conclusión
No
quisiéramos concluir estas breves líneas sin externar a la jurista
chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el privilegio de compartir
varios espacios y foros, en particular una reciente entrevista en
la televisión universitaria, nuestra profunda admiración por su labor
incansable y su compromiso inclaudicable en favor de una verdadera
democracia ambiental en América Latina y el Caribe.
El Acuerdo de Escazú y todos los defensores del ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena. Le deseamos desde ya muchos éxitos en sus nuevas funciones en la administración del Presidente Gabriel Boric, cuyo emotivo y comprometido discurso en esta primera COP (véase texto) no pasó desapercibido: estamos seguros que Chile será el próximo Estado en aprobar este innovador tratado regional.
Notas
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Chile está a punto de rectificar su postura frente al Acuerdo de Escazú, mientras que Costa Rica se limita como los demás a… ¿mirar?» Portal Universidad de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 4 de marzo del 2022, disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: primera COP1 (sin Costa Rica)«, Delfino.cr, edición del 20/04/2022, disponible aquí.
Nota 3: Véase ASTROZA P. & NALEGACH C., «La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú«, Fundación Carolina, Serie Documentos de Trabajo, Número 40, 2020, p. 28. Texto completo disponible aquí.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Blog del autor: https://derechointernacionalcr.blogspot.com/