Desde el 20 de abril del 2022, y durante varios días,
se reunió en Santiago de Chile la primera reunión de Estados Partes al
Acuerdo de Escazú (o COP1 por las siglas en inglés de «Conference of
Parties«).
Como se recordará, el Acuerdo de Escazú (véase texto completo) se adoptó en Costa Rica en el
2018, después de un largo proceso de negociación que duró 5 años, 7 meses y 7
días. Su nombre completo es «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y El Caribe«. Este innovador instrumento
regional ha sido firmado por 24 Estados de América Latina y del Caribe, de los
33 que integran la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas
(CEPAL): de estos 24 Estados que lo han firmado, 12 lo han ratificado.
Permanece sin registrarse tan siquiera la firma la de
los siguientes Estados: Cuba, El Salvador, Honduras y Venezuela.
Esta cita en la capital chilena, a la que participaron los 12 Estados que ya son Estados Parte al Acuerdo de Escazú (véase estado oficial de firma y ratificaciones), coincidió con las celebraciones del Día Internacional de la Tierra (22 de abril) y vino acompañada de una lista de eventos paralelos organizados desde la academia y la sociedad civil extremadamente variados y muy diversos: de alguna manera, la capital de Chile se vistió de verde y de esperanza después de muchos años.
Foto de Berta Cáceres Flores, lideresa hondureña lenca, asesinada el 3 de marzo del 2016, extraída de nota del GAIPE (Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas): un grupo de investigación internacional constituido para esclarecer su asesinato y en particular la trama político-empresarial responsable de su muerte, que intentó en un primer momento encubrir y maquillar el mismo Estado hondureño (véase al respecto el informe titulado «Represa de Violencia. El Plan que asesinó a Berta Cáceres»).
Una celebración para entidades muy diversas
Como se recordará, el Acuerdo de Escazú se adoptó en
Costa Rica el 4 de marzo del 2018, siendo escogida la fecha del 4 de marzo como
un homenaje de toda la región al natalicio de Berta Cáceres, lideresa hondureña
lenca, asesinada en el 2016.
En el marco de las celebraciones observadas en Chile
los días 20-22 de abril del 2022, los «Legisladores por el Ambiente»
circularon un fuerte llamado a sus colegas en América Latina que aún no han
logrado aprobar dicho instrumento, entre muchas iniciativas de muy diversa
índole (véase documentos sobre las mismas que
circularon en la sección Insumos del público).
Las delegaciones de Costa Rica y de Chile, al igual
que las de Colombia y Perú, participaron a la cita en calidad de Estados
observadores, invitados a presenciar el evento: sobre la participación de
Colombia, a través de su embajador en Santiago de Chile, remitimos a nuestros
estimables lectores a esta interesante nota publicada en la prensa colombiana
(El Tiempo).
Los defensores del ambiente en el centro de la atención
Esta primera cita formal del Acuerdo de Escazú
reafirmó la importancia de las disposiciones que buscan proteger a los
defensores del ambiente en América Latina y en el Caribe: como se ha escrito y
divulgado desde su adopción, el Acuerdo de Escazú es pionero al ser el primer
instrumento internacional en la historia del derecho internacional de los
derechos humanos que contiene una disposición (Artículo 9) que busca proteger a
los defensores del ambiente.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteraron,
de manera conjunta, la urgente necesidad de proteger a los defensores del
ambiente y de implementar sin más preludios el Acuerdo de Escazú (véase comunicado conjunto, pocamente divulgado
en medios de prensa) al señalar que:
«En ese contexto, cabe reafirmar que el
Acuerdo de Escazú es un poderoso instrumento para prevenir conflictos mediante
el acceso a la participación, información y justicia en asuntos ambientales. El
Acuerdo de Escazú es también un hito pues consagra la protección de las
personas defensoras y su rol, cuyo espíritu nos recuerda que para defender el
medio ambiente se debe empezar por proteger a quienes lo defienden«.
La titular de la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de Naciones Unidas externó en la clausura del
evento que:
«El Acuerdo de Escazú es sin duda un hito
porque los protagonistas son las personas defensoras. Podríamos resumir el
espíritu de Escazú diciendo que si queremos defender el ambiente debemos
iniciar por proteger a quienes lo defienden. Sin embargo, según datos de
nuestra oficina, tres de cada cuatro asesinatos de personas defensoras de la
Tierra y el medioambiente ocurren actualmente en América Latina y el Caribe»
(véase comunicado final de la CEPAL)
El tema de los defensores del ambiente fue objeto de
un proyecto de decisión (véase texto integral de la Conferencia de las
Partes, en el que se lee (punto resolutivo 4 ) que:
«Invita a las Partes y a todos los países de
la región a incrementar sus esfuerzos para desarrollar y reforzar todas las
medidas necesarias a nivel nacional, para garantizar los derechos de las
defensoras y los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales«.
Desde ya esta invitación está hecha y ello no
solamente a los Estados Parte, sino a los demás Estados que aún no lo
son.
Los demás denominados «proyectos de decisión»
de esta primera COP se encuentran todos disponibles en este enlace oficial de la CEPAL.
De algunos detalles de interés sobre los Estados Parte
La Conferencia de las Partes (o «COP»)
reunió a los delegados de los siguientes Estados: Antigua y Barbuda, Argentina,
Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Kitts y Nevis, San
Vicente y las Grenadinas, Santa Lucía y Uruguay, siendo este último el Estado
que presidió esta primera COP.
En esta entrevista realizada por el medio Diálogo
Chino (y publicada en la edición del 27/04/022) se pueden conocer
las primeras impresiones del diplomático uruguayo que fungió como Presidente de
esta primera COP del Acuerdo de Escazú.
Cabe señalar que algunos Estados Parte iniciaron con
propuestas bastante sorprendentes: las ONG bolivianas debieron hacer ver a sus
autoridades que limitar la participación de la sociedad civil en el marco de
esta cumbre era todo menos una idea oportuna y aceptable (véase comunicado
reproducido en esta nota del medio digital Servindi).
Por el momento, el Acuerdo de Escazú adolece en la COP
de la participación formal de los dos Estados que lo promovieron durante la
fase previa de la negociación que culminó en marzo del 2018 con la adopción del
texto final del tratado: Chile y Costa Rica. Una ausencia que ya tuvimos
ocasión de analizar (Nota 1) y que merece una breve actualización.
El caso de Chile: una muy pronta rectificación
Como se recordará, el pasado 18 de
marzo, el nuevo Presidente de Chile firmó el Acuerdo de Escazú, dando así
inicio a una campaña en pro de una pronta aprobación y ratificación del Acuerdo
de Escazú por parte de Chile.
En una ceremonia muy emotiva, la máxima autoridad
chilena sentenció que «Nos hemos demorado más de la cuenta»
en su discurso, permitiendo así a Chile enmendar un craso error de lectura de
su antecesor en el cargo: el cual se empecinó en presentar «argumentos»
indefendibles e insostenibles para no firmar este importante instrumento
internacional regional. Las dos cámaras de Chile están a partir de esta fecha
ambas abocadas a tramitar una pronta aprobación de
manera que Chile rectifique cuanto antes la total incoherencia de la
administración anterior.
Esta magnífica jornada en el Palacio de la Moneda en
Santiago permitió ir cerrando el triste paréntesis para los derechos humanos y
el ambiente que significó para Chile el período (2018-2022), e ir abriendo una
nueva etapa que reafirme su indiscutible liderazgo en la región en materia
ambiental y en materia de derechos humanos.
El caso de Costa Rica: un cielo cargado de nubarrones
Con relación al otro Estado que co-lideró con Chile
las negociaciones del Acuerdo de Escazú durante 5 años, 7 meses y 7 días, Costa
Rica, tenemos una situación bastante diferente: a un Poder Ejecutivo poco
congruente y comprometido con el Acuerdo de Escazú, hay que añadir un Poder
Legislativo en el que sus actuales congresistas (que iniciaron labores en nayo
del 2018 hasta el próximo mes de mayo) se han visto presionados por las cúpulas
empresariales costarricenses, que desde el 2020 se oponen frontalmente al
Acuerdo de Escazú con base en supuestos «argumentos«.
Recientemente (25 de febrero del 2022) la Cámara
Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP), la Corporación
Bananera Nacional (CORBANA) y otras seis cámaras nacionales, varias de
ellas ligadas al sector agroexportador costarricense, reiteraron a los
diputados su firme oposición al Acuerdo de Escazú (véase el texto de la carta)
indicando que «dicho Acuerdo contiene vicios de inconstitucionalidad,
imprecisiones y desaciertos de fondo altamente riesgosos para la estabilidad
del sector productivo» y concluyendo su misiva solicitando que «se
proceda con el rechazo del proyecto 21.245, ante los riesgos que representa
para la competitividad del sector privado y por resultar altamente inoportuno
para el país«.
Al respecto, cabe destacar que diversos intentos en
aras de debatir públicamente estos supuestos «argumentos»
(en abril del
2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr,
en mayo del 2021
con un debate organizado desde la UCR, y en junio del
2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica) con académicos y especialistas
en materia ambiental han fracasado. Al parecer enviar comunicados a los congresistas
contra el Acuerdo de Escazú y rehuir constantemente el debate público sobre sus
supuestos «argumentos» pareciera ser la tónica de algunos
sectores en Costa Rica.
Un documental de la Universidad de Costa Rica (UCR)
del 2021 titulado «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú» retrata de
manera bastante completa la posición de estas cámaras y de algunas de sus
fichas políticas (véase video),
completado por otro sobre los defensores del ambiente titulado «El
Acuerdo de Escazú y los defensores ambientales» que también se
recomienda (véase video): por alguna razón que no nos queda muy
clara, estos dos videos que fueron producidos en agosto del 2021 desde la
Vicerrectoría de Acción Social (VAS) de la UCR y que incluyen una entrevista al
mismo Rector, no han sido (aún) difundidos en las redes institucionales de la
UCR.
En cuanto al resultado electoral en Costa Rica del
pasado mes de abril del 2022, indica que las posibilidades de ver pronto el
Acuerdo de Escazú aprobado se han ido desvaneciendo. En días recientes, un muy
completo artículo sobre
Costa Rica y el Acuerdo de Escazú (cuya lectura recomendamos) hizo ver la gran
deuda que Costa Rica acumula con relación a otro sector, cuyas legítimas
reivindicaciones pasaron totalmente ignoradas por ambos contendores durante la
segunda vuelta electoral: las comunidades indígenas costarricenses.
El pasado 4 de marzo, fecha en la que el Acuerdo de Escazú cumplió 4 años en medio de un silencio bastante notorio, tanto en medios de prensa como en otros espacios, indicábamos que Costa Rica estaba aún a tiempo de reconsiderar el hecho que no es Estado Parte al Acuerdo de Escazú.
Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo original – de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable (no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión piñera en la región de Siquirres. En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor.
Un importante evento se
realizó por parte de la misma CEPAL en Costa Rica el 8 de marzo del
2022 sobre el Acuerdo de Escazú: se asoció para la ocasión al BCIE, al
BID, al BIE, al Banco Mundial y a la OCDE en aras de explicar los alcances
del Acuerdo de Escazú a los delegados de América Latina y del Caribe presentes
a la cita, incluyendo a representantes de cámaras empresariales costarricenses
(véase enlace con invitación y programa
detallado). Por alguna razón que, desde nuestro punto de vista
ameritaría ser explicada y conocida – o al menos investigada -, el comunicado de prensa de
CEPAL y el comunicado oficial del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica sobre esta importante reunión
pasaron totalmente desapercibidos en los principales medios de prensa
costarricenses.
Sobre silencios y preguntas lanzadas al aire sin respuestas en Costa Rica
Más allá de los silencios que pareciera lograrse a
veces obtener en el espectro mediático costarricense, recientemente, desde el
medio digital también costarricense de Delfino.cr, nos
permitimos externar algunas
preguntas sencillas a diversas cámaras empresariales
costarricenses y a su fichas políticas: preguntas que, a la fecha, no nos han
querido contestar. Al parecer la discusión y el debate no son la tónica de
algunos en Costa Rica. Se las volvimos a externar en este mismo medio más
recientemente (Nota 2).
Lo interesante es que al no conocerse de ninguna
cámara empresarial que haya desdecido públicamente las aseveraciones en contra
del Acuerdo de Escazú hechas por varias de sus influyentes homólogas, pareciera
que estamos ante algo más que una simple tónica, y que ameritaría (también) ser
investigado.
En un artículo publicado
el pasado 18 de marzo en Costa Rica, fecha en las que se conmemora también,
en Costa Rica, la muerte de Sergio Rojas, líder indígena asesinado en Salitre
el 18 de marzo del 2019, señalábamos que:
«Para quienes, en Costa Rica, pero también en
Colombia, en El Salvador, en Honduras, en Paraguay y en Perú siguen dudando del
Acuerdo de Escazú, podrán observar que a partir de mañana no sale huyendo de
Chile la inversión extranjera, ni se crea inseguridad jurídica, ni la inversión
de la carga de la prueba en materia ambiental invade el derecho penal
chileno poniendo en entredicho el principio de inocencia y el Estado e Derecho.
Nada de esto que prevén las cámaras empresariales que va a ocurrir si Costa
Rica ratifica el Acuerdo de Escazú se observó en ninguno de los 12 Estados que
ya han ratificado el Acuerdo de Escazú: ni en Argentina, ni en Bolivia, como
tampoco en Ecuador, ni tampoco en México, y mucho menos en Panamá«.
Primeros efectos de la COP
A muy escasos días después de concluida esta primera
COP, en Colombia un primer avance notable fue registrado en su Senado, con
relación a la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase nota del ElEspectador del
26/04/2022).
En cambio, no se ha observado ninguna iniciativa en
Costa Rica por parte de sus legisladores salientes (lo serán hasta el 30 de
abril del 2022) con relación al Acuerdo de Escazú. Las nuevas autoridades
ambientales electas, cuya designación ha provocado fuertes reservas en el
sector ecologista (véase nota del Semanario Universidad del
22/04/2022) al parecer, ya están tensando (innecesariamente) las relaciones con
varias agrupaciones ecologistas por algunas de sus declaraciones (véase nota de SurcosDigital del 26/04/2022).
Con relación a noticias de agencias internacionales, este cable de la agencia española EFE ilustra
desde su mismo título la total inconsistencia que evidencia Costa Rica ante el
resto de la comunidad internacional.
Más generalmente, con relación a Costa Rica pero
también a los demás Estados en Centroamérica (Guatemala, El Salvador y
Honduras), en Suramérica (Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela) y en el
Caribe (Cuba, Haití y República Dominicana) que mantienen aún sus distancias
con el Acuerdo de Escazú, pese a observar en algunos de ellos cómo se intimida
y se elimina físicamente a líderes de pequeñas comunidades campesinas o
indígenas que alzan la voz, hacemos nuestras las reflexiones de un valioso
artículo escrito por dos juristas chilenas titulado «La necesidad de
una democracia ambiental en América Latina: el Acuerdo de Escazú» en
las que señalan, con una claridad meridiana que no puede dejar indiferente a
nadie, que:
«Con justa razón se ha destacado que el Acuerdo de Escazú es tanto un instrumento ambiental como un tratado de derechos humanos. Gracias a esta doble dimensión, los compromisos que los Estados han asumido en favor de un desarrollo sostenible —así como aquellos derivados del derecho internacional de los derechos humanos— se ven reforzados gracias a nuevos estándares que aspiran a una mayor prosperidad, dignidad y sostenibilidad. Sin duda, en la región más desigual del mundo y de mayores ataques a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú goza aún de una mayor justificación» (Nota 3)
A modo de conclusión
No quisiéramos concluir estas breves líneas sin
externar a la jurista chilena Constance Nalegach, con quien tuvimos el
privilegio de compartir varios espacios y foros, en particular una reciente entrevista en la televisión
universitaria, nuestra profunda admiración por su labor incansable y su
compromiso inclaudicable en favor de una verdadera democracia ambiental en
América Latina y el Caribe.
El Acuerdo de Escazú y todos los defensores del
ambiente de América Latina le deben mucho a esta gran figura chilena. Le
deseamos desde ya muchos éxitos en sus nuevas funciones en la administración
del Presidente Gabriel Boric, cuyo emotivo y comprometido discurso en esta
primera COP (véase texto) no pasó desapercibido: estamos seguros
que Chile será el próximo Estado en aprobar este innovador tratado
regional.
Notas
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Chile
está a punto de rectificar su postura frente al Acuerdo de Escazú, mientras que
Costa Rica se limita como los demás a … ¿mirar?» Portal Universidad
de Costa Rica (UCR), Sección Voz Experta, edición del 4 de marzo del 2022,
disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Acuerdo de
Escazú: primera COP1 (sin Costa Rica)«, Delfino.cr, edición del
20/04/2022, disponible aquí.
Nota 3: Véase ASTROZA P. & NALEGACH
C., «La necesidad de una democracia ambiental en América Latina: el
Acuerdo de Escazú«, Fundación Carolina, Serie Documentos de
Trabajo, Número 40, 2020, p. 28. Texto completo disponible aquí.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho
Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
(UCR).