Derrocar el gobierno de al-Bashir
fue una importante batalla victoriosa. Sin embargo, siempre, las batallas son
parte de una guerra. Esa guerra contra el gobierno de los militares aún no
terminó. La Constitución elaborada por la dictadura instalada en 1989 fue
remendada con la Carta Constitucional y nada cambió. Este artículo tiene el
objetivo de demostrar que el sistema jurídico en vigencia, esto es, la Carta
Constitucional firmada el 4 de agosto de 2019, permite que la alianza entre
militares y civiles siga gobernando sin resolver las cuestiones democráticas
más elementales y, más aún, continúe vigilando, controlando y reprimiendo a los
trabajadores, los jóvenes y el pueblo pobre.
La heroica lucha por derrotar a al-Bashir
La derrota del gobierno al-Bashir
fue posible gracias a uno de los mayores procesos insurreccionales habidos en
el continente africano en las últimas décadas. La combinación de huelgas de
trabajadores (Petro-Energy, ferroviarios de Atbara, Cía. de Harina SEEN, de
bancarios, profesores, etc.), con manifestaciones frente a las unidades del
Ejército, con la mayoría de las aldeas y comunidades involucradas en la
movilización; todos esos procesos derrotaron a al-Bashir pero no expulsaron a
los militares del poder.
Media victoria, media derrota
Como dijimos, fue una batalla
victoriosa, pero la guerra continúa. La ausencia de una dirección clasista,
independiente y revolucionaria fue decisiva para que en esta “batalla” no se
ganase la guerra. Los militares genocidas consiguieron imponer un gobierno de
coalición y este garantizó su estabilidad de nuevo gobierno, inicialmente con
la reforma de la Constitución heredada de al-Bashir.
La Constitución del régimen de junio de 1989
El gobierno de al-Bashir, desde
1989, se caracterizó por ser un régimen que se apoyaba incondicionalmente en el
Ejército, en el poder de las armas y en la imposición. Los legisladores, los
jueces, los periodistas, etc., tuvieron que ir moldeándose al poder que emanaba
de los fusiles y de las prisiones. A lo largo del tiempo, esa opresión se fue
institucionalizando en la medida en que se fueron creando leyes que
“legalizaban” ese régimen. Y para que el régimen institucionalizase la
violencia represiva se crearon, a su imagen y semejanza, las Constituciones de
1998 y 2005.
La Carta Constitucional garantiza el poder a los militares
Tal como en el inicio de la
dictadura de al-Bashir, las fuerzas que asumieron el poder en 2019 trataron de
construir su sistema de leyes y para eso hicieron un remiendo a la Constitución
de 2005, a través de la Carta Constitucional. El Consejo Militar de Transición,
para que los militares siguiesen gobernando, necesitaba de una “nueva”
Constitución elaborada por ellos, sin la presencia de aquellos que dieron sus
muertos y heridos para derrocar la dictadura de al-Bashir. Entonces, la Carta
Constitucional fue creada para legitimar el robo de la libertad y de la
soberanía conquistadas en las calles.
La prensa internacional describe con mucha claridad el clima y el ambiente
del cual salió la Carta Constitucional:
“En una sala llena de altos mandos
extranjeros y bajo fuertes medidas de seguridad, la oposición civil del Sudán y
la junta militar que ocupa el poder en el país ratificaron este sábado la
Constitución que servirá de guion para los próximos tres años y tres meses de
transición”[1].
Allí no fueron convidados los sindicatos, las organizaciones de mujeres,
las organizaciones de jóvenes, organizaciones de soldados y cabos insurrectos,
¿dónde estaban aquellos que lucharon en las calles por el fin de la dictadura
de al-Bashir? Pues, no. Los que lucharon no estaban en la sala llena, como dice
el periódico. Los que estaban eran los altos mandos extranjeros, la elite de la
oposición civil y los militares.
La Carta Constitucional perpetúa la estructura represiva de poder
Leyendo atentamente la Carta
Constitucional vemos que hay varios puntos que explican cómo su objetivo
central es dar legitimidad al nuevo gobierno de los militares y la burguesía
local contra los trabajadores y el pueblo pobre.
Veamos algunos ejemplos:
Capítulo 1: Disposiciones generales
*“La Constitución Transitoria del
Sudán de 2005 y las constituciones de las provincias son revocadas mientras las
leyes emitidas bajo ella permanecen en vigencia, a menos que sean revocadas o
alteradas”, o sea, acaban con la Constitución de al-Bashir pero las leyes
siguen vigentes.
*“Los decretos se mantienen en vigencia, salvo si fueren revocados o
alterados por el Consejo Militar de Transición”. Esto significa que si los
Decretos no estuvieren de acuerdo con los intereses miliares serán revocados o
alterados por el CMT.
Capítulo 2: Período de transición
* (9) “Establecer mecanismos para
preparar la redacción de una constitución permanente para la República del
Sudán. (10) Realizar una conferencia constitucional nacional antes del final
del periodo de transición”. Aquí está claro que la futura Constitución será
hecha a puertas cerradas y sin la participación de los trabajadores y del
pueblo pobre. Será una constitución para perpetuar legalmente los abusos del
capitalismo atrasado y dependiente del Sudán.
* (12) “Implementar programas para reformar las agencias estatales durante
el periodo de transición de forma que refleje su independencia, patriotismo y
la distribución justa de oportunidades en ellas, sin alterar las condiciones de
aptitud y competencia. La tarea de reformar los cuerpos militares es confiada a
las instituciones militares de acuerdo con la ley. En este punto queda claro
que la tarea de desmontar o crear nuevos aparatos represivos sigue siendo
prerrogativa de los propios militares. Desmontar el NISS (Servicio Nacional de
Inteligencia y Seguridad) será una decisión de los militares y la voluntad
popular no será tomada en consideración. La misma regla se aplicará para las
Fuerzas de Apoyo Rápido (Janjaweed).
* (16) Formar un comité de investigación nacional independiente, con apoyo
africano, si es necesario, conforme evaluado por el comité nacional, para
conducir una investigación transparente y meticulosa de las violaciones
cometidas el 3 de junio de 2019 y eventos e incidentes en que violaciones de
los derechos humanos y dignidad de civiles y militares fueron comprometidos.
Los más de 700 heridos y los 100 muertos serán investigados por un comité
designado por los propios militares en el gobierno para investigar si hubo
violaciones a los derechos y a la dignidad de civiles y militares. Al final de
esta farsa investigativa, sin presión popular, ya da para leer que si hubieron
100 muertos y 700 heridos, también 3 militares llevaron pedradas. Y la gran
conclusión será: hubieron excesos de ambos lados. Solo resta reconciliarse… con
los criminales.
Capítulo 4: Consejo de Soberanía
La Carta Constitucional en vigencia
legaliza todos los actos de continuidad de los militares y genocidas que están
en el poder. Vean lo que dice textualmente:
[10] (a) El Consejo de Soberanía es el jefe de Estado, el símbolo de su
soberanía y unidad, y el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de
Apoyo Rápido y otras fuerzas uniformadas. Es formado por acuerdo entre el
Consejo Militar de Transición y las Fuerzas de Libertad y Cambio.
Para consolidar ese poder, entre las competencias y poderes del Consejo de
Soberanía están: nombrar el Primer Ministro y su gabinete, y si se puede
nombrar, se puede también destituir. Al mismo tiempo, tiene el mismo control
sobre el Consejo Legislativo de Transición, el Consejo Superior de la
Magistratura, sobre Jueces del Supremo Tribunal, el procurador General del
Consejo Superior del Ministerio Público, el Auditor General, etc.
Podríamos seguir analizando la estructura de poder del gobierno de Burhan y
Hamdok y vamos a concluir que ambos, tal como al-Bashir, hicieron una Carta
Constitucional para perpetuarse en el poder y gobernar para la burguesía local
e imperialista. Para no cansar al lector, vamos a parar por aquí y los
convidamos a seguir estudiando juntos el contenido de la Carta Constitucional.
¿Cuáles son las demandas del pueblo? ¿Cuál es la respuesta de la Carta
Constitucional?
La revuelta iniciada en diciembre de
2018, según algunos analistas fue por causa del aumento del pan y de la
gasolina. Otros, explican que la inflación estaba en 122% y era una de las más
altas del mundo; en realidad, a nuestro entender, las movilizaciones comenzaron
porque la población ya no aguantaba más seguir viviendo en un país rico en
recursos naturales y sin derechos. Y más que eso, vivir en un país controlado
por genocidas. La población sabía lo que no quería y tenía idea de lo que
quería. Vamos a resumir algunos de esos deseos y cuál es la propuesta de la
Carta Constitucional, formulada por el genocida Burhan y por Hamdok,
representante de la burguesía nacional e imperialista.
Educación y Salud: para que podamos hablar de democracia, tenemos
que garantizar que la salud y la educación sean públicas, esto es, un derecho
de todos, sin excepción. Y más que públicas tienen que ser gratuitas, para que
todos tengan acceso. La Carta Constitucional no habla de deber y obligación de
que sea pública y gratuita. En el capítulo 14 de la Carta Constitucional, en el
ítem 64 (Derecho a la salud), dice que: “El Estado se compromete a prestar
cuidados de salud primarios y servicios de emergencia gratuitos a todos los
ciudadanos, desarrollar la salud pública y establecer, desarrollar y calificar
instituciones de diagnóstico y tratamiento básico”. Es decir, el Estado “se
compromete”, pero no está obligado por ley a prestar cuidados de salud. E incluso
así, solo para cuidados primarios y de emergencia. Con tratamientos más
complejos y cirugías, el Estado no tiene obligación. Así como no define cuál
porcentaje del Presupuesto de la Unión será destinado a salud y educación. Y
como no está definida esta obligación en el Presupuesto, el gobierno gasta
cuanto quiere y puede después de pagar la deuda externa y los acuerdos con el
FMI.
Restauración del derecho a la
tierra: la dictadura de al-Bashir
y los militares que lo rodeaban construyeron grandes empresas de minería,
vendieron tierras a los extranjeros y expulsaron a los habitantes de sus
tierras ancestrales. Para poner un fin a la dictadura de al-Bashir es preciso
restituir las tierras a sus antiguos dueños. Pero la Carta Constitucional,
capítulo 14 (Carta de los Derechos y Libertades), en el ítem 60 (Derecho de
propiedad) garantiza que: “la propiedad privada no será apropiada sino por
fuerza de ley y por interés público, y en cambio de justa e inmediata
compensación; los fondos privados solo pueden ser confiscados en virtud de una
decisión judicial”. En síntesis, las tierras tomadas mediante expulsión,
violencia y genocidio, serán respetadas. Y solo se podrán cuestionar esas
medidas por la vía judicial y, caso la Corte nombrada por el CMT, por un milagro
divino resuelva expropiar, aun así, sus dueños actuales serán indemnizados.
Soberanía nacional, FMI y el combate
al hambre: el tema de la
soberanía nacional es un tema de destaque en la Carta Constitucional. En el
capítulo (Disposiciones Generales), aparece con destaque, y en el ítem 4, dice:
“La soberanía pertenece al pueblo y es ejercida por el Estado de acuerdo con
las disposiciones de la Carta Constitucional, que es la ley suprema del país y
sus disposiciones prevalecen sobre las demás leyes”. La soberanía pertenece al
pueblo son bellas palabras. Un país soberano dice: primero damos de comer al
pueblo y después pagamos (si es que debemos) la deuda externa. El gobierno
Burhan-Hamdok, sin consultar al pueblo, desdeñando la soberanía, hizo un
acuerdo con el FMI y elevó la inflación a niveles nunca vistos y aumentó aún
más el sufrimiento del pueblo. La opción fue: primero el FMI, después, la
comida para el pueblo. ¿Eso es soberanía?
Al-Bashir salió y sus hombres continuaron. El caso Kenana Sugar Company
No tenemos dudas de que los
militares que usufructuaron de los beneficios de la dictadura de al-Bashir
siguen gobernando o controlando las empresas estatales y privadas. La Carta
Constitucional, en el capítulo 2 (Periodo de Transición), en el ítem 3, dice: “responsabilizar
por ley a los miembros del antiguo régimen por todos los crímenes cometidos
contra el pueblo sudanés desde el 10 de junio de 1989”, y en el ítem 6,
reafirma: “Trabajar para regularizar la situación de aquellos que fueron
arbitrariamente despedidos del servicio civil y militar y esforzarse para
remediar los daños sufridos de acuerdo con la ley”.
Los trabajadores de la Kenana Sugar Company fueron a la huelga para exigir
derechos sindicales básicos, aumento de salarios para compensar el aumento del
costo de vida, la remoción de figuras asociadas al antiguo régimen en la
empresa y la reintegración de 34 trabajadores despedidos por participar de la
revuelta contra el dictador Omar al-Bashir”[2]
Fueron dos meses de huelga para que las bellas palabras de la Carta
Constitucional tuviesen algún valor.
Expropiación de las empresas de los militares
Los treinta años de dictadura
permitieron la formación de una nueva burguesía que se enriqueció a punta de
fusil. El periódico de la International Socialist League[3],
nos explica bien ese proceso: Bajo al-Bashir, el general Hamdan y los generales
del ejército se tornaron magnates de negocios que se apoderaron de sectores
enteros de la economía, dijo Suliman Baldo, del Proyecto Enough. “Esto no es
solo sobre poder, es sobre dinero”, dijo. “Comandantes del Ejército y Hemeti
están metidos en corrupción hasta el cuello. Es por eso que ellos tienen
tolerancia cero para un gobierno civil en el Sudán”, y continuó explicando que:
“La guerra hizo rico al general Hadman, con intereses en minería de oro,
construcción y hasta una empresa de alquiler de limusinas. Sus patrones
incluyen a Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita”.
La Carta Constitucional, en el capítulo 14 (Carta de Derechos y
Libertades), admite la pena de muerte. En el ítem 53, dice: “La pena de muerte
solo puede ser infligida como retribución (qasas), una punición (hudud), o como
una pena para crímenes de extrema gravedad, de acuerdo con la ley”.
La pena de muerte es admitida en la Carta Constitucional, pero no tiene una
línea imponiendo la expropiación de los bienes fruto de la corrupción o el robo
de bienes y activos del Estado sudanés.
¿Los militares controlan la sociedad o la sociedad controla a los
militares? ¿Quién va a disolver el NISS? ¿Y quién va, de hecho, a analizar los
crímenes militares contra la población?
Históricamente, el papel del
Ejército es el de defensa frente al enemigo externo. Sin embargo, después de
más de 30 años de dictadura militar, el Ejército cambió su foco. Dejó de ser el
enemigo externo y pasó a ser el “enemigo interno”, esto es, su propia
población. La exigencia de la vuelta de los militares a los cuarteles es una
necesidad imperiosa. La Carta Constitucional, en el capítulo 2 (Periodo de
Transición) excluye cualquier posibilidad de que el pueblo controle ese órgano
del Estado capitalista sudanés. En el ítem 12, leemos: “la tarea de reformar
los cuerpos militares es confiada a las instituciones militares de acuerdo con
la ley”. Esto significa que el fin del NISS no ocurrirá.
Ni el fin del NISS ni el juicio imparcial de los militares asesinos y
genocidas. En el capítulo 11 (Agencias Uniformadas), trata de los Tribunales
Militares, en el ítem 37 afirma que “pueden ser establecidos tribunales
militares para las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Apoyo Rápido, fuerzas policiales
y Servicio General de Inteligencia para juzgar a sus miembros por violaciones
de las leyes militares”.
Carta Constitucional hecha sin representantes electos por la población
La Carta Constitucional no fue fruto
de debates, deliberaciones y votación por parte de la población. En la propia
introducción de la Carta podemos leer: “nosotros, el Consejo Militar de
Transición y las Fuerzas de Libertad y Cambio, concordamos en emitir la
siguiente Carta Constitucional”, esto significa que la Carta Constitucional fue
escrita entre cuatro paredes y sin la presencia de aquellos que dieron sudor,
sangre y vida por el fin de la dictadura y por la democratización del país.
La Carta Constitucional permite que se haga la Constitución entre cuatro
paredes
La Carta Constitucional ya prepara
un nuevo golpe en las reivindicaciones democráticas al definir que la próxima
Constitución sea hecha dentro del periodo de transición, esto es, con la actual
dictadura, y más, sin consulta a los trabajadores y la población.
Esta decisión está explícita en el capítulo 2 (Periodo de Transición) a
través del ítem 9: “establecer mecanismos para preparar la redacción de una
constitución permanente para la República del Sudán”, y la aprobación de la
futura Constitución se dará mediante una conferencia llamada por el actual
gobierno, conforme se lee en el ítem 10: “realizar una conferencia
constitucional nacional antes de final del periodo de transición”.
Combinar la lucha por el fin del gobierno y la lucha por la Asamblea
Constituyente
En las calles y en las luchas, los
Comités de Resistencia de Cartum ya declararon: “prometemos a nuestro pueblo en
todas las ciudades y aldeas que no habrá retroceso ni complacencia”, y dijeron
también: “Ningún acuerdo, ningún compromiso, ninguna asociación con los
criminales”, refiriéndose al alto mando de las Fuerzas Armadas y a los
oficiales dirigentes de los Janjaweed.
Esa decisión de los Comités de Resistencia de Cartum está correcta y es
preciso apoyarla. Pero, cabe aquí una advertencia: cuidado, pues podemos
derrotar ese gobierno y el nuevo gobierno apoyarse en la actual Carta
Constitucional. Por ese motivo decimos que es preciso luchar por el fin del
gobierno y combinar con la lucha por una Asamblea Constituyente.
La Asamblea Constituyente tiene que ser libre, democrática y soberana
La Asamblea Constituyente es lo
“máximo a que puede llegar la sociedad burguesa”, según León Trotsky. Para que
la futura constitución cumpla los objetivos de imponer importantes conquistas
de la ya vieja revolución burguesa, es preciso que antes que todo sea libre,
democrática y soberana.
Libre significa que primero tiene que derrocar el gobierno. No puede
existir ninguna restricción al proceso constitucional. Desde su inicio, en la
elección de los futuros diputados constituyentes hasta la firma de la nueva
constitución.
Democrática significa que todos pueden participar. Ninguna restricción a
los partidos y organizaciones que en las luchas derrocaron a al-Bashir. Libertad
para todos los partidos políticos, derecho a candidaturas independientes,
derecho de voto a analfabetos, soldados y migrantes.
Soberana significa que sus decisiones no podrán ser cuestionadas por ningún
órgano del Estado capitalista, atrasado y dependiente sudanés.
Tres tareas que tienen que estar en la cabeza de cada luchador
Todo aquel que está en las calles,
en los sindicatos, en las organizaciones de resistencia debe tener tres grandes
objetivos:
a) Ningún acuerdo, ningún
compromiso, ninguna asociación con los criminales. Abajo el gobierno;
b) Convocar una Asamblea
Constituyente libre, democrática y soberana;
c) Avanzar en la construcción de un
gobierno de los trabajadores y del pueblo pobre.
Notas:
[3] Artículo original en inglés, traducido en: https://litci.org/es/sudan-la-revolucion-la-encrucijada/ , 22/6/2019.