Ha pasado más de un mes desde que a Mohamed Said Badaoui, vecino de Reus, le llegara la comunicación del Ministerio de Interior que puso su vida patas arriba. Tras más de 30 años residiendo en Catalunya, la orden de expulsión que le llegó a Badaoui, establecido en Reus, casado con una ciudadana española y con tres hijos nacidos en el país, supone “un castigo tanto emocional como mentalmente”, desarrolla el propio Badaoui en conversación con El Salto.
Respaldado por colectivos contra
la islamofobia, por el tejido asociativo local, así como por el PSC, ERC
y Junts de Reus, junto a los grupos de En Comú Podem, ERC, la CUP y
Junts en la Generalitat, Badaoui, presidente de la Asociación para la
Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana (Adedcom), acusa
tantas semanas de incertidumbre: “Está siendo una situación muy
agobiante porque no sabes cómo va a acabar esto. Estás con la angustia
de no saber qué es lo que te depara el futuro. Si te van a expulsar, si
no te van a expulsar, si vas a poder seguir aquí después de tantos
años”.
Y es que, llegado a Catalunya con solo 10 años, Badaoui
solicitó finalmente la nacionalidad española hace dos años. La respuesta
fue negativa. La razón: Badaoui estaría radicalizado. No conforme con
ese veredicto el activista —implicado en la lucha contra la islamofobia e
inserto en el mundo asociativo de su ciudad— pide explicaciones. A la
administración no le gusta este cuestionamiento. Badaoui, que contaba
con residencia definitiva ve revocado su permiso: una orden de expulsión
le insta a abandonar el país en el que ha vivido por décadas. “Hemos
empezado un proceso contencioso administrativo en Fiscalía en Madrid
pidiendo que aporten pruebas de que soy una persona radicalizada,
entonces ellos en vez de venir con las pruebas que les ha pedido el
juez, pues me vienen con la vía de la orden de expulsión, usando la Ley
de Extranjería”. Como Badaoui, Amarouch Azbir, presidente de Al-Forkan,
una asociación cultural islámica sin ánimo de lucro de Vilanova i la
Geltrú pidió explicaciones ante la denegación de su nacionalidad con el
mismo argumento: su presunta radicalización. Él también ha recibido una
orden de expulsión.
El grupo de apoyo a Mohamed Said Badaoui presentaba ayer 1.200 firmas
exigiendo a Interior que detenga la expulsión de Badaoui en lo que
consideran un caso de “islamofobia institucional”. Badaoui no es la
única persona a la que se ha negado la nacionalidad en base a lo que el
Estado español considera radicalización, explica Salma Amazian,
integrante del grupo de apoyo, coautora del libro La radicalización del racismo: islamofobia de estado y prevención antiterrorista.
“No tenemos los datos de cuántas personas han pasado por esto porque
rara vez se denuncia. Generalmente lo que hacen es reproducir el
paradigma securitario que relaciona el islam con criminalidad y
terrorismo”.
En el caso de Badaoui, explica la activista,
para Interior la creación de Adedcom es interpretada como un intento de
radicalizar a los jóvenes musulmanes, una afirmación que no llegan a
explicar o fundamentar, ni responden a las alegaciones presentadas por
el abogado del afectado. “En todos los casos que hemos conocido es
igual: el cuerpo policial de turno interpreta cualquier actitud y
posicionamiento de la persona desde la óptica criminalizadora y
cualquier cosa les sirve para confirmar que esa persona está
‘radicalizada’”.
El informe que sustenta la carta de expulsión de Badaoui
desgrana cuáles serían las razones por las que el Ministerio dictamina
su expulsión del país: “dice que soy muy activo en redes sociales, tengo
muchos contactos a nivel político, o sea, tanto provincial, como
autonómico, como estatal. También alegan que tengo pretensiones
políticas y que he injerido en la política estatal”, explica Badaoui,
transmitiendo una vez más su desconcierto ante el hecho de que se acuse
de injerencia política a alguien que ni siquiera tiene derecho a voto.
Considera que si no fuera musulmán o de origen migrante, no habría
sufrido lo que califica como persecución. “Hay muchas personas que
estarían en el mismo perfil que yo, son activas en redes sociales,
tienen un abanico muy amplio de redes en el mundo de la política, han
hecho activismo, han denunciado vulneraciones de derechos. Pero en mi
caso, como soy musulmán y soy inmigrante, se me puede perseguir y se me
puede expulsar del país”.
Para Amazian, el caso de Badaoui se
inserta en un “entramado de islamofobia institucional vinculado a la
cuestión de la prevención de la radicalización y el antiterrorismo” que
incluye “leyes y marcos institucionales, las prácticas de la Audiencia
Nacional, de los cuerpos de seguridad y sus planes de vigilancia y
seguimiento o los protocolos y programas que desde el ámbito autonómico o
local se han creado para que agentes sociales y políticos como
servicios sociales, los profesores o los funcionarios de cárceles,
detecten radicalización”. Un entramado, denuncia, que se nutre de y al
mismo tiempo reproduce una marco estructural de islamofobia, que es
construido alimentado por los medios de comunicación pero también a
través de los imaginarios que reproduce la industria cultural. Así,
quienes deciden quién está radicalizado y tienen el poder de actuar en
consecuencia, están insertos en un sentido común pleno de “prejuicios
racistas hacia la población musulmana y muy especialmente hacia los
hombres musulmanes”.
Mientras el ministerio de interior
apunta a la “peligrosidad” de Badaoui a partir de sus publicaciones en
las redes sociales, o de sus intervenciones en los medios de
comunicación, quienes le defienden son colectivos y organizaciones
cercanas al activista, que contestan desde ahí las acusaciones vertidas
contra él. “Quienes forman la administración local, o las personas de un
tejido asociativo muy amplio que me conoce, dicen que he colaborado en
la convivencia, en tejer puentes entre las diferentes comunidades, en
ayudar y mediar. Es desde la distancia que me acusan de lo contrario que
dice la gente que me conoce porque trabajamos codo a codo diariamente”,
una contradicción que para Badaoui denota el carácter persecutorio de
las acciones de Interior.
Ahmed Nasser El Alaoui es integrante de
Joventut Multicultural Musulmana. Manifiesta en conversación con el
Salto cierto temor a que, como en el caso de Badaoui, sus afirmaciones
puedan ser tergiversadas y usadas contra él. Para El Alaoui, la orden de
expulsión contra Badaoui es un claro ejemplo de cómo el “relato
islamófobo, a través de la construccion de un enemigo tanto en el
imaginario social, como en el argumentario político, influye en las
politicas de estado y en las politicas de seguridad”.
Señalar la
participación política, el activismo de una persona como algo
problemático, da cuenta, para el periodista Youssef Ouled, de una de las
asunciones que conlleva la islamofobia y que es reproducida por los
medios: “No somos considerados sujetos políticos, sino amenazas. Existen
además lugares comunes a los que los medios, de forma inconsciente o
no, recurren a la hora de hablar de nosotros y tiene que ver con el uso
indiscriminado y errado de conceptos que acaban por estigmatizarnos y
señalarnos. Esta es una tendencia informativa en toda Europa que impide
toda empatía social posible”.
Amizian
pone un ejemplo de esta tergiversación de términos, y apunta a cómo
este discurso confuso viaja de los medios y las redes de la extrema
derecha a la institución, incluyéndose en las acusaciones que Interior
hace contra Badaoui. “Utilizan el término salafismo con ambigüedad y sin
una fundamentación y saben que el uso de esa nomenclatura coloca la
sospecha sobre cualquier musulmán por el desconocimiento general
favorecido por, precisamente, los discursos de extrema derecha a nivel
internacional”. La acusación de salafismo, sin explicar qué es ser
salafista, y en qué fundamentan la afirmación de que Mohamed sea
salafista, o de qué manera constituye un peligro para la seguridad
nacional, bastan a Interior para expulsar a una persona que lleva toda
su vida en el país. “Parece como si el activismo de Mohamed Said es lo
que lo convierte en un peligro. Y la pregunta es para quién. Y cuántas
de nosotras lo somos según esta óptica”.
Desde espacios como el
Observatorio de la Islamofobia se ha constatado como la información que
se publica relativa a personas musulmanes suele estar relacionada con
cuestiones negativas como el crimen, la amenaza terrorista o los
problemas de integración. Ouled considera que, junto a esta construcción
de discurso negativo, los medios suelen dar credibilidad a la versión
policial. “Lo hemos visto con personas que han sido señaladas,
investigadas e incluso encarceladas por supuestas actitudes de
‘radicalización’ de las que los medios se han dado eco a bombo y
platillo, pero que luego han quedado absueltas por falta de pruebas sin
que ningún medio diera la noticia de esto último”. No solo quienes han
sido acusados en los medios sin pruebas sufren las consecuencias de la
islamofobia: el daño es colectivo: “la comunidad musulmana es sometida a
un juicio mediático, social y político cada vez que una persona
musulmana es etiquetada como sospechosa y/o peligrosa”.
Vox y el precedente francés
El partido
de ultraderecha ha señalado a Badaoui insistiendo en la peligrosidad del
activista en su marco discursivo donde la migración y sobre todo, la
comunidad musulmana supone una amenaza. “Ha habido un claro linchamiento
tanto en redes como en medios contra Badaoui. Lo hemos podido ver antes
y después de que saliese la noticia. Los constantes ataques de Vox
contra Mohamed y los musulmanes, hablando de un problema de integración,
es algo que venimos viendo en Francia desde hace muchos años, la misma
deriva ha llegado al contexto español”, explica Al Alaoui en referencia
al país vecino. El joven activista ve también un paralelismo claro
entre la prohibición del Collectif contre l’islamophobie en France y la
criminalización de la organización creada por Badaoui. “Ambas son
entidades que defienden los derechos de las personas musulmanas”. Insta a
tomar conciencia de la gravedad de que “ hacer activismo y defender
derechos fundamentales se criminalice y se persiga”, y considera que
esta deriva ha de ser enfrentada por toda la izquierda, no solo por los
colectivos contra la islamofobia.
En el mismo sentido, Amazian echa en falta una mayor implicación de quienes no se ven afectados directamente. “Tenemos claro lo que se juega en este tipo de casos y estamos también cansadas de que no se haga al menos el suficiente ruido, de que el tema de la islamofobia esté totalmente ausente en los análisis sobre la extrema derecha internacional y los procesos de autoritarismo”.Mientras señalan el marco general que posibilita que un vecino de Reus pueda ser detenido en cualquier momento, alejado de su familia y de su entorno en base a difusas acusaciones de “radicalización”, el grupo de apoyo apunta a que seguirá realizando acciones para denunciar la situación de Badauoi, quien por ahora ha sido expulsado de la normalidad y aguarda noticias desde la incertidumbre: “No sabemos nada, no nos han contestado al segundo escrito de alegaciones. Se están vulnerando mis derechos, estoy perseguido, no puedo estar tranquilo porque no sé en qué momento puede aparecer la Policía Nacional, detenerme y expulsarme del país. Yo no puedo vivir con esta inquietud durante mucho más tiempo”.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/islamofobia/caso-badaoui-islamofobia-destierro