Para avanzar, los gobiernos nacionales, democráticos y populares
necesitaron recurrir siempre a reformas institucionales de fondo. Es
imposible la construcción de una institucionalidad permanente que
constituya una formalidad en la que puedan habitar esos proyectos con
otros neoliberales. Una Corte Suprema construida para defender el poder
del establishment no podrá ser nunca funcional a dirigir la
administración de justicia de un poder democrático. Una legislación
financiera neoliberal es contradictoria con una política de desarrollo e
independencia económica. Una ley de Inversiones extranjeras que no
suponga una regulación estricta de su destino y una diferenciación
respecto de los deberes y derechos con respecto a las empresas
nacionales inmaduras sólo servirá a la dependencia del país.
La construcción de una institucionalidad diferente importa un grado
de confrontación de los sectores populares con el poder político y
económico concentrado. En un texto citado abajo (DT 37 del CEFID-AR) se
explicita respecto de los cambios de leyes que rigen al sistema
financiero, que las reformas nunca se dieron de forma espontánea y
menos, todavía, de manera armoniosa. Fueron fruto de fuertes embates
políticos entre sectores que propulsaban proyectos antagónicos: “Los
años en que fueron llevadas a cabo las reformas no fueron casuales, sino
que marcaron la vida política de la Nación”.
Los cambios institucionales no son ajenos a las condiciones de
inserción de la Nación en las relaciones internacionales. No es la misma
mirada que tuvo el peronismo respecto al FMI que la sostenida por los
gobiernos dictatoriales que se desplegaron con posterioridad.
Es que el liberalismo y la democracia son términos contradictorios. Ronald Burtenshaw sostiene
que “la derecha se autoproclama campeona de la libertad, pero cuando
analizamos su historia nos damos cuenta de que siempre tuvo otra
prioridad: la defensa de la propiedad y de los propietarios… En el mismo
sentido, la derecha defiende el orden, pero estuvo dispuesta a quebrar
constituciones cada vez que un gobierno electo puso en cuestión las
relaciones de propiedad”. Burtenshaw luego se refiere a los libertarios
citando a Von Mises y a Von Hayek, “Comprender la esencia propietaria
de la derecha es fundamental porque sirve para desmitificar una
tradición que suele presentársenos de una manera completamente distinta.
Por ejemplo, ¿cómo puede ser que el liberalismo libertario y el
fascismo compartan un linaje común? Y no es una tesis polémica. En Liberalismo,
libro de 1927, Ludwig von Mises, uno de los padres de la escuela
austriaca, escribió que los fascistas estaban «colmados de buenas
intenciones» y que el fascismo era un «parche de emergencia», necesario
para proteger la civilización europea de la amenaza del socialismo. Y no
es una excepción: Friedrich Hayek defendió a Pinochet y a Salazar
diciendo que estaban a la cabeza de «gobiernos autoritarios bajo los
cuales la libertad personal está más segura que bajo las democracias», y
los Chicago Boys de Milton Friedman trazaron la hoja de ruta económica
de la gestión de Pinochet. La cuestión de los derechos de propiedad
sobre los medios de producción constituye una cuestión central del
debate y la disputa actual.
La Argentina vive desde hace siete años una ofensiva de despojo de
los ingresos de los trabajadores por parte de los propietarios de los
medios de producción. Los salarios del sector formal privado han caído
un 16,9%, los del sector formal público un 22,5% y los informales un
32,5% entre el primer semestre del año 2016 y el segundo semestre del
2022, según datos del CEPA. ¿Es el resultado del devenir natural? No. Es
la consecuencia del embate del bloque de poder económico concentrado
cuando una Alianza política, cautiva defensora de sus intereses, asumió
el gobierno. Una vez que el desastre que ocasionó arrojó fuera del poder
a Cambiemos, la estrategia consensualista del Frente de Todos fracasó
en revertir los daños ocasionados por el gobierno de derecha. Las
políticas de redistribución de ingreso requieren poner un límite a los
derechos de propiedad e implican construir un poder político que sea
capaz de subir los salarios por encima de los precios, de recomponer el
nivel real de las jubilaciones y otras asignaciones sociales. La
política de direccionar el crédito y las inversiones externas importan
la definición estatal sobre el destino de flujos de fondos privados. Sin
esto no hay desarrollo, podrá haber crecimiento sin desarrollo, sobre
todo de las ganancias empresarias.
El conflicto distributivo y el conflicto sobre el alcance de los
derechos de propiedad sobre medios productivos (muy diferente al de la
propiedad personal), no es transhistórico sino que pertenece a una etapa
de la historia de la humanidad. Es un desafío de un movimiento popular
abrirse paso para poder superar la institucionalidad que el único gran
relato que hoy hegemoniza el diseño de la construcción social quiere
establecer como normalidad: el relato capitalista-neoliberal, que en su
versión cruda asume la forma del liberalismo libertario.
Cuarenta y seis años y ella sigue vivita y coleando
En la semana que empieza se cumplirán cuarenta y seis años de la
sanción de la Ley de Entidades Financieras. La 21.526 fue el cambio
institucional axial para la construcción del patrón de valorización
financiera que reemplazaría al de industrialización por sustitución de
importaciones, interrumpido por el régimen terrorista de Estado. Unas
cuantas cosas han cambiado desde la vuelta a la normalidad
institucional, y distintas políticas se han aplicado, pero esa Ley –aún
con modificaciones— permanece como pilar fundamental de la organización
económica nacional. Un paso trascendental para la consolidación de un
régimen productivo diferente será la derogación de la Ley 21.526 y su
reemplazo por otro cuerpo legal que diseñe un sistema financiero para el
desarrollo, ya que aquélla fue el botón de comando de la
financiarización de la economía argentina.
Una cuestión clave del dispositivo legal creado por Martínez de Hoz,
superministro de la última dictadura, fue la liberalización de las tasas
de interés, que significó su desregulación por parte del Banco Central.
Esa decisión fue parte de la implantación del neoliberalismo en
Argentina. Porque como se afirma en La regulación de la banca en Argentina 1810-2010
(Guillermo Wierzba y Rodrigo López, dt 37 del CEFID-AR), “el
liberalismo plantea que las tasas de interés tienen que estar
liberalizadas para que pueda funcionar el mecanismo de información del
mercado para la asignación eficiente de recursos”. En cambio otras
corrientes propusieron la intervención en la determinación del costo al
que las empresas pueden acceder a los préstamos. El texto citado glosa a
Keynes, quien sostenía una conclusión inversa, pues destacaba que el
equilibrio que se alcance entre el ahorro y la inversión responderá a
fuerzas ajenas a la tasa de interés y priorizaba el actuar decidido
sobre la tasa de interés para lograr objetivos de política económica,
como el de pleno empleo. En cambio, en un mercado de tasas
liberalizadas, las empresas tendrán crédito si su tasa de beneficio
esperada es compatible con el tipo de interés al que lo ofrecen los
bancos. En un mercado liberalizado los bancos no tienen incentivos para
prestar a actividades que se supondrían claves para el desarrollo, su
única señal para prestar es el lucro. En “libertad” las tasas de interés
adoptan un nivel alto, sólo las pueden pagar firmas de los sectores
maduros y empresas con poder de mercado. Así la inversión no es
financiada, menos aún los nuevos proyectos y las pymes deben recurrir al
autofinanciamiento. La actividad de los bancos se complementa con
créditos pequeños de corto plazo para el consumo.
El “otro mecanismo nocivo de la liberalización de la tasa de interés
se relaciona con el endeudamiento externo”, decimos con López. Pues la
liberalización financiera, lejos de igualar la tasa de interés con el
nivel internacional, la ha incrementado.
Así el espíritu liberalizador de las tasas de interés debe ser
quitado como base de la organización financiera y la Ley 21.526
sustituida. Por lo que contiene y por el carácter simbólico de
representar un bastión de la dictadura. De manera recurrente las altas
tasas de interés de las finanzas liberales han generado la especulación
con tasas altas de fondos externos que luego vuelan en corrida hacia
afuera para resguardar las grandes ganancias conseguidas. Así consumen
las divisas de las reservas.
La regulación de las tasas de interés debe retornar como uno de los
instrumentos para el desarrollo del país. La centralidad de la nueva ley
de bancos o de entidades financieras debe ser el direccionamiento del
crédito, la regulación de las tasas de interés, la construcción de un
sistema de banca especializada, y un despliegue de la banca pública como
centro del sistema financiero.
Citábamos a Arturo Jauretche en el epígrafe del documento: “El que
maneja el crédito y lo orienta maneja al país con mucha más eficacia que
el gobierno. El que maneja el crédito maneja más la moneda que el que
la emite. El que maneja el crédito estimula determinadas formas de
producción y debilita otras… El que maneja el crédito decide qué se
produce en el país y qué no…”
Las respuestas de Sergio Massa
En las respuestas del Ministro de Economía a Horacio Verbitsky en la entrevista publicada por El Cohete a la Luna,
Massa no dio una respuesta de fondo respecto de la Ley 21.526. Se
refirió en cambio a la generación de instrumentos de ahorro ajustados
por precios de commodities, a dar mejor institucionalidad a
actores asociativos, y a comenzar una búsqueda en el Banco Central de
alternativas productivas con los fondos de las Leliqs. A 40 años del fin
de la dictadura militar, los gobiernos democráticos no han embestido
contra el emblema de su política económica, cuya vigencia permite la
reinstalación por etapas de las lógicas de valorización financiera y
fuga de capitales.
El Ministro de Economía negó que el dólar soja, que en la práctica
quita las retenciones a ese producto, haya sido una imposición del poder
económico concentrado del agro, sino que la defendió como una política
decidida con autonomía por parte del gobierno nacional. La Resolución
125 tuvo la intención de desconcentrar la renta agraria, el dólar soja
cumple un rol inverso. La primera implicó la decisión de una
confrontación, la segunda la de una concesión. Una cuestión podría ser
la muy opinable evaluación de una necesidad de urgencia de divisas, otra
muy distinta es la reivindicación de desandar los caminos emprendidos
en otras épocas memorables.
Respecto de la distribución del ingreso, reconoció la necesidad de
actuar pero no clarificó cómo. La apuesta a la caída de la inflación
para que los aumentos del salario nominal de las paritarias impacte
mejor en la recuperación salarial no parece convincente. Esta inflación
es justamente la decisión del gran empresariado de recomponer sus
ganancias, una estabilización con recuperación salarial también requiere
del conflicto, mientras el Ministro apuesta todo a la negociación, la
administración de conflictos y el encuentro de puntos de equilibrio.
Recuperar el fifty- fifty logrado durante la década ganada no
está en su discurso. Por otra parte incorporó a la cuestión distributiva
la vocación por medidas que permitan un mayor uso del crédito, esto
merece una advertencia: la crisis de 2008/9 se originó en la
compensación de la caída del salario real por el acceso al crédito de
los asalariados. La caída de la demanda por el descenso del poder
adquisitivo de los salarios fue compensada por créditos en el
capitalismo del centro y se constituyó en un camino a la crisis.
En relación a su confianza en pagarle al FMI con desarrollo de la
producción de gas natural y petróleo no convencional, caben reflexiones.
Es promisorio el despliegue de una nueva fuente productiva y generadora
de divisas en el país. La potencialidad que el optimismo del ministro
denota tiene fundamento. Pero el destino de pagar deudas viciadas desde
su origen con recursos naturales es una grave noticia de
reprimarización. El desarrollo de estas producciones no convencionales
se debe a la nacionalización de YPF y a decisiones del último gobierno
de Cristina Fernández, en el marco de una fase de madurez de años de
crecimiento y reindustrialización que mostraban un cuello de botella en
la producción de energía. El giro discursivo que plantea un crecimiento
de exportaciones de recursos naturales para pagarle al FMI suena muy
diferente. Por otra parte, el ritmo de efectivización de los desarrollos
energéticos debe ser el que se requiera para que la integración aguas
arriba de las industrias proveedoras y ejecutoras de la infraestructura
productiva y de transporte pueda devenir en el crecimiento potente de un
nuevo pequeño y mediano empresariado nacional que, articulado con YPF,
le dé vigencia a la hegemonía estatal en la dirección y ejecución
directa de esas producciones. Acelerar los plazos a las necesidades de
ingreso de divisas para pagarle al FMI, sobre la base de rápidas
inversiones directas externas que cierren el camino a la integración
aguas arriba y al despliegue de un nuevo ámbito de burguesía nacional
integrada con el Estado en objetivos comunes, no sólo es una renuncia a
la diversificación productiva, sino al despliegue de sujetos que
potencialmente se sumarían a un proyecto de independencia nacional.
De los sujetos
Como reflexión final merece ser discutida la centralidad de la lucha contra la proscripción urdida contra Cristina Fernández. Porque la lideresa no es perseguida por cuestiones personales, sino porque referencia la capacidad de conflicto, la potencialidad de la embestida necesaria para los cambios institucionales impostergables para avanzar en la democratización de la sociedad. Para parar la concentración de ingresos y propiedades en una minoría oligárquica. Asumir como una imposibilidad la detención de la proscripción es aceptar una “democracia” liberal, donde el Poder Judicial opere como contrapoder, en la que los gobiernos deban sentarse en una mesa con el poder económico real, aceptando un co-gobierno y, peor aún, en condiciones de desigualdad. El deseo máximo de la embajada norteamericana, el poder financiero y la oligarquía del poder económico local es el retorno del transformismo de las primeras décadas de la reinstitucionalización posdictatorial, dos fuerzas electorales para administrar un liberalismo neo “a la argentina”. Sostener una resistencia a este plan implica la construcción de una subjetividad, lo que requiere de medidas inmediatas y de un programa como el presentado en la movilización por la conmemoración del 17 de octubre, para reconquistar el alma popular para la lucha política.
Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/transformaciones-e-instituciones/