Tras unos días de frenético debate a raíz de la reforma planteada por el PSOE a la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, cuesta entender, o más bien aceptar, que el foco de preocupación sobre la violencia sexual y las políticas públicas que se tendrían que aplicar haya pasado al Código Penal y al aumento de las penas a los agresores en vez de ser las mujeres y sus derechos.
