También, obviamente, del Partido Verde Ecologista, PVEM, a la sazón apéndice priista y hoy parte del bloque oficialista “Cuarta Transformación”. En su momento, el gobierno peñista logró el respaldo legislativo a 11 iniciativas de modificación constitucional y legal que establecieron, en más de un sentido, nuevas condiciones a la acumulación del capital y a la vida pública de la nación.
Promovidas y aprobadas en el marco del “pacto por México”
firmado en diciembre de 2012, fueron la reforma hacendaria, la de
competencia económica, la de telecomunicaciones, la laboral que
flexibilizó el empleo, la de amparo, la política-electoral, la de
transparencia, la e procedimientos penales, la financiera, la fiscal,
la de competencia económica y, desde luego la llamada “educativa”,
en realidad laboral para el magisterio, y la energética que abrió
ese campo de inversión a la iniciativa privada.
En su gran mayoría, esas reformas peñanietistas se mantienen
vigentes. Sólo la educativa, gracias a la constante movilización de
los maestros de la CNTE en varios Estados del país y en la capital,
fue parcialmente revertida. Hoy no pone en riesgo, como lo hacía la
reforma del sexenio anterior, la permanencia de los docentes en su
fuente de trabajo, pero se conserva el proceso de evaluación que no
se aplica a ningún otro segmento de los trabajadores del sector
público. Las reformas laborales del actual sexenio han modificado
las del anterior, regulando la terciarización del trabajo o out
surcing, sin eliminarlo de manera completa. La reforma energética
quiso ser también parcialmente modificada con la iniciativa
presidencial de López Obrador para el sector eléctrico, que, como
es de todos conocidos, fue frenada en el Congreso por las bancadas de
la oposición, al no tener el oficialismo la mayoría calificada
necesaria para hacer cambios a la Constitución.
Recordando lo que ocurrió hace diez años, el movimiento
lopezobradorista, ya escindido el PRD pero aún no reconocido como
partido, ofreció una débil oposición a las reformas de Peña
Nieto. El dirigente ex perredista dio indicaciones de reservar sus
fuerzas para cuando se fuera a presentar la iniciativa de reforma
energética; pero cuando eso ocurrió, Andrés Manuel sufrió un
infarto cardiaco que lo tuvo imposibilitado para encabezar las
protestas. Su hijo mayor y otras personas del movimiento no tuvieron
la convocatoria que se esperaba para oponerse a la mayor y más
lesiva de las reformas de Peña Nieto. El PRD y Cuauhtémoc Cárdenas,
que se manifestaron por su lado, tampoco lograron una movilización
importante contra la entrega de los recursos petroleros y de
generación eléctrica a la iniciativa privada, incluso extranjera.
Esas reformas constitucionales fueron complementadas en 2018, con la
firma del nuevo tratado comercial con los Estados Unidos y Canadá,
ahora llamado TMEC, que fue avalado por el ya presidente electo
Andrés Manuel López Obrador.
En su libro 2018 la salida —publicado en 2017—, un
virtual programa de gobierno publicado antes de la elección de ese
año, el hoy presidente de la República ofrecía: “En lo
específico, expongo la postura que mantendremos en cuanto a las
llamadas reformas estructurales (laboral, educativa, fiscal,
energética, entre otras). admito de entrada que soy partidario de
revertirlas; tengo suficientes razones para sostener que no
benefician al pueblo sino que lo perjudican: Pero no responderemos a
una imposición con otra imposición; en cambio se consultará a la
gente si tales reformas se mantienen o se cancelan y, lo más
importante, se garantizará la libre expresión ciudadana y se
respetará la decisión de la mayoría”.
Y ya entrado el gobierno cuatroteísta, en su publicación Hacia
una economía moral, López Obrador planteaba en relación con la
reforma energética de Peña: “Es tan grave el daño causado al
sector energético nacional durante el neoliberalismo que no sólo
somos el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo, sino
que, cuando llegamos al Gobierno, se estaba comprando petróleo crudo
ara abastecer las únicas seis refinerías que a duras penas
sobrevivieron”.
A la fecha, la ofrecida consulta no se ha realizado, aunque, como se
dijo más arriba, se han hecho una reforma laboral y se intentó
modificar el marco constitucional de la electricidad. También se han
invertido recursos en la refinería Dos Bocas en Tabasco y en la
compra de la de Deer Park en Texas con vistas a lograr la
autosuficiencia en gasolinas.
En realidad, el momento para hacer cualquier reforma que revirtiera
las de Peña Nieto era el primer trienio del gobierno de López
Obrador, cuando la coalición gobernante tenía mayoría en ambas
cámaras del Legislativo y más fuerza popular-electoral. La elección
federal de 2021 modificó sustancialmente esa situación e hizo
virtualmente imposible cualquier cambio constitucional a favor de la
llamada Cuarta Transformación que no fuera pactado con las bancadas
de oposición. La última reforma constitucional que pudo sacar
adelante el gobernante tabasqueño fue la que amplió la permanencia
de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, y
no se ve que ninguna otra pueda ser acordada con las oposiciones en
lo que resta de este sexenio.
Las reformas de Peña Nieto, en su mayoría no revertidas ni anuladas, representaron una verdadera transformación para el país. Sobre todo, la energética, que no pudieron realizar sus antecesores Vicente Fox y Felipe Calderón porque no tenían la mayoría calificada en el Legislativo y porque el PRI establecía en sus estatutos la defensa el sector energético nacionalizado. No quiso el tricolor dar al panismo el cambio constitucional hasta que recuperó, con Peña, el mando de los poderes federales. Pero la proclamada Cuarta Transformación no ha logrado, o no se propuso, alterar de fondo el orden legal establecido por el peñanietismo con sus reformas estructurales. Vivimos, pues, mayormente, en al país diseñado por el priismo gobernante hace una década, con el apoyo legislativo del PAN y el PRD.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH