La posesión de la tierra y la renta [1] es para pocos: la fundación OXFAM [2] afirma que en toda América Latina el 1% de los propietarios posee el 50% de las tierras. Con ello demuestra cómo la matriz productiva y distributiva de las colonias sobrevive y persiste más de 200 años después, tornando en realidad el presagio de Simón Bolívar antes de morir en Santa Marta por la tuberculosis y perseguido por los apropiadores de la tierra: “Hemos arado en el mar”.
En nuestro país, tras la llamada “Campaña del Desierto”, el gobierno
del general Julio A Roca decidió en 1885 otorgar a 538 estancieros
18.668.000 hectáreas. Los principales beneficiarios fueron los miembros
de la Sociedad Rural Argentina (presidida por Martínez de Hoz), entre
ellos las familias Anchorena, Álzaga, Alvear, Azcuénaga, Bosch, Castro,
Díaz Vélez, Eguía, Echeverría, Escalada, Ezcurra, Gallardo, Garrahan,
Irigoyen, Lacarra, Larreta, Lynch, Miguens, Obarrio, Ocampo, Ortiz
Basualdo, Otamendi y Sáenz Valiente. Roca se apropió de 15.000 hectáreas
(de allí que a su estancia la denominó “La Larga”) por la misión de
desterrar a los indios de sus posesiones.
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, creado por ley 26.737
del año 2011, el 0,89% de los propietarios poseen el 33,89% de la
superficie, con una extensión promedio de 22.000 hectáreas, en tanto el
otro 99,11% de los dueños se reparte el 66,11% restante.
El Registro afirma que 26 millones de las 266.707.361 hectáreas de tierras rurales que dispone el país está en poder de 1.200 titulares, de las cuales 11,79 millones corresponden a firmas extranjeras y, de ellas, 1,87 millones (65 veces la ciudad de Buenos Aires) son propiedad de firmas con domicilio en guaridas fiscales [3].
Nota: En hectáreas. Fuente: Registro Nacional de Tierras Rurales.
Basta como ejemplo el ciudadano inglés Joseph Lewis, cuya fortuna según la revista Forbes se
estima en 5.300 millones de dólares, es una de las más grandes de Gran
Bretaña y lo ubica entre las 300 personas más adineradas del mundo. En
la Argentina, además de contar con 38.000 hectáreas y utilizar como
propio el Lago Escondido, Lewis es socio en Pampa Energía SA de
BlackRock y del grupo Mindlin, muestra de su poder económico, que tiene
la correspondiente influencia política. Antes de asumir en 2015 como
intendente de El Bolsón, en Río Negro, Bruno Pogliano era el contador de
Ladera SA, que preside el cuñado de Nicolás Van Dittmar, alter ego de
Lewis. La actual gobernadora Arabela Carreras, oriunda de Bariloche,
autorizó en septiembre 2021 a Ladera SA a lotear y urbanizar el cerro
Perito Moreno, un área de alta montaña protegida por la ley de bosque
nativo.
Y así sucesivamente influyen los grandes propietarios de la tierra de
nuestro país y sus socios, ya no España o Inglaterra sino las grandes
acopiadoras y comercializadoras de granos y carnes que operan en la
Argentina con puertos y embarcación propias y/o controladas por ellos,
donde el Estado (nacional, provincial, municipal) no se mete porque
tiene prohibido el ingreso.
ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus (LDC), Glencore (Viterra, ex
Oleaginosa Moreno), COFCO, Aceitera General Deheza, ACA y Molinos Agro
(Pérez Companc) realizan el 80% de las exportaciones de granos y sus
derivados, donde la producción de oleaginosas y cereales representan los
dos rubros más significativos del comercio exterior en la Argentina.
Durante el quinquenio 2017-2021 las exportaciones de los sectores
oleaginosos y cerealeros representaron el 46,2% de las ventas totales al
exterior, casi 30.000 millones de dólares anuales, pero en 2022 –según
informa CIARA-CEC– sumaron 40.438 millones de dólares y también se
acrecentaron el resto de las ventas externas (esencialmente
hidrocarburos, minería y automóviles, conformando el record de un total
de exportación de 88.466 millones de dólares), por lo que significa el
46% de las exportaciones.
La Argentina vende cada vez más bienes primarios o a lo sumo su
manufactura, que implica una integración al mundo con menos valor
agregado (trabajo), y en las manufacturas de origen industrial (MOI) es
importante la industria automotriz, donde –en el comercio con Brasil– la
mayor parte de las piezas del vehículo se hacen en la Argentina.
Industria muy tecnificada, con cada vez menor empleo de mano de obra
directa.
En la Argentina el capital privado, muy concentrado y extranjerizado,
toma cada vez más dimensión, radicándose básicamente en la propiedad de
la tierra para fines extractivos y de producción agrícola-ganadera y en
enclaves industriales.
El modelo de desarrollo agropecuario imperante está centrado en el
monopolio del acceso a las tierras más fértiles, basado por un lado en
el desarrollo de agronegocios y pools de siembra y, por otro,
en la minería y los hidrocarburos, con fuerte dependencia de tecnología
importada y control de las exportaciones por parte de monopolios
extranjeros.
Este modelo extractivista-agropecuario multiplica la contaminación
ambiental y la degradación de las tierras, ha sido y es incapaz de
generar empleo, reproduce la inseguridad alimentaria, aumenta la
dependencia tecnológica, la concentración económica y, con ello, la
capacidad política que tiene un reducido sector empresarial para imponer
sus intereses inmediatos sobre el conjunto de la sociedad e
internacionalizar los precios de los combustibles, la energía y los
alimentos, que combinada con la presión a la suba del tipo de cambio
encarece el costo de vida, con una inflación anual que a medida que el
modelo se desarrolla supera la del año anterior.
Este modelo se presenta como lógico al sistema, pero la desmesura de las demandas de los que se benefician con este tipo de desarrollo extractivo y agropecuario, en condiciones en que la pobreza aqueja a más de un 40% de la población, hacen que –en lugar de ser controlado por el Estado– sea el propio Poder Ejecutivo Nacional el que otorga prebendas que van desde la disminución de las retenciones (derechos de exportación), a un tipo de cambio mayor para favorecer las ventas al exterior, sin contemplar que esos mismos sectores internacionalizan sus precios en el mercado interno [4]. De allí que propicia el proyecto de ley denominado “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, que consensuó con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), para garantizarles estabilidad fiscal hasta 2025 (esto es, no aumentar la tasa de derechos de exportación a un sector fuertemente extranjerizado, con predomino de empresas transnacionales) [5].
Igual pasa con la producción y comercialización de la carne vacuna.
Es cierto que se trata de unos 220.000 productores y de 4.000 matarifes e
industriales, pero se concentran y cartelizan en el denominado
“Consorcio ABC”, conformado por los primeros 16 frigoríficos
exportadores, que concentra el 66% de las ventas externas y que además
controla las ventas por Cuota Hilton y Cuota 481 a Europa.
Se deben recordar las maniobras de subfacturación en las
exportaciones del sector, en peso y precios declarados en la
documentación por debajo de los valores vigentes en la plaza, así como
la declaración de compra de animales de menor valor a lo que realmente
se comercializan. La Secretaría de Comercio Interior en el año 2021
demostró que se realizaron operaciones con productores que no estaban
registrados, que no se declararon operaciones con productores
registrados (animales que son movilizados formalmente pero que luego no
figuran en las declaraciones) y también la utilización de facturas
apócrifas y la subfacturación de ventas (operaciones facturadas a
precios por debajo de los del mercado y/o con menores cantidades
declaradas), multando a S.A Carnes Pampeanas, Azul Natural Beef SA,
Frigorífico General Pico SA, Frigorífico Alberdi SA, On beat SRL, Panoa
SRL, Arre Beef SA, COTO centro integral de comercio SA, FRIAR SA,
Quickfood SA, Swift Argentina SA, Tutto Porkys SRL, Logros SA, Marfrig
Argentina SA, Carnes Sudamericanas SA y Black Bamboo Enterprises SA,
todos conspicuos comercializadores de carnes del país.
Todos ellos fueron beneficiados por la ley de facto 21.453/76,
titulada “Exportación: nuevas normas para productos de origen agrícola”,
sancionada el 8 de octubre de 1976, que incluso el sector denomina como
“Ley Agropecuaria”, que en su artículo 3 permite que las ventas al
exterior sean registradas mediante declaración jurada, y en el 6 que en
la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros,
contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o
beneficiaren la exportación de las mercaderías serán de aplicación los
regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible
vigentes a la fecha de cierre de cada venta.
La propiedad de la tierra y su poder económico e influencia hacen a la vez que la recaudación del impuesto inmobiliario rural (que cobran las provincias) sea cada vez menor: en 2022 fue solamente del 0,4% del PIB. La explotación de tierras rurales está exenta del Impuesto a los Bienes Personales, mientras el IVA (que es el impuesto al consumo y pagamos todos) representó el 10,5% del PIB. Estamos hablando de las tierras más fértiles del planeta, donde coexiste la concentración de la propiedad y una cada vez mayor migración del sector, que no puede ser retenida en el ámbito rural bajo las condiciones del actual modelo productivo, el nudo gordiano a dilucidar con el modelo propuesto por los dueños y señores del “campo” de cada vez menos productores, a su vez más concentrados y poderosos, y por tanto fuera del alcance de nuestras leyes y de nuestra Constitución Nacional.
Notas:
[1] David Ricardo desarrolló el concepto de renta económica y lo hizo en base al precio de los granos. La noción de renta estaba asociada a un beneficio extraordinario por encima del beneficio normal que reportaba la actividad agrícola. Esta recompensa adicional que recibían los propietarios de las tierras dedicadas a la actividad agrícola era derivada de las condiciones de la tierra y no del trabajo aplicado a su explotación, y es mayor aún en el caso argentino por disponer de las tierras más fértiles del planeta, donde más productividad hay en su zona núcleo.
[2] OXFAM es la sigla en inglés de Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre y se fundó en Gran Bretaña en1942. OXFAM Internacional fue fundada en 1995 por un grupo de organizaciones no gubernamentales independientes.
[3] Propietarios extranjeros de tierras rurales: Grupo Benetton (Italia): 900.000 hectáreas; Grupo Walbrook (Gran Bretaña): 600.000; Grupo Heilongjiang Beidahuang (China): 330.000; Minera Vale (Brasil): 160.000; Somuncura Patagonia S.A. (Francia): 155.000; Rabino Elimeir Libersohn (EEUU): 140.000; Gold Corp (Canadá): 130.000; Trillum Corporation (EEUU): 125.000; Roberto Hiriart (Chile): 100.000; Grupo Burco (Bélgica): 85.000; Ted Turner (EEUU): 56.000; Anglo Ashanti Gold (Sudáfrica): 50.000; Ashley Kent Carrithers (EEUU): 41.000; Joseph Lewis (Gran Bretaña): 38.000; Jacob Suchard (Suiza): 35.000; Inversora Roland S.A. (Suiza): 34.000; Holding Salentein (Holanda): 25.000; Andreus George (Francia): 20.000; Familia Johnston-Julie (Gran Bretaña): 20.000; etc.
[4] La botella de 1,5 litros de aceite de girasol “Cocinero” de Molinos Río de la Plata (Pérez Companc) se vende en Ámsterdam (puerto de entada de Europa) a 2,48 euros y en la Argentina a 814 pesos según el IPC del INDEC del 14 de febrero de 2023. El girasol se produce acá, se convierte en aceite, se envasa, viaja 10.000 kilómetros y nos lo venden a nosotros a un dólar de 328 pesos.
[5] Finalmente el proyecto presentado a fines de 2020 no fue tratado en el Congreso, pero se cumple a rajatabla en la práctica concreta.
Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/los-duenos-de-la-tierra/