El gobierno de Iris Xiomara Castro Sarmiento, primera mujer presidenta de Honduras, esposa del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, conocido como Mel, derrocado en 2009, ya pasó a la historia del país, tan sólo por el género de la primera mandataria. El tema es si pasará a la historia grande de su patria o si sólo se quedará en una de las páginas de los libros de historia, como una más… sin otro relieve que el de su condición de mujer.
Es
que algo pasa en el seno del oficialismo, que pocos dicen en voz
alta, pero muchos rumian en soledad o en círculos amicales de
compañeros de activismo: estamos perdiendo una oportunidad
histórica, aseguran los más realistas.
Los
cuestionamientos comenzaron a poco de iniciado el mandato. Los
puestos gubernamentales de mayor importancia, fueron ocupados sólo
en menor medida por quienes lucharon durante doce años para regresar
al poder político-institucional.
“Hay
algunos ministros y otros funcionarios, que acreditan con holgura una
historia de lucha militante, pero otros son meros oportunistas”,
según comentan en los cuadros medios del partido y en sus bases.
“Un
ministro, considerado un compañero de luchas, ha sido rodeado por
ineptos oportunistas, arribistas de última hora, y la culpa la
tiene, nada menos, que Mel”, nos dice un viejo militante, ex
liberal, que siguió a Zelaya desde el primer día de su
derrocamiento.
“Mel
es pragmático y astuto, pero carece de la inteligencia necesaria
para liderar como corresponde esta etapa del regreso al poder
formal”, nos desliza otro luchador desde el primer momento.
Observando
el desarrollo de los acontecimientos a lo largo del año, vemos que
Manuel Zelaya no ha escatimado esfuerzos para mostrar quién es el
que manda, sin decirlo explícitamente, pero con actitudes que no
dejan lugar a dudas.
En
primer lugar, apenas iniciado el mandato, se armó de una oficina en
la Casa Presidencial como coordinador del Partido Libre, algo
prohibido por la Constitución. Allí recibía a quienes necesitaban
algo de él. Además, en una oportunidad, presidió una reunión de
gabinete, sin ser miembro del gobierno. Adujo que fue una reunión
informal, pero pocos le creen.
Aún
así, el grueso de la militancia de Libre, sigue siendo fiel a su
gobierno. Rumia su bronca, pero sigue adelante, a pesar de los
desaguisados que cometen algunos altos funcionarios.
Por
otro lado, el controvertido Salvador Nasralla, primer designado
presidencial, no esperó mucho para hacer asomar su verdadera
personalidad: incoherente, egocéntrico, caprichoso, imprevisible,
casi desde el vamos, comenzó a actuar erráticamente, poniéndose en
el rol de víctima e incluso coincidiendo con las posiciones de los
cachurecos, mote con el que se conoce a los nacionalistas, los mismos
que gobernaron por doce años seguidos, mediante un escandaloso
fraude perpetrado en noviembre de 2017.
Xiomara
y sus colaboradores de confianza han debido lidiar con propios y
extraños. Y eso ha pasado una cuenta a la hora de evaluar las
promesas cumplidas y las incumplidas.
Ello
en medio de una campaña de fake news y de declaraciones de
nacionalistas, liberales y dirigentes y legisladores del Partido
Salvador de Honduras, el que se supone es parte del oficialismo.
Veamos
algunos logros, semi logros y deudas pendientes de este primer año:
El
tema energético ha sido, desde hace varias administraciones, un
problema grave que, durante la presidencia de Manuel Zelaya, a pesar
de las intenciones de cambios, no tuvo solución. Ahora, por lo
menos, hay estrategias encaminadas a la reducción de pérdidas de
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), viéndose la
intención de modificar de raíz el panorama. En noviembre de 2022,
se lanzó el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas (PNRP).
Xiomara recibió a esta empresa estatal con un 38% de pérdidas
técnicas y no técnicas. Hacia fines de 2022, las mismas habían
aumentado un par de puntos porcentuales, pero las expectativas para
este año 2023 son hacia la baja, merced al citado programa.
En mayo,
por solicitud expresa de la presidenta, el Congreso Nacional aprobó
la Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica
como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de
naturaleza económica y social. Dicha ley, permite la supervisión
estatal y la intervención de las empresas contratadas por el Estado
en el subsector eléctrico.
Basándose
en esta ley, en enero de este año, la ENEE efectuó una denuncia
ante la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (UFERCO)
del Ministerio Público, por presunta corrupción en la contratación
de la Empresa Energía Honduras (EEH). Este punto podría ser
positivo para el Estado hondureño si los operadores de justicia
accionan contra los funcionarios que firmaron ese contrato con la EEH
y contra los accionistas de esta empresa, por incumplimiento de
contrato, lo que le valió enormes ganancias a costa del Estado y de
la población.
Xiomara
Castro también prometió apoyar los derechos reproductivos de la
mujer, planteando la despenalización del aborto por tres causales y
la aprobación de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE).
La primera
promesa es difícil de cumplir, pues el aborto está expresamente
prohibido en el texto de la Constitución Política de la República.
Sería necesario un fallo de la Sala de lo Constitucional, para
anular esa prohibición o que por mayoría calificada (86 votos) del
Congreso Nacional, voten su derogación. Algo complicado de lograr,
tanto como la aprobación de las PAE, debido a la enconada oposición
de la Iglesia Católica y de los sectores evangélicos.
Estos
últimos, aunque están de capa caída por su irrestricto apoyo al
ahora extraditado ex presidente Juan Orlando Hernández, todavía
tienen fuerza suficiente y ascendencia sobre ciertos sectores de la
alta sociedad hondureña. Muchos legisladores y legisladoras
provienen de esos sectores o son fieles de algunos de esos credos.
Asimismo,
el ministro de Salud, José Manuel Matheu, del Partido Salvador de
Honduras, es un abierto militante del anti abortismo, que considera
que las PAE son abortivas y no anticonceptivas.
La
transformación de los sistemas de Educación y de Salud, estaban
entre las mayores expectativas que, sin disimulo alguno, fueron
debilitados por los tres gobiernos sucesivos del Partido Nacional.
La presidenta Castro, prometió incrementar notablemente los
presupuestos para estas dos Secretarías de Estado.
Para este
año 2023, dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, hay
aumentos en las asignaciones presupuestarias del 7% para la
Secretaría de Educación y del 8% para la Secretaría de Salud. No
es suficiente, pero es algo.
En
Educación, el problema está en que todavía no se ha cumplido con
la actualización curricular, ni con capacitaciones adecuadas del
personal docente, aunque se va lentamente en esa dirección.
En Salud,
por otra parte, no se ha cumplido con la reestructuración
hospitalaria en cuanto a provisión de insumos y medicamentos,
fundamentalmente por la cancelación del fideicomiso que administraba
esos ítems. En cuanto a la Salud Mental, un tema álgido y
necesario, todavía se espera por la creación de una Dirección ad
hoc.
Otro
sector que reclama por incumplimientos, es el de la comunidad
LGBTIQ+ cuyos líderes han expresado, en reiteradas ocasiones,
sentirse abandonados por la presidenta Xiomara. Una de las promesas
fue la potestad del individuo de cambiar de nombre en el nuevo
Documento Nacional de Identidad (DNI), como reconocimiento a la
población transgénero.
Asimismo,
desde este sector de la sociedad, se reclama el incumplimiento de las
medidas de reparación demandadas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte-IDH) por el “Caso Vicky Hernández y otras
Vs Honduras”. Hernández era una mujer transgénero asesinada en la
ciudad de San Pedro Sula, cuando regía el toque de queda decretado
por el gobierno de facto surgido del golpe de Estado de junio de
2009.
En
cuanto al medio ambiente, se prometió la eliminación de la minería
a cielo abierto y el final de la criminalización y persecución
penal a los defensores de la tierra. En febrero de 2022, la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas
declaró a Honduras como territorio libre de minería a cielo
abierto. Empero, en la realidad, nada ha cambiado. Explotaciones en
duros conflictos con las comunidades afectadas, como Guapinol,
Reitoca o Azacualpa, siguen trabajando y accionando contra los
defensores del ambiente, muchas veces con la complicidad de las
autoridades locales y de la Policía Nacional o del Ejército.
Unas
de las más sentidas promesas de campaña, fue la desmilitarización
de las fuerzas de seguridad del Estado. El régimen nacionalista de
Juan Orlando Hernández, creó cuerpos de élite policial y militar,
entre ellos la Policía Militar del Orden Público (PMOP). Todos
esos grupos siguen activos, aunque con un supuesto cambio de
objetivos y de mentalidad en el caso de la Policía, a la cual se le
pretende dar una visión comunitaria. En esa visión, la PMOP entra
en el proyecto.
Por
otro lado, la presidenta Castro decidió medidas represivas contra
el flagelo de la extorsión, con la creación del estado de
excepción que, sin embargo, no elimina de raíz la problemática
relacionada con las maras y las pandillas. Esos grupos, aseguran
analistas, tienen relación directa con ex funcionarios, con ex
legisladores y, quizás, con algunos de los actuales, pero nadie se
atreve a dar nombres, aunque indican que, mientras esa relación no
se ataque y se corte de cuajo, el problema seguirá existiendo.
Por otra
parte, ese estado de excepción ha sido fuertemente cuestionado por
los defensores de los derechos humanos, porque de entrada se
implementó en 162 barrios y colonias del Distrito Central y de San
Pedro Sula, los dos núcleos urbanos con mayor cantidad de población
del país. Esos barrios y colonias tienen los mayores índices de
pobreza, lo cual implica que, desde el mismo Estado, se criminalizó
la indigencia. La medida se amplió, desde enero de este año, a
otros 73 municipios de 17 de los 18 departamentos de Honduras. Duras
críticas surgieron, especialmente desde las organizaciones
defensoras de los DDHH, porque solamente se centra en la represión
y/o control preventivo del delito, pero no ataca sus causas.
Hay
muchos otros temas sobre los cuales se puede hablar, como la
erradicación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES),
los pactos de impunidad que han dejado en libertad a cientos de
responsables de corruptelas y otros ilícitos y la postergada
creación e instalación de la Comisión Contra la Corrupción y la
Impunidad (CICIH).
Asimismo,
la derogación de la conocida como Ley de Secretos, que blindaba las
acciones de los gobiernos cachurecos, en la práctica, no ha sido
acatada ni por el Ejecutivo ni por los demás poderes del Estado.
Veamos hacia dónde se encamina esta administración en este año, y eso nos permitirá saber si los activistas de Libre tienen razón cuando aseguran que se está perdiendo una oportunidad histórica para cambiar a Honduras.