El pasado 16 de febrero, miles de indígenas y campesinos
de origen Maya y Xinca, junto a colectivos mestizos, desde las 6 de la mañana,
ocuparon y protestaron en cerca de 20 puntos geográficos del territorio
nacional exigiendo la restitución del ejercicio de sus derechos políticos de “elegir
y ser electos como gobernantes” en un país con mayoría demográfica indígena.
Desocuparon los caminos tomados, al promediar el
mediodía, anunciando que volverán en unos días con más acciones colectivas de
protesta por el reconocimiento de su ciudadanía en un país cuyos ancestros
estuvieron desde antes de la Colonia española y, por supuesto desde antes de la
actual Colonia republicana.
¿Qué ocurrió?
En Guatemala, con más 44% de población indígena
(según censo nacional 2018), están abiertas las elecciones generales para junio
del 2023. Allí se elegirá presidente, vicepresidente, 160 diputad@s, 20 representantes
al PARLACEN y 340 alcaldes municipales y concejales.
Los pueblos originarios y campesinos de Guatemala,
al igual que en el resto de los países del Continente, en los doscientos años
de República, jamás participaron con organización política propia, ni
candidaturas propias, en ninguna elección general.
En 2016, las comunidades rurales organizadas en
resistencia, frente a los abusos de las corporaciones extranjeras en sus
territorios, articulados en el movimiento CODECA, decidieron crear su propia
organización política para participar en las elecciones, llegar a ser gobierno
y realizar “cambios estructurales en el país racista”.
En 2018, las comunidades en resistencia, lograron crear
e inscribir en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la organización política
Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP. Lo denominaron instrumento
político.
En 2019, sin tiempo y sin recursos económicos, participaron
en las elecciones generales, y ocuparon el cuarto lugar con su candidata
presidencial Thelma Cabrera, originaria maya mam. Pero, de manera asombrosa, el
TSE únicamente les permitió una diputación en el Congreso de la República.
Desde entonces, las comunidades y pueblos en resistencia
continuaron organizándose, formándose bajo su horizonte del Estado plurinacional
y el Buen Vivir, con la ilusión de ser por primera vez en la historia de
Guatemala “ciudadanos plenos” con derecho a elegir y ser electos.
Elecciones generales 2023. TSE les impide
participar con candidatura propia
Llegó el proceso electoral 2023. MLP, cumpliendo todos
los requisitos exigidos por Ley, realizó su Asamblea Nacional para ratificar
sus decisiones comunitarias, proclamó a Thelma Cabrera y a Jordán Rodas (ex
procurador de Derechos Humanos) como su binomio presidencial. Pero, para
sorpresa nacional e internacional, el TSE se niega a inscribir dicha candidatura
argumentando: “invalidez del finiquito” de Jordán Rodas.
El finiquito es un documento filtro que Contraloría
de Cuentas extiende a funcionarios públicos certificando que el portador carece
de cuentas pendientes con la Ley. Y, efectivamente, según el portal web, el finiquito
de Rodas existe, y está vigente.
MLP coloca al Estado de Guatemala entre la
Ley y las calles
Ante esta situación el MLP, decidió colocar al TSE,
y al propio Estado, entre la “Ley y las calles”. Realizan todos los procedimientos
de amparos legales ante tribunales correspondientes, pero al mismo tiempo, las
comunidades en resistencia se autoconvocan para tomar las calles exigiendo el “reconocimiento
de la cualidad de ciudad de indígenas y campesinos”.
Ahora, el Estado de Guatemala, mediante su aparato
judicial, se encuentra en una encrucijada histórica: O anula legalmente la
cualidad de ciudadanía que en teoría había otorgado a indígenas y a campesinos del
país en 1953 (Decreto n. 900, liberación de la servidumbre indígena), o ratifica
la ciudadanía plena a indígenas y campesinos, permitiéndoles participar en las elecciones
2023, con muchas posibilidades de ser gobierno. En cualquier caso, las élites fácticas
del país se encuentran en situación difícil.
Exigen reconocimiento real de su ciudadanía
Portavoces de MLP, en reiteradas oportunidades expresaron:
“Nosotros no somos electoreros. No queremos sólo ganar elecciones, y ser
gobierno. Nosotros queremos realizar los cambios hacia un Estado plurinacional
para el Buen Vivir mediante el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional”.
Es estas palabras, y en las acciones colectivas
que realizan, lo que propugna MLP es el reconocimiento de la ciudadanía plena
para indígenas y campesinos que, en los hechos, jamás fueron reconocidos como
ciudadanos con derecho a elegir, ser electos y a ejercer función pública. El o
la indígena, en los hechos, para existir para el Estado, estaba obligado a
guatemaltizarse: dejar su idioma y hablar castellano, cambiar su apellido indígena
por uno mestizo, asumir estéticas y hábitus misticriollos…
En otras palabras, la negativa del Estado de
Guatemala, mediante el TSE (ente llamado a promover la ciudadanización universal
y democratización plena del país), y la acción ante tribunales y en las calles por
parte de comunidades y pueblos originarios en Guatemala, es un asunto mucho más
trascendente que el “simple” hecho de permitir o no la participación a indígenas
en una contienda electoral. El asunto devela la situación real de la ciudadanía
o no para las grandes mayorías del país. Y esto, a su vez, manifiesta la
condición antropológica o no de las grandes mayorías de Guatemala.
Porque si se les niega la cualidad de ciudadanía (impidiéndoles el derecho a elegir y ser electos, ejercer función pública), se les niega la cualidad humana. En la lógica occidental, sólo los humanos pueden elegir, ser electos, y ejercer función pública. No los animales, ni las plantas… Entonces, en Guatemala, las y los indígenas, ¿Son ciudadanos? ¿Son seres humanos? Ésta son algunas cuestiones de fondo.
Ollantay Itzamná. Defensor de Derechos de la Madre Tierra y Derechos Humanos desde Abya Yala.
Blog del autor: https://ollantayitzamna.com/
@JubenalQ